El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de febrero una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 4,4% para este 2025. Esto supone un aumento de 50 euros al mes para los beneficiarios, hasta alcanzar los 1.184 euros mensuales en 14 pagas -unos 700 euros más al año-.
Se trata de una medida que ha ido acompañada de varias polémicas. Por un lado, por la fiscalidad que le acompaña -por primera vez, las personas con este salario van a tener que pagar el IRPF-, pero también por los efectos negativos que podría tener para las empresas, especialmente para las más pequeñas.
“No podemos comparar de una manera generalizada a todas las empresas”
Ana Gómez Hernández es abogada laboralista desde hace más de 25 años. Socia en el despacho CECA Magán y presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) desde hace siete años, también ocupa el cargo de presidenta de la Sección de Derecho Laboral en el Colegio de la Abogacía de Madrid desde hace dos.
Infobae España conversó con la experta para analizar las principales cuestiones de actualidad laboral y conocer de primera mano su visión sobre los desafíos y cambios que enfrenta el sector. Preguntada por si existe algún riesgo real de destrucción de empleo debido a las subidas del SMI, Gómez respondía claro: "Lo cierto es que tiene un efecto rebote de incremento de los costes salariales“.
“Como siempre, no podemos comparar de una manera generalizada a todas las empresas”, comenzaba argumentando la experta laboralista, y añadía que “Hay empresas que por su tamaño y por su nivel de facturación, evidentemente pueden asumirlo sin ningún problema. Pero hay todavía muchas empresas pequeñas y autónomos para las que un incremento del salario mínimo tiene una repercusión directa y ahí es donde viene un poco la reclamación, que viene sobre todo de los sectores que representan al colectivo de las pymes”.
En este sentido, la abogada recordó que “subir el salario mínimo lo que hace es que la negociación colectiva también impulsa los salarios superiores, y todo incremento salarial se traduce luego en un incremento de las cotizaciones sociales”, algo que no todas las empresas pueden asumir de la misma manera.
Las asociaciones de autónomos, divididas por la medida
Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) afirmaron antes de que se aprobara la medida que la subida sería “inasumible para los autónomos con empleados” y concretaron que mientras que para las grandes empresas apenas se nota, “para muchos autónomos esto es inasumible”.
De la misma manera piensa Cepyme (la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), que ha calculado que el incremento del SMI en un 61% desde 2018 ha impedido la creación de 350.000 puestos de trabajo en las microempresas, aquellas con menos de diez empleados.
Sin embargo, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) discrepa. Su secretario, Eduardo Abad, afirmó el mes pasado que tanto esta medida como la reducción de jornada “ni va a significar una hecatombe ni el cierre de miles de actividades económicas”.
“Se equivocan los que pretenden asustarnos con falsas expectativas de caos y de auténtico cataclismo; tenemos récord de afiliación en la Seguridad social en este momento”, añadió justificando que “tenemos más personas trabajadoras que nunca y tenemos más autónomos que nunca”.
