
En las economías locales de Sinaloa y Jalisco, circula un flujo constante de recursos que no siempre deja rastro a simple vista. A través de empresas registradas con giros diversos —desde químicas hasta constructoras—, parte del sistema económico regional se ve atravesado por operaciones financieras conectadas al tráfico de fentanilo.
Un documento publicado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos revela que estas dos entidades concentran la mayor proporción de personas y empresas mexicanas involucradas en operaciones financieras sospechosas. El informe, titulado “Fentanyl-Related Illicit Finance: 2024 Threat Pattern and Trend Information”, se basa en 1,246 reportes de actividad sospechosa presentados por bancos y otras entidades financieras ante el gobierno estadounidense, como parte de lo establecido por la Bank Secrecy Act.
De acuerdo con ese análisis, casi el 32 por ciento de los sujetos mexicanos identificados en los reportes tenían dirección en Sinaloa o Jalisco, dos estados históricamente ligados a los principales cárteles del narcotráfico: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ambos señalados por las autoridades estadounidenses como organizaciones terroristas y redes criminales transnacionales.
Empresas fachada, pagos a China y corredores invisibles

Buena parte de las operaciones bancarias observadas se relaciona con transferencias de dinero desde empresas mexicanas hacia compañías químicas en China. Los pagos, registrados desde cuentas abiertas en Sinaloa o Jalisco, estaban dirigidos a proveedores de precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo en laboratorios clandestinos.
En muchos casos, las empresas que emitían estos pagos parecían funcionar como fachadas, sin actividad comercial clara ni vínculos visibles con la industria química. Algunas habían sido creadas poco tiempo antes de realizar las transferencias y, tras unos meses de movimiento financiero, volvían a quedar inactivas.
El informe también detalla el papel de intermediarios mexicanos que actúan como corredores de insumos. Estos operadores —identificados por los bancos como posibles “brokers químicos”— canalizan pagos fragmentados desde distintas cuentas personales, muchas veces desde pequeñas localidades, hacia un mismo destinatario en China.
En algunos reportes, se identificó un patrón repetido: personas con dirección en zonas rurales de Sinaloa enviaban dinero a la misma empresa proveedora en Asia, lo que sugiere una coordinación organizada para diluir los riesgos de detección.
Aunque el informe no cuantifica cuánto dinero queda en México, sí expone cómo Sinaloa y Jalisco cumplen un rol central en la circulación financiera del fentanilo, ya sea para pagar insumos, mover ganancias o lavar recursos obtenidos por la venta de drogas en Estados Unidos.
Estas transacciones no se limitan a grandes estructuras empresariales. Los reportes bancarios revisados también incluyen personas físicas utilizadas como prestanombres o “mulas financieras”, es decir, personas que prestan sus cuentas para mover dinero a cambio de una comisión. Las operaciones suelen incluir conceptos genéricos como “servicios” o “productos”, sin más detalles, y ocurren en ventanas cortas de tiempo antes de que las cuentas sean abandonadas.
Además de las transferencias electrónicas, los reportes señalan el uso de efectivo, pagos a través de plataformas digitales, envío de dinero por casas de cambio, y en algunos casos, el uso de empresas ubicadas en Estados Unidos como intermediarias para transferencias hacia China, cerrando el ciclo de dinero entre los tres países.
Plataformas, puertos y fronteras

Más allá de estas dos entidades, otros estados como Baja California, Sonora, Chihuahua y Ciudad de México también aparecen en los registros, aunque con menor frecuencia. Muchas de ellas coinciden con lo que autoridades mexicanas y estadounidenses llaman “plazas”, es decir, zonas estratégicas para el narcotráfico, ubicadas cerca de puertos o cruces fronterizos.
Desde esas plazas se organiza el movimiento logístico de la droga hacia Estados Unidos, así como la entrada de dinero ilícito de regreso a México. En algunos casos, el dinero se lava mediante compras de productos con alta demanda —como celulares o vapeadores— que luego se exportan a nombre de empresas mexicanas, en esquemas que también aparecen documentados en el informe.
El análisis de FinCEN, basado en los datos del sistema bancario estadounidense, muestra cómo el tráfico de fentanilo ha construido un circuito financiero paralelo que opera con empresas reales, personas comunes, intermediarios profesionales y plataformas tecnológicas. Las operaciones detectadas forman parte de un sistema que permite a los cárteles funcionar como actores económicos, mezclando dinero legal con recursos ilícitos.
Sinaloa y Jalisco, por su ubicación, estructura y peso dentro de las redes criminales, están en el centro de ese engranaje. La circulación del dinero en esas entidades no solo permite sostener la producción y el tráfico de fentanilo, sino que también inyecta recursos a escala local, genera empleos informales y alimenta actividades comerciales que, a simple vista, podrían parecer legales.
El papel de EEUU y otros países

El informe deja en claro que Estados Unidos no solo detecta las operaciones, sino que forma parte activa del circuito económico vinculado al tráfico de fentanilo. El dinero ilícito que alimenta esta red se origina mayoritariamente en territorio estadounidense, como resultado de la venta de opioides en su mercado interno, y desde allí es canalizado hacia México y Asia a través de mecanismos financieros cada vez más sofisticados.
Las instituciones financieras estadounidenses reportaron transacciones sospechosas que incluyen depósitos en efectivo, transferencias electrónicas y pagos desde cuentas personales o empresariales con destino a intermediarios en México o directamente a proveedores químicos en China.
En algunos casos, empresas constituidas en EEUU controladas por ciudadanos chinos o mexicanos, fueron utilizadas como intermediarias para realizar pagos a nombre de firmas mexicanas, o bien para encubrir el origen del dinero mediante operaciones trianguladas.
En ese esquema global, Estados Unidos funciona como origen de las ganancias ilícitas, China como fuente de los insumos, y México como articulador financiero, logístico y operativo.

Aunque México concentran buena parte de la actividad financiera sospechosa vinculada al tráfico de fentanilo, el informe también identifica a otros países que cumplen distintos roles dentro de la cadena de suministro.
Canadá aparece mencionado como punto de destino de precursores químicos y también como país desde el cual se realizan compras hacia proveedores ubicados en Asia. En algunos reportes, empresas domiciliadas en provincias como British Columbia u Ontario fueron señaladas por adquirir insumos que podrían estar relacionados con la síntesis de opioides.
La República Dominicana y Colombia, en tanto, figuran como territorios utilizados por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas para mover fondos hacia Estados Unidos. En algunos casos, los reportes incluyen transferencias realizadas por personas en estos países hacia cuentas estadounidenses vinculadas a investigaciones por distribución de narcóticos, incluidos fentanilo, cocaína y metanfetaminas.
En el caso de India, el informe menciona empresas químicas y farmacéuticas señaladas por recibir pagos sospechosos desde México o Estados Unidos. Algunas de estas compañías estaban asociadas a plataformas que también ofrecían farmacias online, lo que sugiere un canal paralelo para la venta de medicamentos falsificados con contenido de fentanilo.