El Gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó esta mañana que el estatus jurídico del exmandatario Silvano Aureoles Conejo es de prófugo, ya que no se ha cumplimentado la orden de aprehensión emitida por una jueza de la Ciudad de México a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Tenemos información en el sentido de que anda huyendo, la FGR está haciendo la investigación en varias partes del país, incluyendo Michoacán y otros estados”, señaló Ramírez Bedolla.
En conferencia de prensa, la contralora del estado, Azucena Marín Correa, ofreció detalles respecto al esquema con el que autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Finanzas compraron a sobreprecio un total de siete cuarteles policiacos por instrucción de Aureoles Conejo.
Entre 2016 y 2017 se entregaron contratos por adjudicación directa a la inmobiliaria DyF S.A. de C.V. para la renta de dichos complejos, ubicados en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Huetamo, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro.
Por conceptos de mantenimiento y modificaciones a las instalaciones, la administración de Silvano Aureoles erogó tres mil 486 millones de pesos (mdp), los cuales se comprobó que eran de procedencia ilícita.
Entre los vicios encontrados por las autoridades en este proceso, se encontró que la inmobiliaria no pudo comprobar la propiedad de los terrenos en donde se construyeron los cuarteles. Otras inconsistencias quedaron evidenciadas con la falta de proyectos ejecutivos y la realización de convenios modificatorios de mantenimiento sin evidencia de los servicios.
Según la información proporcionada por la Contraloría en años anteriores, sólo uno de los cuarteles, el de Huetamo, estaba a nombre de la inmobiliaria DyF S.A. de C.V. para la fecha en que inició su arrendamiento. Las otras seis propiedades fueron adquiridas entre agosto de 2017 y octubre de 2019, de manera posterior a la celebración de los contratos.
El 28 de septiembre de 2021, dos días antes de concluir su gobierno, Silvano Aureoles decidió comprar los cuarteles por más de mil 760 millones de pesos, por lo que la suma de este aparente esquema de corrupción asciende a más de cinco mil millones de pesos.
Ya con Ramírez Bedolla al frente del gobierno estatal, la Secretaría de Contraloría realizó una auditoría a los cuarteles en noviembre de 2021. Durante la inspección a las propiedades se constató que todas incluían al menos una recámara destinada al uso del exgobernador Silvano Aureoles. Dichos espacios estaban equipados con vidrios blindados y muebles lujosos, en comparación con las instalaciones a las que tenía acceso el personal operativo de la SSP.
El 16 de febrero de 2022, la Contraloría presentó una denuncia penal ante la FGR e inició una operación coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para esclarecer el caso.
Para junio de 2023, las fiscalías especializadas que participaron en las mesas de trabajo ya habían acumulado distintas carpetas. Posteriormente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó un escrito de denuncia por un daño de mil 52 millones 222 mil pesos al erario.
En 2024, una vez que la UIF entregó los resultados de la investigación, la FGR llamó a comparecer a un total de 31 servidores públicos de la SSP y la Contraloría en calidad de testigos en la CDMX. En febrero del mismo año, la FGR aseguró las siete propiedades donde fueron construidos los cuarteles.
Luego, en noviembre de 2024, la Secretaría de Contraloría logró la reparación del daño al patrimonio por un monto de 970 millones 976 mil pesos, entregados por la inmobiliaria.
En los más recientes hechos, la FGR judicializó la carpeta de investigación por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. En atención a ello, una jueza emitió órdenes contra distintos servidores públicos presuntamente involucrados en el entramado de corrupción.
Hasta la mañana del 3 de marzo han sido detenidos Carlos “N” (exsecretario de Finanzas), Antonio “N” (exsecretario de Seguridad Pública), Elizabeth “N” y Mario “N” (exdelegados administrativos de la SSP).
