Qué difícil es ser joven. Nuestro futuro es incierto. Sabemos que puede pasar de todo. En menos de cinco años: una pandemia, una crisis económica, una nevada que nos confinó, una DANA y ahora hasta un apagón. Somos la generación más acostumbrada a vivir hechos históricos. Y también la que ya ha aceptado que la brecha generacional, que nunca vivirán como sus padres, que no pueden normalizar comprar una casa, un coche o tener familia sin miedo a que cuando queramos quedarnos embarazadas ya no tengamos edad para ello. Y lo más importante para este artículo: somos la generación que ve como las pensiones suben cada año con la actualización del IPC mientras su salario no crece al ritmo de la vida. Y eso ahoga.
El envejecimiento de la población y sus consecuencias para las pensiones se presentan como uno de los principales retos de la economía española en las próximas décadas. En un análisis reciente de Funcas, titulado Los retos del envejecimiento poblacional para los ingresos públicos, se ha puesto de manifiesto una tendencia preocupante: mientras que las pensiones han aumentado un 35% en los últimos 20 años, los salarios, en términos reales, se han estancado a niveles similares a los de 2007, lo que ha generado un desequilibrio en el bienestar económico de las nuevas generaciones. Se trata de una conclusión que ha compartido el doctor en Economía, Juan Luis Jiménez, en su cuenta de X.
Este fenómeno, relacionado con el envejecimiento poblacional, tiene un impacto directo en la distribución de los recursos públicos y en el sistema tributario. El aumento de la población mayor de 65 años ha generado una presión creciente sobre el gasto público, y no solo en pensiones, también en la sanidad o cuidados de larga duración. Según la Comisión Europea, el dinero destinado a estas áreas podrían incrementar hasta 5,9 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) de España entre 2022 y 2050.
A lo largo de los últimos veinte años, el aumento en las pensiones contributivas ha sido necesario para contrarrestar la caída de los ingresos reales de las personas jubiladas, que, con una base de cotización más baja tras la jubilación, enfrentan un fuerte descenso en su nivel de vida. Sin embargo, el crecimiento de las pensiones no ha ido acompañado de una subida proporcional de los salarios, lo que ha generado una importante disparidad intergeneracional.
El análisis de los datos sobre la evolución de los salarios en España muestra que, a pesar del crecimiento nominal de los salarios en las dos primeras décadas del siglo XXI, su poder adquisitivo se ha visto mermado. El salario medio real se encuentra actualmente en niveles muy similares a los de hace más de 15 años, con un estancamiento significativo desde 2007. En contraste, el sistema de pensiones, adaptado a la inflación y otras variables, ha experimentado un crecimiento sostenido. Este desajuste se agrava si se observa el descenso de la participación de los salarios en el PIB, que ha mostrado una tendencia a la baja en las últimas décadas.
El envejecimiento poblacional erosiona la capacidad recaudatoria
Este fenómeno también se ve reflejado en el sistema tributario, donde el envejecimiento poblacional está erosionando la capacidad recaudatoria. Los mayores de 65 años tienden a recibir una mayor proporción de sus ingresos de rendimientos de capital, que están gravados a tipos impositivos más bajos que las rentas del trabajo. A medida que crece la población jubilada, se observa una disminución en los ingresos derivados del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), ya que la mayor parte de la población de mayor edad paga un tipo efectivo más bajo debido a la menor progresividad de las pensiones y otros ingresos pasivos. Esto, sumado a la menor contribución de los jóvenes al sistema de pensiones, plantea un desafío para el equilibrio fiscal a largo plazo.
Además, el sistema de cotizaciones sociales se ve presionado por la reducción relativa de los salarios dentro de la renta nacional. En 2022, las cotizaciones sociales representaron el 12,8% del PIB, lo que supuso una caída en comparación con décadas anteriores. Si bien la reforma del sistema de pensiones aprobada entre 2021 y 2023 introdujo medidas para aumentar la recaudación, como la ampliación de la base de cotización y el aumento de las contribuciones para los salarios más altos, el envejecimiento de la población seguirá planteando problemas para financiar las pensiones sin un aumento paralelo de los ingresos laborales.
Los mayores de 65 consumen menos productos con IVA
Por otro lado, el envejecimiento poblacional también afecta a la recaudación derivada del consumo, principalmente a través del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Los hogares de mayor edad tienden a consumir menos productos gravados con IVA de tipo general, como automóviles y productos duraderos, y más bienes y servicios exentos o gravados con tipos reducidos, como los servicios sanitarios. Esta modificación en el patrón de consumo genera una presión adicional a la baja sobre la recaudación del IVA, un impuesto que actualmente genera ingresos mucho menores que el promedio de la UE.
La combinación de estos factores —el aumento de la población jubilada, el estancamiento de los salarios reales y la presión sobre los sistemas de pensiones, cotizaciones sociales y tributos indirectos— pone en evidencia una profunda crisis intergeneracional. Los jóvenes, que enfrentan un mercado laboral cada vez más precario y salarios congelados, se ven obligados a sostener un sistema de pensiones que no está siendo igualmente compensado por un crecimiento equivalente en sus propios ingresos.
La situación exige reformas urgentes y profundas en la estructura fiscal y en el modelo de pensiones para garantizar la sostenibilidad económica del sistema. Sin embargo, es evidente que las generaciones más jóvenes se enfrentan a un futuro económico incierto, marcado por salarios bajos, una alta carga tributaria y un sistema de pensiones cada vez más sobrecargado.
