El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto que establece nuevas normas para mejorar la alimentación en los comedores escolares de todo el país, ya sean públicos, concertados o privados. Una nueva normativa con la que se busca “garantizar que los niños y niñas tengan acceso a cinco comidas saludables por semana, independientemente del nivel de renta de sus familias, fomentando hábitos alimenticios equilibrados”.
Así lo ha anunciado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el comedor escolar “es una herramienta fundamental para reducir la desigualdad y garantizar el derecho de todos los niños y niñas a una alimentación de calidad, así como para que adquieran hábitos nutricionales saludables para el resto de su vida”. Y es que de acuerdo a los datos del último estudio Aladino, Bustinduy ha recordado que la mitad de los alumnos y alumnas (un 46,7% de entre los de 6 y 9 años) que pertenecen a familias con ingresos inferiores a 18.000 euros al año tienen exceso de peso infantil, debido a que no pueden permitirse consumir más alimentos frescos como frutas y verduras, ni realizar desayunos completos.
Otro de los objetivos es “garantizar la equidad social y la igualdad de oportunidades”, pues se trata de “un modelo más justo que cuida los derechos de la infancia y los sectores estratégicos de nuestra economía”, ha añadido el ministro ante la prensa.
Entre las medidas que contempla el decreto figuran la obligatoriedad de incluir frutas y verduras frescas a diario, con al menos un 45% de productos de temporada provenientes de la producción local y un aumento en la oferta de pescados, legumbres y cereales integrales, de acuerdo con recomendaciones de organismos como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Menos pizzas y empanadillas
La normativa también incluye la supresión total de bebidas azucaradas, energéticas y bollería industrial en las comidas, máquinas expendedoras y cafeterías escolares. Además, se establecen límites estrictos a la cantidad de grasas, azúcares y sal en los alimentos y se limitan los platos precocinados como pizzas o empanadillas (máximo una ración al mes) y frituras (una vez a la semana, preferentemente con aceite de oliva o girasol alto oleico).
En concreto, señala el ministerio, no se podrán vender productos que superen un contenido máximo de 5 gramos de azúcares por porción envasada, mientras que el valor energético por porción envasada no debe superar las 200 kilocalorías. Las kilocalorías que procedan de la grasa no pueden superar el 35% y, en el caso de las grasas saturadas, las kilocalorías con esta procedencia no pueden superar el 10%.
El decreto aprobado este martes forma parte del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil (2022-2030), cuyo objetivo es promover una alimentación saludable y sostenible.
200 millones para combatir la pobreza infantil
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un presupuesto de 198,7 millones de euros destinado a combatir la pobreza infantil y fortalecer los servicios sociales, incluyendo becas de comedores escolares, compra de materiales educativos y ayudas para familias vulnerables.
Otro de los objetivos de esta inversión, asegura el ministerio liderado por Bustinduy, es facilitar la conciliación entre la vida familiar y la laboral y como ejemplo mencionan el Programa VECA, que permite a los alumnos y alumnas participar en actividades educativas, culturales y de ocio durante los periodos de vacaciones escolares.
