El Ingreso Mínimo Vital es eficaz, pero las ayudas del Gobierno para paliar el precio de la vivienda o de la energía son “ineficientes”, según Fedea

Las pensiones no contributivas son asignaciones económicas que otorga el Gobierno a aquellas personas que carecen de recursos suficientes para subsistir, incluso si no han cotizado nunca o lo han hecho de manera insuficiente. Y para los economistas hay algunas que funcionan, como el Ingreso mínimo Vital, y otras que no tanto, como las ayudas al alquiler y a la energía. Así lo plantea el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), firmado por el economista y Director Ejecutivo del organismo, Ángel de la Fuente, en el que avala la eficacia del IMV, pero considera que otras medidas del llamado “escudo social” generan más ruido que resultados.

Según la entidad, destinar recursos a subsidios finalistas en lugar de transferencias directas es un error que crea distorsiones económicas, poca equidad y baja eficiencia. La solución, según su análisis: reforzar las ayudas monetarias sin condiciones y dejarse de regulaciones que, en teoría, protegen, pero en la práctica no funcionan.

Entre los programas y medidas que buscan complementar los ingresos o el consumo de los hogares con rentas consideradas insuficientes para atender sus necesidades básicas se destacan tres grandes bloques de ayuda. Las transferencias monetarias no condicionadas son aquellas ayudas económicas directas que complementan los ingresos de hogares en situación de necesidad sin exigir contrapartidas. Engloban los subsidios por desempleo del SEPE, las pensiones no contributivas o el IMV.

Por otro lado, las ayudas finalistas son aquellos subsidios en dinero o en especie destinados a cubrir necesidades básicas específicas, como es el caso del Bono social eléctrico, el Bono térmico, el Bono Alquiler Joven y las becas y ayudas al estudio. Además, existen las conocidas medidas de “escudo social”, aquellas protecciones especiales que buscan regular las relaciones económicas de ciertos colectivos con empresas privadas, por ejemplo, limitando desahucios o regulando precios de servicios esenciales.

En este sentido, para el experto, estos dos últimos mecanismos no funcionan, por lo que deberían eliminarse y reorientarse en el marco del primer tipo de medidas, que buscan asegurar a los hogares “cierto grado de suficiencia de rentas”.

“En general, las ayudas condicionadas son ineficientes porque imponen restricciones sobre su uso que, en condiciones normales, sólo pueden reducir el bienestar” expone de la Fuente, mientras que determina que “las transferencias incondicionadas de renta con cargo a los presupuestos públicos son la forma más clásica y seguramente más equitativa y eficiente de lucha contra la pobreza”.

El informe plantea que los recursos de protección social deberían priorizarse en ayudas que complementen la renta de las familias más vulnerables, pero advierte que el diseño de estos programas es clave para evitar efectos no deseados. Para ello, se deben considerar dos aspectos fundamentales:

1. El impacto en los incentivos para trabajar: Si las ayudas sustituyen completamente cualquier aumento de ingresos laborales, pueden desincentivar la búsqueda de empleo, ya que el beneficiario no percibiría una mejora económica al trabajar más.
2. La medición adecuada de ingresos y necesidades: Es esencial definir con precisión qué hogares necesitan más apoyo y dirigir los recursos hacia aquellos con mayores brechas de ingresos y necesidades.

El informe destaca que los principales programas de protección no contributiva en España (como las pensiones no contributivas, el IMV y las rentas mínimas autonómicas) funcionan complementando las rentas de los hogares hasta un umbral considerado suficiente para cubrir necesidades básicas. Sin embargo, este modelo puede generar problemas de incentivos, ya que en muchos casos cualquier ingreso adicional por trabajo se ve completamente absorbido por la reducción de la ayuda, lo que equivale a un tipo marginal de gravamen del 100% sobre esos ingresos y desincentiva la inserción laboral.

En este sentido, y para mejorar este sistema, de la Fuente propone:

• Extender las reducciones graduales de los impuestos sobre las rentas del trabajo en un periodo más largo.
• Considerar modelos como el impuesto negativo sobre la renta (mecanismo fiscal en el que el Estado paga dinero a las personas con ingresos bajos, en lugar de que estas tengan que pagar impuestos) o deducciones retornables.
• Reforzar las exigencias de activación, como limitar la posibilidad de rechazar ofertas laborales sin penalización.
• Eliminar disposiciones desincentivadoras, como la sobrecotización por jubilación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años.

Otra de las medidas que recomienda el estudio respecto al primer bloque de programas es dejar su gestión en las administraciones más adecuadas. En este sentido, propone que el IMV comiencen a tramitarlo desde las regiones autónomas.

Según el economista, el éxito del IMV depende de una coordinación eficaz entre la Seguridad Social y las administraciones autonómicas y locales, lo que podría ser un desafío. El Estado necesita apoyarse en los servicios sociales y de empleo autonómicos para identificar a los beneficiarios más vulnerables y facilitar su inserción laboral, evitando que la ayuda se convierta en una trampa de pobreza. Sin embargo, esto podría resultar complicado si estas administraciones no asumen el IMV como un programa propio.

“A medio plazo, seguramente lo más lógico sería transferir la gestión del IMV a las CCAA (Comunidades Autónomas), como se ha hecho con las pensiones no contributivas”, explica. Para ello, añade, “sería necesario establecer mecanismos que aseguren que las CCAA tienen incentivos claros para invertir tanto en la búsqueda de potenciales beneficiarios de la prestación como en su reinserción laboral”.

El estudio también recomienda no interferir en estas ayudas con contratos privados (como en el caso la prohibición de cortes de suministros básicos por impago o la suspensión de desahucios), ya que, “a medio y largo plazo, suelen empeorar la situación de aquellos grupos a los que se pretende favorecer”, y que las ayudas sociales se paguen únicamente con el presupuesto público.