El drama de los jóvenes: los mayores de 65 años acumulan el 62% de las viviendas en propiedad, el doble de los que nacieron entre 1980 y 1990

Los jóvenes están (estamos) agotados. Cada nuevo dato evidencia más que la brecha generacional existe y que cada vez golpea con más fuerza. El acceso a la vivienda se está convirtiendo en un posible y el mercado inmobiliario es cada vez más excluyente: mientras que los mayores de 65 años acumulan el 62% de las viviendas en propiedad, los adultos nacidos entre 1980 y 1990 apenas alcanzan el 36%, según los datos que recoge la 36ª edición de Informe Económico y Financiero de Esade.

El documento destaca cómo el peso de la vivienda principal en el patrimonio de los hogares ha disminuido en las últimas dos décadas, mientras que ha crecido la adquisición de otras propiedades inmobiliarias. En 2022, un 47% de los hogares eran propietarios de activos inmobiliarios distintos de su vivienda principal, y un 34% poseía una segunda vivienda.

Y esta tendencia tiene implicaciones directas en la desigualdad intergeneracional. Según el informe, la acumulación de riqueza neta por parte de los hogares jóvenes ha sido considerablemente menor que la alcanzada por las generaciones anteriores a la misma edad. La combinación de salarios estancados, aumento del coste de vida y dificultades para acceder al crédito hipotecario ha limitado la capacidad de los menores de 45 años para adquirir una vivienda en propiedad.

Uno de los principales factores que explica la desigualdad en la propiedad de la vivienda es el acceso al crédito hipotecario. Mientras que en la década de 2000 los bancos ofrecían hipotecas que llegaban a cubrir el 100% del valor de la vivienda, actualmente los requisitos son mucho más estrictos. Para la mayoría de los jóvenes, que tienen salarios bajos y condiciones laborales precarias, reunir el 20% o 30% del precio de una vivienda como entrada supone una barrera casi insalvable.

Los datos muestran cómo la proporción de hogares con cabeza de familia menor de 35 años que posee una vivienda se ha desplomado en las últimas dos décadas. En 2002, más del 69% de los jóvenes eran propietarios, mientras que en 2022 la cifra cayó hasta el 32%. Esta tendencia se replica en los hogares con cabeza de familia entre 35 y 44 años, aunque con una caída menos pronunciada.

El informe también apunta a la crisis financiera de 2008 como un punto de inflexión en el acceso a la vivienda. La reestructuración bancaria y la aplicación de políticas macroprudenciales más estrictas redujeron drásticamente la concesión de hipotecas, limitando las posibilidades de compra para las generaciones más jóvenes. Además, los altos precios de la vivienda y el auge del mercado del alquiler han dificultado el ahorro necesario para afrontar una hipoteca.

Ante la imposibilidad de acceder a una vivienda en propiedad, muchos jóvenes han recurrido al alquiler. Sin embargo, los precios del alquiler también han aumentado de manera sostenida, especialmente en las grandes ciudades, donde la demanda supera con creces la oferta disponible. Esto ha llevado a que una parte importante de la población joven destine más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, lo que dificulta el ahorro y perpetúa la exclusión del mercado inmobiliario.

La situación también ha derivado en un aumento del fenómeno conocido como “adultos boomerang”, jóvenes que, tras un intento fallido de emancipación, regresan a casa de sus padres debido a la imposibilidad de mantener un alquiler por su cuenta. Según datos recientes, el 55% de los jóvenes de entre 25 y 34 años sigue viviendo con sus progenitores, una cifra que ha ido en aumento en la última década.

Y hecha la ley hecha la trampa. Ante la regulación de los precios del alquiler en algunas zonas tensionadas, muchos propietarios han optado por esquivar las restricciones apostando por el alquiler de temporada y de habitaciones. Al tratarse de contratos de corta duración o dirigidos a perfiles específicos, como turistas o estudiantes, estos formatos quedan fuera de los límites impuestos por la nueva ley de vivienda.

“Las menores expectativas de rentabilidad en los alquileres de largo plazo a raíz de la Ley de Vivienda, sumada a la contención de las subidas de los alquileres durante la vigencia del contrato en el reciente contexto inflacionista, a la incertidumbre regulatoria y a la inseguridad jurídica percibida por el propietario, han desviado la oferta hacia segmentos con una mayor rentabilidad bruta como son el segmento del alquiler de temporada y de habitaciones, que no están regidos por las normativas que afectan al alquiler de larga duración y presentan una mayor seguridad jurídica”, asegura el informe.

Esta estrategia ha provocado que la oferta de alquiler de larga duración se reduzca, encareciendo aún más los precios para quienes buscan una vivienda estable. Según datos recientes, el porcentaje de viviendas destinadas al alquiler de temporada ha aumentado en ciudades como Madrid y Barcelona, coincidiendo con la aplicación de la normativa. Además, el alquiler de habitaciones se ha disparado, convirtiéndose en una alternativa forzada para muchos jóvenes que no pueden afrontar el pago de una vivienda completa. Se puede observar en el siguiente gráfico, con datos de Idealista:

Estos gráficos muestran la evolución de los anuncios de alquiler en Madrid y Barcelona, respectivamente. En ambas ciudades, se observa un notable incremento en la proporción de anuncios destinados al alquiler de temporada y vacacional, especialmente desde la implementación de la Ley de Vivienda. Mientras que en Madrid los anuncios de alquiler de temporada pasaron del 3,3% en 2019 al 9,6% en 2023, en Barcelona este porcentaje aumentó del 2,3% al 14,4% en el mismo periodo.

Este cambio refleja el desajuste generado en el mercado del alquiler tradicional, donde la oferta ha disminuido debido a la preferencia de los propietarios por formatos que les permitan evitar restricciones legales y maximizar la rentabilidad de sus inmuebles. Como consecuencia, la accesibilidad a la vivienda en alquiler de larga duración se ha visto gravemente afectada, exacerbando la crisis habitacional en ambas ciudades.

La desigualdad en la propiedad de la vivienda no solo afecta la calidad de vida de los jóvenes, sino que también tiene consecuencias económicas y sociales a largo plazo. La falta de acceso a la vivienda dificulta la estabilidad laboral y familiar, retrasa la independencia económica y agrava la crisis demográfica en un país donde la natalidad está en niveles históricamente bajos.

Desde el sector inmobiliario y las organizaciones sociales se ha planteado la necesidad de adoptar medidas que faciliten el acceso a la vivienda para las generaciones jóvenes. Algunas propuestas incluyen el impulso de vivienda pública asequible, el control de los precios del alquiler y la ampliación de ayudas para la compra de vivienda. Sin embargo, la solución a esta brecha generacional requiere un cambio estructural en el mercado inmobiliario y en las políticas económicas que han favorecido la acumulación de propiedades en manos de los mayores de 65 años.

Mientras no se adopten medidas concretas, el acceso a la vivienda seguirá siendo un privilegio reservado para las generaciones más antiguas. Mientras tanto los jóvenes continuamos atrapados en un ciclo de inestabilidad y precariedad habitacional.