El Gobierno propone sanciones más duras para los funcionarios que incumplan su horario laboral sin justificación. Dentro del nuevo Proyecto de Ley de la Función Pública, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, se contempla la posibilidad de suspender de empleo y sueldo hasta por 30 días a los empleados públicos que lleguen tarde reiteradamente.
Este cambio representa un endurecimiento significativo en el régimen disciplinario de la Administración Pública, en un contexto donde el Ejecutivo busca reformar el sector con nuevas regulaciones. La medida ha generado un intenso debate tanto en el ámbito político como sindical, con voces a favor y en contra de la modificación.
Así, según el Proyecto de Ley de la Función Pública, actualmente en fase de enmiendas, el PSOE plantea duplicar la sanción máxima por incumplimientos injustificados del horario, elevándola de 15 a 30 días de suspensión de empleo y sueldo. Este cambio se enmarca dentro de las 37 enmiendas registradas por el grupo socialista para modificar el texto original de la ley. La norma establece que la sanción aplicará únicamente en casos de reincidencia, es decir, cuando el funcionario haya cometido más de una infracción de la misma naturaleza en un período de un año y haya sido sancionado mediante resolución firme.
Clasificación de faltas y sanciones
El nuevo régimen sancionador establece una graduación de las infracciones en tres niveles:
- Faltas leves
Incumplimiento injustificado del horario de trabajo.
Falta de asistencia injustificada de un día.
Falta de consideración con cualquier persona en el ejercicio de sus funciones.
Descuido o negligencia en el desempeño del trabajo.
Incumplimiento de plazos administrativos que no constituyan falta grave.
Cualquier incumplimiento de los deberes del funcionario que no sea calificado como grave o muy grave.
Para estas infracciones, la sanción máxima pasaría a 30 días de suspensión de empleo y sueldo, el doble del límite anterior.
- Faltas graves
Incumplimiento reiterado del horario, acumulando más de 10 horas de ausencia en un mes.
Desobediencia a órdenes superiores sin justificación legal.
Falta de rendimiento que afecte el funcionamiento del servicio.
Falta de asistencia reiterada a formaciones obligatorias.
Las sanciones en estos casos incluyen suspensión de empleo y sueldo de más de 30 días e inferior a 2 años.
- Faltas muy graves
Abandono del servicio.
Publicación indebida de información reservada.
Actos de discriminación o acoso laboral.
Corrupción o aceptación de sobornos.
Las sanciones para estas infracciones pueden ir desde 2 hasta 6 años de suspensión, e incluso la separación definitiva del servicio en los casos más graves.
Otros cambios en la Ley de la Función Pública
Además del endurecimiento de las sanciones, el Proyecto de Ley de la Función Pública incluye otras reformas que afectan directamente a los trabajadores del sector público. Entre las más destacadas se encuentran:
- Recuperación de la jubilación parcial: Se permitirá que los empleados públicos con entre 62 y 64 años puedan acogerse a una jubilación parcial, siempre que cumplan con los requisitos de 33 años cotizados y 6 años en la Administración.
- Extensión de la edad de jubilación: Actualmente, la edad máxima de jubilación en la función pública es de 70 años, pero el PSOE propone ampliarla hasta los 72 años, siempre que el trabajador lo solicite y obtenga autorización.
- Mejoras en permisos parentales: Se plantea un permiso parental de dos semanas retribuidas para el cuidado de hijos menores de ocho años, así como la acumulación de permisos por nacimiento o adopción en el caso de familias monoparentales.
