Un empleado de Banco Sabadell es despedido tras devolver las comisiones de una cuenta a un amigo y consultar ficheros de morosos sin autorización: es procedente

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha resuelto un caso de despido que ha sido objeto de análisis judicial debido a la conducta de un trabajador de una entidad financiera. Según los hechos en cuestión, un empleado de Banco Sabadell, con varios años de trayectoria en la entidad bancaria y que estaba asignado a un área operativa vinculada a la atención de clientes y gestión de cuentas, fue cesado tras devolver las comisiones de una cuenta de una persona cercada a su entorno.

Esta acción, según la entidad bancaria, infringía las políticas internas relacionadas con la gestión de operaciones bancarias. A esto se suma que el trabajador consultó sin justificación registros internos y bases de datos de la entidad, incluyendo ficheros relacionados con morosidad, práctica que requiere una autorización expresa y relacionada con fundamentos laborales específicos. El alto tribunal confirmó la procedencia de la decisión empresarial, ya que consideró que las actuaciones del trabajador, fueron graves y sancionables.

La dirección del banco, al anunciar estas situaciones, pareció que se trataba de una transgresión de buena fe contractual y un acto de abuso de confianza, elementos tipificados como causas de despido disciplinario conforme al artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores y las normativas internas de la empresa. Estos hechos motivaron la comunicación formal de despido, la cual incluyó un detalle de las irregularidades señaladas, y justificaron su decisión con base en los principios que rigen la relación entre empresa y trabajador.

El trabajador, inconforme con la decisión de la entidad, decidió interponer una demanda alegando la improcedencia de su despido. Este inició un proceso en el Juzgado de lo Social correspondiente, que analizó los hechos y las pruebas presentadas por ambas partes. En primera instancia, se dictaminó que el despido era ajustado a derecho, dado que las acciones del empleado supusieron una grave vulneración de los principios de confianza requeridos en su posición laboral.

Tras el fallo, la defensa del trabajador interpuso un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la comunidad correspondiente. En esta instancia, si bien se revisaron nuevamente los hechos, el tribunal mantuvo la decisión inicial y reafirmó que la empresa actuó conforme a los mecanismos disciplinarios previstos en la normativa. La sentencia argumentó que la devolución de comisiones, independientemente de la cantidad económica involucrada, y el acceso indebido a datos confidenciales evidenciaron un comportamiento que afectó gravemente las expectativas de confianza y profesionalismo inherentes a la relación laboral.

Finalmente, el caso llegó al Tribunal Supremo mediante un recurso de casación para la unificación de doctrina, dado que la parte recurrente consideró que la decisión del TSJ no recogía correctamente las garantías legales y principios aplicables a la sanción impuesta. El alto tribunal analizó tanto los antecedentes del caso como sentencias previas relacionadas con situaciones similares en distintos sectores.

En su resolución, el Tribunal Supremo sostuvo que las conductas tomadas a cabo por el empleado, en especial las relacionadas con el acceso a información sensible sin la debida autorización, constituían infracciones severas que justificaban la sanción de despido. La sentencia destacó que los bancos y entidades financieras deben guardar un estricto cumplimiento de las normativas de confidencialidad y seguridad, y que los trabajadores que rompen dichos principios comprometen no solo la confianza personal, sino también la reputación e integridad de la entidad frente a sus clientes y terceros.

En su análisis, el alto tribunal señaló que determinados puestos de trabajo requieren del empleado un nivel elevado de integridad y respeto a los protocolos internos para evitar daños o conflictos mayores. La sentencia indicó que el abuso de confianza y la transgresión de buena fe contractual no solo afectarán el vínculo laboral entre las partes, sino que vulneraron los principios éticos que rigen las relaciones en el sector financiero.

El Tribunal Supremo declaró que no procedía alterar el fallo previamente emitido por el TSJ y que el despido debía ser considerado procedente. Asimismo, recordó que la normativa otorga a las empresas herramientas legales para actuar frente a acciones que comprometan el buen orden y cumplimiento de las tareas asignadas, sin que ello implique desproteger al trabajador frente a situaciones injustas. En este caso concreto, las pruebas aportadas por la empresa fueron concluyentes para acreditar que las actuaciones del empleado constituían faltas muy graves.