El auto clave de un juzgado español contra las cláusulas abusivas de las hipotecas: eleva a Europa el caso de un cliente que pagó una comisión de 1.200 € de apertura

Un reciente auto judicial dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cartagena podría marcar un punto de inflexión en la regulación y control de las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios. En cuestión se encuentra un procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por el Banco Santander, en su calidad de sucesor del Banco Popular, contra un consumidor que había firmado un contrato de préstamo en 2006, con un capital inicial de 165.000 euros y diversas cláusulas impugnadas, entre ellas una comisión de apertura de 1.237,50 euros.

El cliente, enfrentado a la ejecución por impago, presentó un escrito de oposición a la ejecución argumentando que tres cláusulas esenciales de su contrato hipotecario eran abusivas. Estas incluyen una cláusula suelo que establecía un interés mínimo del 3%, la comisión de apertura ya mencionada y cláusulas que imponían al prestatario diversos gastos asociados al contrato, como costos de inscripción en el Registro de la Propiedad y pagos relacionados con tasas y otros preparativos. .

El centro del litigio es el artículo 695.1.4ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que establece que, durante un incidente de oposición a una ejecución hipotecaria, solo pueden examinarse las cláusulas que directamente fundamenten la ejecución o determinen la cantidad reclamada. Este fue precisamente el argumento del Banco Santander, que solicitó que el juzgado desestimara la oposición al considerar que estas cláusulas no constituían el soporte de la ejecución ni influían en la deuda exigible. Según el banco, el cliente tenía la posibilidad de reclamar su posible abusividad en un procedimiento declarativo separado, pero sin detener la ejecución hipotecaria en curso.

El magistrado a cargo del caso, Fernando Madrid Rodríguez, ha decidido llevar el debate al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) planteando dos cuestiones prejudiciales fundamentales que podrían esclarecer el alcance del control de cláusulas en las ejecuciones hipotecarias. La primera pregunta se refiere a si las directivas europeas —en particular, la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas— permiten interpretar el artículo 695.1.4ª LEC de manera que las clausuras aplicadas en fases previas del contrato puedan ser objeto de revisión en el incidente de oposición. Esto tendría implicaciones directas sobre situaciones similares, ya que permitiría a los consumidores compensar cantidades indebidamente cobradas y reducir la deuda reclamada en la ejecución.

En el caso concreto, el cliente consumidor solicitó al juzgado que, en caso de declarar nulas estas cláusulas, se aplicarán los ajustes correspondientes. Por ejemplo, que se dedujeran los 1.237,50 euros de la comisión de apertura, el 50% del coste de la notaría y la totalidad de los gastos de registro, gestoría y tasación. Respecto a la cláusula suelo, el cliente argumentó que debía calcularse la diferencia entre lo efectivamente pagado y lo que habría abonado sin la aplicación de dicha cláusula.

La segunda cuestión prejudicial formulada por el juzgado también aborda asuntos procesales. Se cuestiona si la normativa nacional vulnera el principio de efectividad consagrado por el derecho europeo al limitar las posibilidades procesales del consumidor en este tipo de incidentes, prohibiendo que aporte pruebas tras plantear su oposición o impidiendo que el juzgado ordene pruebas de oficio. Además, el juez explora si existe contradicción normativa entre las nacionales y europeas cuando se prohíbe dejar la determinación de las importaciones para un momento posterior al incidente de oposición.

Este auto de Cartagena no es el único que cuestiona las interpretaciones del artículo 695.1.4ª de la LEC. Otras resoluciones de Audiencias Provinciales han abordado casos similares, reforzando una posición mayoritaria en la que se excluye del control en ejecuciones hipotecarias aquellas cláusulas que no fundamentan directamente la liquidación reclamada. No obstante, la falta de un criterio uniforme y vinculante ha incrementado la inseguridad jurídica para los consumidores afectados.

El TJUE ya se ha pronunciado en ocasiones anteriores sobre el procedimiento hipotecario español y sobre cláusulas específicas como las de gastos o comisión de apertura, pero siempre en el contexto de procedimientos declarativos ordinarios. En este caso, el tribunal europeo tendrá ahora la oportunidad de pronunciarse sobre las implicaciones del procedimiento abreviado de oposición en ejecuciones hipotecarias, así como sobre la compatibilidad de las barreras procesales españolas con los principios de efectividad y equivalencia exigidos por el derecho de la Unión.

El auto no solo suspende temporalmente el procedimiento de ejecución hipotecaria, sino que también tiene el potencial de influir en la interpretación de la normativa española para millas de consumidores en situaciones similares. Si el TJUE estima que estas cláusulas pueden ser examinadas dentro del incidente de oposición, se abrirá una vía para que los consumidores cuestionen cláusulas aplicadas anteriormente sin necesidad de iniciar procesos largos y costosos.

En este panorama, el caso de Cartagena se perfila como una decisión clave en la defensa de los derechos de los consumidores frente a las cláusulas abusivas en contratos hipotecarios, en un escenario donde las normativas nacionales y europeas buscan equilibrar las relaciones contractuales entre particulares y entidades financieras.