La parlamentaria Anna Skorojod comunicó en su perfil de Facebook que las fuerzas del orden efectuaron un registro en su vivienda en Kiev, agregando que se trata de una acción política en su contra. Según relató, no oculta ningún hecho indebido y atribuye estos operativos a una supuesta campaña destinada a hostigar a miembros de la oposición y frenar sus propuestas legislativas. La noticia surge tras la revelación de una presunta operación de corrupción en la que, de acuerdo con las autoridades anticorrupción de Ucrania, Skorojod y varios colaboradores ofrecieron aplicar sanciones gubernamentales a empresas rivales a cambio de pagos de hasta 250.000 dólares (214.000 euros).
Tal como informó el medio, las agencias especializadas en la lucha contra la corrupción en Ucrania presentaron detalles de la trama este viernes. De acuerdo con dicha información, el grupo involucrado habría utilizado su acceso al Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania para beneficiar a una empresa a través de la aplicación de medidas sancionadoras contra un competidor directo. La operación, según consignó el comunicado oficial, incluía la participación de un asistente directo de Skorojod así como de varios intermediarios.
De acuerdo con la investigación encabezada por la Fiscalía, uno de estos intermediarios asumió la tarea de recibir el soborno. El monto pactado ascendía a 250.000 dólares, aunque solo se llegó a entregar la mitad antes de que las actividades ilícitas se detuvieran. Según publicó la agencia, la interrupción se debió a la imposibilidad de encontrar algún funcionario dentro del Consejo de Seguridad Nacional dispuesto a sumarse al complot, lo que llevó a que no se completara la transacción.
El medio también detalló que Skorojod estuvo vinculada al partido Siervo del Pueblo, organización a la que también pertenece el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. No obstante, en 2019, Skorojod resultó expulsada de la formación tras el arresto de su esposo, hecho que, de acuerdo con sus declaraciones públicas, se produjo como represalia por su postura contraria a algunas iniciativas promovidas por el Gobierno. Posteriormente integró el partido Por el Futuro.
La respuesta de Skorojod a los registros policiales enfatiza el carácter político que atribuye a la causa en su contra. En su mensaje público, que el medio retomó, la diputada sostuvo que las acusaciones se destinan a frenar su labor parlamentaria y a obstaculizar alternativas a la línea oficialista. Pese a la justificación ofrecida por la diputada, el comunicado de las autoridades anticorrupción confirma que la investigación sigue su curso, centrándose en la supuesta utilización de cargos públicos para beneficio empresarial a través de mecanismos ilegales.
El caso pone de manifiesto la presencia de prácticas de colusión entre actores políticos y sectores empresariales, ámbito en el que las oficinas anticorrupción de Ucrania han intensificado los controles, según destacó el medio. El expediente continúa incorporando pruebas sobre la posible implicación de Skorojod, su asistente y otros participantes, con el objetivo de determinar la responsabilidad de cada persona en el intento por influir en decisiones clave del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa ucraniano frente a intereses corporativos.
Según las autoridades consultadas por el medio, la investigación se mantiene abierta y los resultados preliminares podrían sentar nuevos precedentes sobre el combate a la corrupción en cargos públicos y su relación con el sector privado en Ucrania.
