La presión impositiva sobre el campo se mantiene elevada

La nueva medición del Índice FADA, generado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), muestra que la participación del Estado en la renta agrícola es del 58%. El peso de los impuestos cedió 6,3 puntos en relación a la medición anterior, del orden del 64,3%. A la hora de explicar esta ligera poda en la voracidad del Fisco, debe incluirse asimismo el aporte realizado por una leve mejoría en los precios de los granos. Ciertamente es un avance, aunque insuficiente y seguramente temporal si se mantiene la idea de volver a las retenciones vigentes antes del recorte de enero último.

Lamentablemente, y a pesar de la buena voluntad exhibida en cuanta oportunidad se presentó, el gobierno de Milei no le ha encontrado aún la vuelta al asunto, tanto que ni siquiera ha habido voces que al menos dejen alguna luz de esperanza respecto de no modificar los derechos de exportación establecidos en enero de este año. Hubiese sido un empujón anímico para quienes se disponen a sembrar trigo con precios internacionales y locales deprimidos.

Hay que decir que el informe trimestral de FADA mide cuál es el porcentaje de la renta agrícola (valor de la producción menos los costos) que se destina al pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales. La renta del campo se reparte entre la participación del Estado vía tributos, la retribución de la tierra y el resultado agrícola. Esta vez, los impuestos no coparticipables representaron 57,7% del total, los coparticipables el 34,2% y los provinciales y municipales un 7,1%.

Mientras el Índice FADA nacional es de 58%, las provincias muestran diferencias según costos, producción e impuestos locales. Córdoba registra un 59,1%, Buenos Aires 55,9%, Santa Fe 55,7%, La Pampa 57,2%, Entre Ríos 62,5% y San Luis: 56,1%. Cada una de estas provincias enfrenta realidades distintas en cuanto a sus rindes, estructura de costos e impuestos, lo que explica esta variabilidad. Hay también una variación por cultivo. Mientras que el promedio ponderado a nivel nacional es del 58%, la participación del Estado en soja es del 62,4%, en maíz del 49,7%, en trigo del 72,6% y en girasol del 55,1%.

Respecto del reporte previo, la reducción antes indicada deja en claro el peso de los Derechos de Exportación sobre la actividad agrícola. Llevar a cero esta gabela traería un impacto positivo para todos, ya que terminaría favoreciendo el crecimiento económico y abriendo nuevas oportunidades en distintas áreas productivas. La reducción de gravámenes actúa como un incentivo clave para el desarrollo del país, porque libera el poder multiplicador del campo.

Pero además, los impuestos nacionales no coparticipables impactan en el federalismo fiscal. Estos tributos, liderados por las mal llamadas retenciones, representan una salida de recursos de las provincias productivas. La baja temporal de los derechos de exportación redujo la proporción de esta clase de impuestos, ubicándolos en su menor nivel desde el año 2020. Eso hace que el peso de los gravámenes coparticipables sea mayor, lo que resulta en un esquema más equilibrado en cuanto a la distribución de los recursos.

Hay asimismo razones que llevan a que la baja operada en el Índice FADA no haya sido mayor. Por caso, en marzo el Inmobiliario Rural y las tasas viales municipales se actualizaron y se presentaron subas dispares según la provincia. Los aumentos en el primer caso oscilaron entre el 20% y el 190%, mientras que en varias jurisdicciones las tasas viales municipales se elevaron significativamente. Estos impuestos, fijados en pesos, hacen que a inicios de cada año impacten más los gravámenes provinciales y municipales, y que el peso tributario sea mayor, amortiguando la caída del índice.

Finalmente, los precios de los insumos, medidos en dólares oficiales, se han mantenido estables y en algunos casos se comprueban bajas. Como una suerte de paliativo, hay que decir que la relación entre insumos y producción mejoró. Hoy se necesitan menos toneladas de maíz o trigo para comprar una tonelada de urea que hace un año. En cambio, los costos de labores y fletes aumentaron entre un 3,5% y un 5,5% en pesos desde diciembre. Si comparamos con el año pasado, las labores son entre un 20% y un 37% más caras, mientras que los fletes subieron un 60%, en un contexto de inflación interanual cercana al 53%. En dólares, los fletes cuestan más que en marzo de 2024.

El costo del transporte sigue siendo un factor determinante. Por ejemplo, 2 de cada 10 camiones de maíz están destinados a cubrir fletes en provincias como Córdoba, San Luis y La Pampa. En

Buenos Aires y Entre Ríos, 1,5 de cada 10 camiones de maíz se va en este concepto, mientras que en Santa Fe solo 1 de cada 10 camiones corresponde al costo de transporte. Es demasiado.