La discusión pasó desapercibida, en medio de la compleja semana que tuvo La Libertad Avanza (LLA) en el Senado. A pesar de ello, el endurecimiento o alivio de penas a la hora de administrar las cooperativas fue un tema que regaló, días atrás, una fuerte disputa entre el oficialismo y el cristinismo.

El punto de no retorno ocurrió el martes pasado en la comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa que preside la senadora ultrakirchnerista Nora Giménez (Frente de Todos-Salta). De hecho, la legisladora es la impulsora de la iniciativa que descomprime aún más la ley actual y propone quitar restricciones sobre un universo lleno de zonas oscuras. Quien pretendía blindar aún más la normativa vigente fue el jefe libertario en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza-Jujuy).

Atauche fue el primero en defender su texto. “Viene a actualizar el artículo 64 de la Ley de Cooperativas, la 20.337, y a incluir un nuevo inciso, una nueva causal de incompatibilidad para integrar el consejo de administración de las cooperativas. Estas causales son las previstas por los artículos 300, inciso 2°, y 301 del Código Penal”, indicó el jujeño.

Seguido a ello y, tal como consta en la versión taquigráfica, el senador explicó: “Lo que se busca con este proyecto es que a un director de cooperativa que haya sido condenado por estos artículos se le sumen hasta diez años de inhabilitación después del cumplimiento de la condena. Es una medida que viene a ayudar un poco a la transparencia y a la tranquilidad de los ciudadanos con respecto a los integrantes de los consejos de administración de las cooperativas”.

Atauche luego contó: “Yo tengo aquí muchos ejemplos -no me voy a poner a ahondar en ellos- de utilización de cooperativas como instrumento de defraudación, para estafar a familias y demás. Tengamos en cuenta que el Código Penal, en cuanto a estos artículos, incluye una condena de seis meses a dos años. Por lo tanto, en algunas situaciones se podría dar el caso de que hayan defraudado con una cooperativa, cumplan una condena de seis meses e, inmediatamente, vuelvan a estar habilitados para, posiblemente, volver a defraudar a la ciudadanía. En general, esto se utiliza para defraudaciones a muchas familias, muy numerosas”.

El titular de la bancada libertaria finalizó: “Me parecía adecuado que a la condena se le sume los diez años de inhabilitación, pena que también se da en los casos de las sociedades comerciales. En el artículo 264 de la Ley 19.550, también se establece una inhabilitación de hasta diez años para los directores de sociedades comerciales que estén condenados por los artículos que previamente he descripto. Así que, en consonancia con estas leyes que acabo de nombrar, y también, por supuesto, buscando aumentar e ir en el camino de la transparencia, la ética y la confianza al excluir a personas condenadas para ser miembros de consejos de cooperativas, vengo a proponer este proyecto a la comisión”.

Giménez respondió: “Yo soy autora del otro, que propone una reforma del artículo 64 del Régimen de Cooperativas respecto de las limitaciones para integrar el consejo de administración. En lo esencial, elimina la sanción adicional de diez años prevista en la norma. La actual redacción del artículo implica que aquellas personas que cumplieron con su condena no podrán integrar el consejo de administración de una cooperativa sino hasta transcurridos diez años desde su rehabilitación. Esto, según entiendo, es una sanción adicional que convierte a la norma en inconstitucional, porque contradice el principio de que nadie puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el artículo 8° del Pacto de San José de Costa Rica”.

La legisladora cristinista también aseveró: “No sólo se trata de la doble pena, sino que además imposibilita que una persona que ha cumplido su condena pueda participar en el sistema productivo a través del cooperativismo. Sería un retroceso en materia de acceso a garantías laborales, sociales y económicas, y un contrasentido que limita la reintegración social de las personas”. Y añadió: “Sabemos que salir de la cárcel es muy difícil, y aún más en un contexto de recesión y aumento del desempleo como el que estamos viviendo. Por ello, necesitamos y debemos reflexionar sobre la importancia de esta reforma que ya está en esta Comisión desde hace mucho tiempo”.

Giménez además dijo que su iniciativa contaba “con el apoyo de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que ha participado del debate en asesores, donde se ha analizado este tema con profundidad”. Pasadas 48 horas de la reunión de la comisión, Infobae corroboró que ninguno de los textos llegó, por ahora, a sumar las firmas necesarias para ser considerado un dictamen de mayoría. Sin embargo, la puja sigue latente, con dos proyectos más que opuestos.