Cristina Kirchner habló de una “descomposición institucional” y criticó a los peronistas que le dieron “un cheque en blanco” a Milei

La expresidenta Cristina Kirchner advirtió este sábado que el país vive “una descomposición institucional en un marco grave de la economía” a la vez que criticó la aprobación en el Congreso del DNU por el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y apuntó contra los legisladores peronistas que le dieron “un cheque en blanco” al presidente Javier Milei.

Además, volvió a apuntar contra el Presidente por la sanción que le impuso el Gobierno de Donald Trump, que le prohibió el ingreso a los Estados Unidos: “Muy a pedido, no se la banca solo”, aseveró.

Las palabras de la exmandataria se dieron en la apertura del Congreso Educativo Nacional que se realiza en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), un día después de la sanción del gobierno estadounidense y del fallo en contra de la Cámara de Casación en la causa Vialidad.

“Yo lo definiría como un contexto de descomposición institucional en un marco grave de la economía que atraviesa hoy la República Argentina. Descomposición institucional que, como su nombre lo indica, abarca a los tres poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial”, comenzó.

Enseguida, la exmandataria apuntó contra el Congreso de la Nación que “aprobó el proyecto que este presidente, que venía con la dolarización, le envió una suerte de cheque en blanco a través de un DNU para que hagan lo que quieran otra vez con el Fondo Monetario Internacional”.

“Ahora se dieron cuenta que el problema no eran los pesos en la República Argentina, sino que eran los dólares. Hola qué tal, ocho años sentada ahí, cuatro años acompañándolo a Néstor, pasamos en la gobernación, catorce años de legisladora nacional, pasamos por todas las experiencias desde la dictadura militar, tablita de Martínez de Hoz”, añadió en referencia a su pasado al frente del Ejecutivo.

Tras criticar duramente a los diputados y senadores que votaron a favor del DNU, y recordar que lo mismo ocurrió antes de la crisis de 2001, la exvicepresidenta aprovechó para cuestionar a los legisladores peronistas que votaron a favor.

“Sería deshonesto intelectualmente no decir que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, si los diputados peronistas de la provincia de Catamarca; si los diputados peronistas de Tucumán; si los diputados peronistas que fueron con Sergio Massa en la boleta de Misiones; y si los diputados peronistas de Salta hubieran votado junto al peronismo y a otras fuerzas políticas, este cheque en blanco no existiría”, subrayó.

La exmandataria afirmó que esa situación le daba “mucha pena y mucho dolor” porque “es peronista”.

Sobre ese tema, la expresidenta advirtió que “está claro por qué viene el Fondo y a qué viene el Fondo”, y dijo que el nuevo acuerdo se da “en un marco creciente de aumento de despidos, suspensiones en las fábricas, recrudecimiento de precios”.

“El pueblo tiene que volver, pero tiene que volver organizado, por eso estamos hoy acá, para organizar. Desorganizados ya vimos que no llegamos a ningún lado", remarcó.

En la misma línea de críticas al Poder Legislativo, CFK hizo una mención al ex senador Kueider, detenido por intentar pasar a Paraguay con más de 200 mil dólares. El ex legislador fue mencionado por la presidenta del PJ cuando dijo que en las últimas horas vio su video contando fajos de dólares en su despacho.

“El voto de Kueider, que fue después sorprendido en la frontera paraguaya con 250 mil dólares, fue la firma determinante para el despacho de ley bases en el Senado y el voto determinante para la aprobación. Y permítanme entonces dudar, no digo afirmar, pero al menos dudar de por qué votan como votan ciertos legisladores en el Parlamento argentino", apuntó.

Cristina Kirchner habla horas después de las dos muy malas noticias que recibió el viernes: la primera, de carácter judicial, la dio la Cámara Federal de Casación Penal que rechazó los pedidos de apelación del fiscal y los defensores de los involucrados en la Causa Vialidad.

La segunda, de índole personal, pero directamente vinculada a lo judicial, fue la prohibición para entrar a Estados Unidos por parte del gobierno de Donald Trump. La sanción también recayó sobre Julio de Vido, debido a las causas de corrupción que ambos enfrentan en la Argentina.

Precisamente, la exmandataria hizo referencia a la sanción que le aplicó la administración republicana y volvió a vincularla con Javier Milei.

“Muy a pedido, este hombre no se la banca solo. Le molesta lo de ‘che, Milei’. Lo lamento. La frutilla del postre de ayer es que, casi en sincronización, el Tribunal de Casación macrista negó el recurso extraordinario. Son de manual. Pero así están las cosas”, aseveró.

En el acto estuvieron presentes diferentes dirigentes cercanos a la presidenta del PJ Nacional. Entre ellos, Máximo Kirchner; el senador, Eduardo “Wado” de Pedro; la diputada, Paula Penacca; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el ex funcionario Daniel Filmus y el ex secretario de DD.HH. Horacio Pietragalla.

También hubo presencia del gobierno bonaerense: fue el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la encargada del área de ambiente de PBA, Daniela Vilar.

El futuro judicial de Cristina Kirchner y otros ocho condenados en la Causa Vialidad quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazara los recursos extraordinarios presentados por las defensas y el fiscal del caso.

Esta decisión, adoptada de manera unánime por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, ratifica las condenas impuestas previamente por el Tribunal Oral Federal 2, aunque aún resta la intervención del máximo tribunal del país para que las penas sean efectivas.

La resolución de la Cámara de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos extraordinarios federales presentados por los abogados defensores de los condenados, entre ellos la expresidenta, el empresario Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas José López.

Estas apelaciones buscaban revertir las condenas por fraude a la administración pública en relación con la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Las penas confirmadas incluyen seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La decisión de la Cámara de Casación Penal implica que el expediente será elevado a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso de queja, dado que no contó con el aval de la Cámara para avanzar. La intervención del máximo tribunal será crucial para determinar si las condenas se ejecutan, aunque no existe un plazo establecido para que la Corte emita su fallo. Este proceso podría extenderse, dejando en suspenso la situación judicial de los involucrados.

El rechazo de las apelaciones también incluyó el recurso presentado por el fiscal Mario Villar, quien había solicitado que se revisara la calificación del delito de asociación ilícita, una figura que no fue confirmada en instancias anteriores. La Cámara, sin embargo, desestimó este pedido por mayoría, manteniendo únicamente la condena por defraudación a la administración pública.

En una medida que refuerza su postura contra la corrupción a nivel global, el gobierno de Donald Trump anunció la prohibición de ingreso a Estados Unidos para la expresidenta Cristina Kirchner y su exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, debido a las causas judiciales que enfrentan en su país.

Según informó el secretario de Estado, Marco Rubio, esta sanción también se extiende a los familiares directos de ambos, incluyendo a Máximo Kirchner, Florencia Kirchner y Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido.

De acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Estado, la decisión se fundamenta en las múltiples condenas por corrupción que pesan sobre Kirchner y De Vido, quienes, según las autoridades estadounidenses, “abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples tramas de soborno relacionadas con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares al gobierno argentino".