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Un funcionario del ministerio de Educación de la provincia de Neuquén fue despedido en los últimos días tras confirmarse que utilizaba a una empleada estatal para realizar tareas de limpieza en su vivienda particular y en la de su pareja, quien también es docente. Las horas extras trabajadas por la empleada eran facturadas al Estado, en un esquema que fue descubierto durante una investigación administrativa.
Según el decreto provincial 196, publicado el pasado martes, una mujer identificada como Daiana C. denunció haber sido contratada por la pareja para realizar tareas de limpieza en el Distrito Escolar I, en la capital provincial. Sin embargo, aseguró que terminó siendo destinada a realizar servicios domésticos particulares.
Y es que, si bien su jornada era de cuatro horas diarias, le exigían trabajar una hora adicional de lunes a viernes en los domicilios del directivo y su pareja, además de dos horas extra durante los fines de semana.
El caso se remonta a septiembre de 2021, cuando el Consejo Provincial de Educación inició un sumario administrativo para la pareja. Los acusados son Maximiliano R., quien en ese momento se desempeñaba como director del Distrito Escolar I de la ciudad de Neuquén, y Andrea Vanesa C. A., también docente. Se les aplicaron las sanciones de exoneración y cesantías, respectivamente.
El contrato de la empleada era de cuatro horas por día, previstas desde el 22 de julio del 2021 hasta el 5 de septiembre de ese mismo año. Sin embargo, las autoridades determinaron -según consta en el documento al que accedió Infobae- que se le abonaban 45 mil pesos mensuales, el equivalente a servicios de 5 horas de trabajo diarias. Esto coincide con el relato de la denunciante.
La factura estaba a nombre del Distrito I. “Ni siquiera los sumariados al momento de realizar sus descargos alegan el hecho de haberle abonado de manera particular tales horas ni adjuntan comprobante alguno de ello”, precisa el decreto.
De acuerdo con el documento, fue la misma pareja del director educativo quien entrevistó a la denunciante en su domicilio particular y, en varias ocasiones, le dio instrucciones sobre a qué vivienda debía presentarse. Además, le informó que sus haberes serían abonados mediante el Distrito Escolar.
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Por este motivo, ambos fueron separados preventivamente de sus funciones y, posteriormente, destituidos de todos los cargos que ocupaban en el sistema educativo. Según el documento, su accionar puso en riesgo la “institucionalidad y la credibilidad” del Consejo Provincial de Educación: “Los hechos investigados importan una falta grave, por cuanto con su accionar se ha visto afectada la conducta digna de la consideración y de la confianza que se exige de un agente de la Administración Pública Provincial”.
Un testigo que declaró en el caso aseguró que “se comentaba” que la empleada trabajaba fuera de los establecimientos estatales: “Si me dicen que esta chica va a trabajar a mi casa, entendía que se pagaba por su parte. Se sabía que iba a trabajar a la casa de Maxi y de Vanesa, pero tanto yo como los otros chicos que sabíamos, entendíamos que se pagaba por su parte”, relató.
“Ha quedado acreditado en las presentes no sólo que el señor R. aprovechando de su cargo y funciones ha conculcado los deberes impuestos como funcionario público, sino también que ha transgredido lo expresamente prohibido por la normativa al haberse beneficiado personalmente con un servicio que debió ser exclusivo de la administración, ocasionando con ello un perjuicio fiscal al Estado”, concluye el decreto.
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