Cuando la nutrición sigue fuera del centro del debate

El reciente debate técnico entre los equipos de los partidos que pasaron a segunda vuelta dejó una sensación preocupante: la nutrición sigue sin ocupar el lugar que merece dentro de las prioridades nacionales. Se habló de “orden” y “caos”, pero cuando llegó el momento de discutir cómo enfrentar la anemia, la desnutrición y la inseguridad alimentaria, las respuestas fueron superficiales, fragmentadas y sin una visión real de largo plazo.

Y eso debería alarmarnos, porque mientras los partidos políticos se enfrentan tratando de responsabilizar al adversario, el Perú continúa conviviendo con una de las crisis nutricionales más persistentes de América Latina. Una crisis silenciosa que afecta el desarrollo físico, cognitivo y emocional de millones de niñas y niños.

La ENDES 2025 es contundente. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, la anemia en niños de 6 a 35 meses alcanza el 43.4%, es decir, cuatro de cada diez niños pequeños siguen creciendo con anemia en el Perú. Y las brechas territoriales muestran además un país profundamente desigual. Puno registra 75.4% de anemia infantil, Cusco 56.6%, Loreto 55.6%, Madre de Dios 55.5%.

Pero lo más grave no es solo la cifra actual, sino la incapacidad histórica del Estado para reducirla de manera sostenida. En 2011, la anemia infantil era de 41.6%; catorce años después seguimos alrededor del 40%. Hemos tenido distintos presidentes, distintos ministros de salud, distintos planes y distintos discursos políticos, pero no una política de Estado sostenida y articulada contra la anemia.

La desnutrición crónica infantil tampoco desaparece. La ENDES 2025 reporta que el 12.1% de menores de cinco años presenta desnutrición crónica. Y nuevamente las desigualdades territoriales son preocupantes: Loreto alcanza 20.8%, Huancavelica 20.3% y Amazonas 17.7%. Sin embargo, durante el debate casi no se habló de inseguridad alimentaria, y ahí está precisamente uno de los principales problemas: seguimos tratando la malnutrición como si fuera únicamente un asunto de suplementos de hierro o campañas temporales.

Pero además de la anemia y la desnutrición, el país enfrenta otra crisis nutricional que tampoco apareció en el debate: el aumento del sobrepeso y la obesidad infantil.

Hace pocos días, el Ministerio de Salud informó que cerca de 150 mil niñas y niños menores de cinco años fueron diagnosticados con exceso de peso durante el 2025. El porcentaje pasó de 8.2% en 2024 a 8.6% en 2025. Además, el propio sector advierte que esta situación incrementa el riesgo de diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares desde edades tempranas.

Esto demuestra que el Perú enfrenta una doble carga de malnutrición, convivimos simultáneamente con anemia, desnutrición y obesidad infantil. Y eso no es casualidad. Es el reflejo de sistemas alimentarios desiguales donde millones de familias acceden a una alimentación mínima, pero no necesariamente a alimentos nutritivos y saludables.

Por eso resulta preocupante que el debate técnico tampoco haya abordado seriamente temas como alimentación saludable, regulación de productos ultraprocesados, prevención de enfermedades crónicas no transmisibles o fortalecimiento de entornos alimentarios saludables.

No hubo metas claras de reducción de anemia o desnutrición para el próximo quinquenio. No se explicó cuánto presupuesto se asignaría ni cómo se financiarían las propuestas. Tampoco se detalló cómo se articularían sectores clave como salud, educación, agricultura, desarrollo social, vivienda, agua y saneamiento.

Ni siquiera se discutió seriamente el fortalecimiento del recurso humano en el sector salud ni las enormes brechas existentes, especialmente en nutricionistas del primer nivel de atención en regiones rurales y amazónicas. Y eso es particularmente grave, porque la lucha contra la anemia y la malnutrición requiere continuidad técnica, presencia territorial y equipos de salud fortalecidos. No puede seguir dependiendo de cambios de ministros, disputas políticas o voluntades temporales.

Las próximas autoridades tienen una enorme responsabilidad histórica, porque la seguridad alimentaria y nutricional no puede seguir siendo tratada como un tema accesorio o asistencial. No estamos hablando solo de alimentación, estamos hablando de aprendizaje, productividad, desarrollo humano, salud mental, pobreza y futuro.

El Perú necesita una verdadera política de Estado contra el hambre y la malnutrición. Una política sostenida, multisectorial, con metas claras, presupuesto protegido, evaluación permanente y continuidad más allá de los cambios de gobierno. Porque mientras la nutrición siga fuera del centro del debate político, millones de niños seguirán creciendo con un derecho básico vulnerado.