Cuando la pobreza se sienta a la mesa

La pobreza monetaria en el Perú bajó de 27.6% a 25.7% en 2025. Leído de manera aislada, el dato podría parecer una buena noticia, porque 567 mil personas salieron de la pobreza respecto al año anterior. Sin embargo, sería un error político y ético convertir esta reducción en motivo de celebración, cuando el país todavía tiene 8 millones 828 mil personas en situación de pobreza y 1 millón 614 mil en pobreza extrema; es decir, personas que no logran cubrir ni siquiera el costo de una canasta básica de alimentos.

La pobreza no debe entenderse solo preguntando cuánto ingreso tiene una familia. También debe analizarse desde su capacidad para acceder a una alimentación adecuada, educación, salud de calidad. En 2025, la línea de pobreza fue de S/ 462 por persona al mes. Es decir, una persona cuyo gasto mensual se encuentra por debajo de ese monto es considerada en situación de pobreza monetaria. Es decir, para una familia de cuatro integrantes, esto equivale a aproximadamente S/ 1848 mensuales solo para no ser considerada pobre. Por otro lado, la línea de pobreza extrema, asociada al costo de la canasta básica de alimentos, fue de S/ 260 por persona al mes. Para una familia de cuatro integrantes, representa alrededor de S/ 1040 mensuales solo para cubrir una alimentación mínima.

Ahí aparece la pregunta de fondo: ¿qué tipo de alimentación se puede garantizar con esos montos? La pregunta es necesaria porque sabemos que llenar el estómago no es lo mismo que garantizar una alimentación saludable, diversa, nutritiva, inocua y culturalmente adecuada. Una alimentación puede parecer suficiente en cantidad, pero ser insuficiente en calidad. Si no incluye alimentos ricos en hierro, proteínas de calidad, frutas, verduras y preparaciones adecuadas para la edad, aumenta el riesgo de anemia, desnutrición y otros problemas que afectan el crecimiento, el aprendizaje y la salud de niñas y niños.

Por eso el cruce entre pobreza, anemia y desnutrición crónica infantil es tan importante. Los departamentos con mayor incidencia de pobreza monetaria en 2025 son Cajamarca, con 41%; Loreto, con 40.1%; Puno, con 37.5%; Pasco, con 36.4%; y Huánuco, con 35.7%. No es casualidad que varios de estos territorios también presenten indicadores nutricionales alarmantes. Según la ENDES 2024, la anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses alcanza 76% en Puno, 62% en Loreto, 54.4% en Pasco, 44.9% en Huánuco y 38.4% en Cajamarca. La desnutrición crónica infantil también golpea con fuerza: Cajamarca registra 20.4%, Loreto 19.5%, Huánuco 16.5%, Pasco 14.1% y Puno 11.5%.

Estos datos muestran una verdad incómoda: la pobreza no solo reduce la capacidad de compra; también deteriora la calidad de la alimentación y condiciona las posibilidades reales de desarrollo. Cuando el ingreso no alcanza, las familias pueden reducir porciones, dejar de comprar alimentos de origen animal, frutas y verduras, reemplazar preparaciones nutritivas por productos más baratos y ultra procesados, o postergar gastos en salud. Y esa decisión es muchas veces es una decisión forzada por la precariedad.

El propio patrón de gasto de los hogares confirma esta presión. En 2025, el 28.6% del gasto real promedio per cápita se destinó a alimentos dentro del hogar; 21.1% a alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; 12.7% a alimentos fuera del hogar; 8.4% a salud; y 7.6% a transporte. Es decir, buena parte del presupuesto familiar se va en sobrevivir: comer, pagar servicios, movilizarse y atender enfermedades.

La pobreza tampoco distingue a la población según su edad, ya que, dentro de la población pobre, el 10.1% tiene de 0 a 5 años, el 12.6% de 6 a 11 años y el 14.9% de 12 a 17 años. En conjunto, el 37.6% de la población en pobreza corresponde a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. Esto debería encender todas las alarmas, la pobreza en la infancia no es solo una carencia temporal; puede afectar el crecimiento, el aprendizaje, la salud, la educación y las oportunidades futuras.

Por eso, reducir la pobreza no puede limitarse a mejorar un indicador anual. El país necesita una política pública que conecte ingreso, alimentación, salud, cuidado, agua segura, saneamiento, educación y desarrollo territorial. La anemia no se resuelve solo repartiendo suplementos si las familias no tienen acceso a alimentos ricos en hierro, servicios de salud oportunos y agua segura. La desnutrición crónica no se combate con bonos si los hogares no cuentan con entornos saludables y protección social efectiva.

Combatir la pobreza exige empleo digno, programas alimentarios fortalecidos, compras públicas articuladas a la agricultura familiar, vigilancia nutricional, educación alimentaria, inversión en agua y saneamiento, y servicios de salud con enfoque preventivo. Pero exige una decisión política: dejar de mirar la alimentación como asistencia y empezar a tratarla como un derecho.

Por eso hay que tener claro que la pobreza también se expresa en la mesa, en la calidad de lo que se come, en el crecimiento de una niña o un niño, en la capacidad de una familia para elegir alimentos saludables y en las oportunidades que se pierden cuando el Estado llega tarde o no llega.