La madrugada de hoy, agentes de la Policía y representantes del Ministerio Público desplegaron un amplio operativo en el Callao, durante el cual incursionaron simultáneamente en veintisiete inmuebles relacionados con investigaciones sobre corrupción en la administración pública. El procedimiento apunta a la presunta existencia de una red criminal integrada por funcionarios y servidores públicos, señalando como presunto cabecilla al actual gobernador regional, Ciro Castillo. La intervención se realizó principalmente en viviendas y oficinas vinculadas a autoridades y empleados del Gobierno Regional del Callao, con el objetivo de reunir pruebas acerca de posibles delitos de colusión y direccionamiento de contrataciones estatales.
Las acciones coordinadas entre las fuerzas del orden derivaron en la detención preliminar de siete personas, todas bajo sospecha de integrar una organización criminal denominada “Los Socios del Callao”. De acuerdo con información de la Fiscalía, la red habría manipulado procedimientos de contratación pública durante el último año, ocasionando un perjuicio al Estado superior a un millón y medio de soles. El operativo, que contó con la presencia de equipos especializados y vehículos policiales, concentró la atención en la residencia de Castillo sin lograr ubicarlo en el lugar, aunque su orden de captura sigue vigente.
Acusaciones de corrupción y órdenes de detención
El expediente fiscal involucra al gobernador regional, Ciro Castillo Rojo, como supuesto líder de “Los Socios del Callao”, red que estaría conformada por empleados y exfuncionarios del gobierno regional. Las autoridades atribuyen a este grupo el fraccionamiento de contratos públicos, adjudicando servicios y compras por montos que no superan las ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), límite que exime a dichas contrataciones del proceso regular de licitación pública. Bajo esta modalidad, según la investigación, los implicados habrían favorecido de manera sistemática a determinados proveedores a través de la emisión de órdenes de compra directas.
Entre los detenidos figuran asesores clave y responsables de oficinas estratégicas, como Jimmy Alexander Boo Cárdenas, asesor del gobierno regional, y Hiromi Zuñiga Jauri, jefa de la oficina de logística, a quienes se señala de coordinar con otros empleados para beneficiar a empresas específicas. Además, la captura alcanzó a encargados de almacén, especialistas en adquisiciones y presuntos proveedores que habrían participado en la red. Las disposiciones judiciales autorizan hasta quince días de detención preliminar, mientras avanza la recopilación de pruebas y toma de declaraciones.
Fraccionamiento de contratos y perjuicio económico
La investigación detalla que durante el periodo comprendido entre 2023 y febrero de 2024, la red habría direccionado compras y contrataciones a través de mecanismos que eludían los controles normativos previstos para montos mayores. La emisión continua de órdenes de compra bajo límites permitidos por ley permitió movilizar cuantiosas sumas a favor de determinadas empresas, aumentando el daño patrimonial al Estado. El Ministerio Público estima que el perjuicio económico supera el millón y medio de soles, al sumar las adjudicaciones repetidas a lo largo del periodo investigado.
Especialistas en logística y responsables de adquisiciones del Gobierno Regional del Callao aparecen entre los principales sindicados. Según fuentes policiales, la coordinación entre distintas áreas facilitó la intervención de proveedores predeterminados, quienes recibieron órdenes de servicio sin participar en procesos competitivos abiertos. Entre las personas detenidas se encuentran encargados de almacén como César Edilberto Arango Waringa y coordinadores de contrataciones como Wilmer Meza Natividad.
Operativo en La Punta y despliegue policial
El megaoperativo se desarrolló en puntos estratégicos de la provincia constitucional del Callao. Uno de los lugares de mayor actividad fue el exterior de la vivienda del gobernador regional, ubicada en la zona residencial de La Punta. Numerosos vehículos oficiales de la Policía y la Fiscalía se desplegaron en la manzana principal, atrayendo la atención de vecinos y medios de comunicación. Equipos del Grupo GRECO y agentes de investigación criminal participaron en la diligencia, resguardando accesos y verificando movimientos en los domicilios allanados.
Durante la jornada, los agentes lograron ingresar al edificio donde reside Ciro Castillo, inspeccionando los ambientes en busca de documentación relevante y otros indicios relacionados con los delitos investigados. Pese al despliegue, el gobernador no fue ubicado en la vivienda, manteniéndose su paradero desconocido. Las diligencias, que continúan bajo la supervisión de la Fiscalía, buscan consolidar los elementos que permitan determinar el grado de responsabilidad de cada implicado.
Implicaciones políticas y antecedentes
El caso ocurre en un contexto marcado por anteriores denuncias y cuestionamientos sobre la gestión de Ciro Castillo al frente del Gobierno Regional. Reportes previos señalan presuntas irregularidades en asignaciones de personal y aumentos salariales dentro del despacho del gobernador. En la actualidad, la investigación fiscal amplía el espectro hacia presuntos delitos contra la administración pública, agregando nuevos involucrados y tipificaciones penales.
La repercusión del caso alcanza tanto a funcionarios en actividad como a proveedores recurrentes, dejando en evidencia problemas de control interno y transparencia dentro del aparato regional. La Fiscalía y la Policía continúan ejecutando las medidas adoptadas, mientras la opinión pública y los organismos de control siguen atentos al desarrollo del proceso judicial.
¿Dónde está Ciro Castillo?
El megaoperativo ejecutado en el Callao estuvo marcado por la ausencia del gobernador en todos los puntos allanados por la Policía Nacional y la Fiscalía. Pese a las acciones simultáneas desplegadas en su vivienda de La Punta y otros inmuebles vinculados a su entorno, los agentes no lograron ubicarlo ni tomar contacto directo. Su paradero se mantiene desconocido, lo que añade tensión al procedimiento legal y complica el avance de la investigación en curso. La falta de información sobre su destino originó especulaciones y movilizó alertas en puestos fronterizos para evitar cualquier intento de salida del país.
La defensa de Castillo, encabezada por el abogado Humberto Abanto, ha evitado proporcionar detalles sobre su ubicación actual. Mientras tanto, la Procuraduría y el Ministerio Público continúan con los operativos e indagaciones, enfatizando la importancia de dar con el paradero del gobernador para asegurar la continuidad del proceso.
¿Cómo operaba la presunta red criminal?
De acuerdo con la investigación policial y fiscal, la organización criminal denominada “Los Socios del Callao” habría implementado un sistema basado en el fraccionamiento de contratos públicos. Los funcionarios sindicados manipulaban procesos para emitir órdenes de servicio y compras menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias, lo que permitía obviar el proceso regular de licitación pública y entregar de manera directa adjudicaciones a empresas previamente seleccionadas. Este esquema benefició de forma sistemática a proveedores con vínculos cercanos a autoridades del gobierno regional, incrementando el daño patrimonial al Estado.
Uno de los componentes más sofisticados de la presunta red consistía en la modificación constante de rubros empresariales en la SUNAT para ajustarse a las demandas de los órganos estatales. Así, las empresas podían acceder a múltiples contratos directos y evitar la competencia, favoreciéndose repetidamente con fondos públicos durante la gestión investigada. Según calculan las autoridades, el perjuicio económico causado supera ampliamente el millón y medio de soles, sumando adjudicaciones fragmentadas a lo largo de un solo año fiscal.
La historia de Ciro Castillo, el padre que luchó por hallar a su hijo
El nombre de Ciro Castillo cobró notoriedad nacional en 2011, cuando encabezó personalmente la desesperada búsqueda de su hijo desaparecido en el valle del Colca. La cobertura mediática, sumada a su inquebrantable determinación y liderazgo en las labores de rescate, convirtieron al médico cirujano en símbolo de perseverancia para miles de familias peruanas. A partir de ese episodio, Castillo pasó de la vida privada a la esfera pública, encarnando el ideal del padre ejemplar dispuesto a movilizar recursos propios y ajenos para alcanzar la verdad.
Aquella dolorosa experiencia marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. El reconocimiento popular que obtuvo por su rol en el caso del Colca lo impulsó a explorar el terreno político. Tras varios intentos, logró acceder a la gobernación del Callao en 2022, con una campaña centrada en la transparencia, la lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana. Sin embargo, su trayectoria ha quedado ahora en entredicho ante las serias acusaciones de presunta participación en una estructura delictiva dentro del propio aparato estatal regional.
