El congresista José Luna Gálvez presentó un recurso de apelación contra la resolución judicial que declaró improcedente su pedido para anular la acusación fiscal en su contra por presuntas irregularidades en la inscripción del partido político Podemos Perú. La Fiscalía le imputa ser presunto autor de los delitos de organización criminal y cohecho activo específico, por los cuales enfrenta un requerimiento de 22 años y ocho meses de prisión. La acusación fue presentada el 18 de julio, tras una investigación que incluye presuntas irregularidades detectadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante el proceso de inscripción de dicha agrupación.
El recurso fue planteado luego de que el juez Jorge Chávez Tamariz, el pasado 6 de noviembre, rechazara una tutela de derechos presentada por la defensa del legislador. Esta tutela buscaba suspender o anular la acusación fiscal, así como dejar sin efecto la disposición fiscal número 18, emitida el 14 de diciembre de 2020, que formaliza y continúa la investigación preparatoria. Para la defensa, la decisión del magistrado vulnera el derecho del investigado a obtener un pronunciamiento de fondo respecto a los cuestionamientos planteados.
Recurso ante instancia superior
En su apelación, la defensa de Luna Gálvez solicitó que la instancia superior revoque la resolución del juez Chávez Tamariz y, en su lugar, declare procedente la tutela de derechos. Asimismo, solicitó que el juez de primera instancia emita un pronunciamiento de fondo sobre los extremos cuestionados del requerimiento fiscal, con el objetivo de que se evalúe la validez de la acusación y, eventualmente, se disponga el archivo total del proceso penal.
Ante este pedido, el magistrado Chávez Tamariz resolvió el 4 de diciembre conceder el recurso de apelación y remitir el expediente a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Esta sala deberá decidir en los próximos días si admite el caso a trámite. De ser aceptado, se convocará una audiencia virtual en la que participarán las partes procesales, a fin de evaluar los argumentos presentados y emitir una resolución definitiva sobre la procedencia o no de la tutela.
Investigación adicional en curso
En paralelo al proceso por la inscripción de Podemos Perú, José Luna Gálvez afronta otra investigación en el Ministerio Público relacionada con los presuntos aportes ilegales de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS. Estos aportes habrían sido destinados a financiar las campañas electorales del primer partido político del legislador, Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014. Dicha investigación preparatoria incluye también a otras personas vinculadas a la organización.
Las autoridades deberán determinar si los elementos presentados por la Fiscalía son suficientes para sustentar las acusaciones en ambos procesos y si corresponde avanzar hacia etapas posteriores. La decisión que tome la Tercera Sala Penal de Apelaciones será clave para definir el rumbo judicial del caso Podemos Perú y los próximos pasos en la situación legal del congresista.
Andrea Vidal denunció a la nuera de José Luna
La abogada y extrabajadora del Congreso Andrea Vidal, cuyo asesinato reveló una presunta red de prostitución dentro del Parlamento, presentó en 2020 una denuncia policial contra Leonor Armes Tovar, actual nuera de José Luna Gálvez, según un informe publicado por Perú21. El vínculo entre Vidal y el entorno de los Luna se remontaba a mayo de 2018, cuando ingresó como asistente legal a la empresa A2 Constructores. De acuerdo con el citado medio, su jefe era Marlon Ninahuanca, militante de Podemos Perú y cercano a la familia, incluido Luis Felipe Luna Morales, hijo del entonces candidato presidencial.
El hecho que originó la denuncia ocurrió el 23 de febrero de 2020, cuando Vidal sufrió una agresión física en un local nocturno de Punta Hermosa, al sur de Lima. El parte policial citado por Perú21 señala que la víctima fue atacada con un objeto contundente, presuntamente una botella, y que la agresora fue retenida dentro del establecimiento antes de la intervención policial. Ambas mujeres fueron trasladadas a la comisaría de la zona, donde permanecieron bajo custodia hasta pasado el mediodía, según el reporte.
Durante la diligencia, los policías consultaron a Armes Tovar sobre el motivo de la agresión; sin embargo, la mujer mantuvo silencio, de acuerdo con la misma documentación policial citada por el medio. El caso forma parte del contexto más amplio que ha vuelto a poner bajo escrutinio los vínculos personales y laborales alrededor de Andrea Vidal tras su asesinato.
