La constructora Obrainsa entregó al Ministerio Público una serie de pruebas —cheques, registros de llamadas y un correo institucional— que, según su defensa legal, acreditan el pago de más de un millón de soles en coimas al entonces gobernador regional de Moquegua, Martín Vizcarra, a cambio de la adjudicación del proyecto Lomas de Ilo. Así lo afirmó el abogado Eduardo Roy Gates, representante de la empresa, quien también aseguró que la evidencia presentada confirma la participación directa del exmandatario en los hechos investigados.
En conversación con RPP, Roy Gates señaló que las pruebas fueron incorporadas dentro del proceso de colaboración eficaz iniciado en 2018 y entregadas formalmente a la Fiscalía dos años después. Según explicó, la decisión de postergar la entrega de documentación se debió al “temor de hablar” que existía en ese momento debido al cargo presidencial. “Vizcarra sabe lo que ha hecho”, afirmó el abogado, al enfatizar que los elementos recabados sustentan de manera sólida la acusación fiscal.
Pruebas del pago de sobornos
De acuerdo con la defensa de Obrainsa, las pruebas presentadas incluyen cheques emitidos por la empresa, así como registros de llamadas y mensajes que, según la versión de la compañía, evidencian comunicaciones directas con Vizcarra antes de la adjudicación del proyecto agrícola. Entre los documentos clave figura un correo institucional mediante el cual Martín Vizcarra solicitó el alquiler de una avioneta, dos días antes de la firma del contrato. El abogado precisó que esta exigencia fue un condicionamiento impuesto por el entonces exgobernador regional. “Él daba la relación de pasajeros y firmaba con saludos, Martín Vizcarra”, detalló.
Roy Gates también indicó que la empresa cuenta con testimonios que corroboran el vínculo directo del exjefe de Estado con las negociaciones. Según sus declaraciones, Vizcarra habría acudido dos veces a la sede de Obrainsa sin la presencia de funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua, un hecho que el abogado calificó como revelador. “Lo han visto las secretarias, lo han visto los conserjes, yendo a la empresa en dos oportunidades”, manifestó durante la entrevista.
Caso Hospital de Moquegua
El caso se amplía con información proporcionada por otra empresa involucrada. Cuando ICCGSA tuvo conocimiento del ingreso de Obrainsa al proceso de colaboración eficaz, también decidió entregar detalles sobre pagos ilícitos vinculados a la adjudicación del Hospital de Moquegua. Según Roy Gates, durante el proceso judicial el exministro de Agricultura, José Hernández, contó que actuó como intermediario de la coima de S/ 1 millón 300 mil solicitada por Vizcarra.
El abogado explicó que, entre 2014 y 2016, los pagos se habrían entregado en sobres manila en la vivienda del también exministro. Estas declaraciones, señaló, se encuentran respaldadas por la documentación presentada ante la Fiscalía. “Finalmente, ha ocurrido un acuerdo de colaboración eficaz de distintos colaboradores, y esto ha pasado por un tamizaje fiscal y una homologación judicial”, enfatizó para RPP.
Condena judicial y valoración de pruebas
A la luz de estas declaraciones y documentos, el Poder Judicial impuso 14 años de prisión a Martín Vizcarra por el delito de cohecho. El abogado penalista Julio Rodríguez consideró que la evidencia presentada por los colaboradores fue determinante para la sentencia. “Las pruebas eran evidentes”, sostuvo para el mismo medio, añadiendo que los testimonios coincidían con otros elementos entregados por la Fiscalía.
Rodríguez destacó que, aunque no es motivo de satisfacción que un expresidente sea condenado, la decisión judicial era inevitable dada la contundencia de los documentos. “Tristemente, no había otra alternativa para los juzgadores”, expresó al evaluar el caso.
Martín Vizcarra en Barbadillo
Tras conocerse la sentencia, Martín Vizcarra fue trasladado al penal de Barbadillo, en Ate, donde ya cumple la condena dictada por la Corte Suprema. Según las autoridades, permanecerá allí mientras avanzan las etapas posteriores del proceso.
De acuerdo con las declaraciones de los letrados, los documentos incorporados al expediente fiscal se han convertido en piezas centrales para comprender el alcance de las imputaciones que recaen sobre el exmandatario, ahora recluido y enfrentando las consecuencias judiciales de los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
