El abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, se pronunció tras la condena de 14 años de prisión dictada por el Cuarto Juzgado Penal Nacional, señalando severas deficiencias en la sustentación de la sentencia. Según afirmó, la resolución “prácticamente solo se sostiene en las afirmaciones del Ministerio Público”, las cuales —indicó— se basan en declaraciones de colaboradores eficaces sin elementos de corroboración periférica.
Siccha remarcó que incluso uno de los magistrados advirtió esta situación y cuestionó que la posición fiscal repose exclusivamente en testimonios no complementados con pruebas adicionales. “La pretensión del Ministerio Público se sostiene en las versiones solo de los colaboradores eficaces, sin elementos de corroboración periférica”, sostuvo durante su intervención ante la prensa.
Supuestos errores jurídicos
El abogado también calificó como “grave” la forma en que los jueces sustentaron la ejecución provisional de la sentencia. Explicó que el tribunal citó el artículo 57 del Código Penal, una norma —puntualizó— que no regula la ejecución provisional de condenas, sino la suspensión de la ejecución de la pena. “Los jueces penales confunden instituciones procesales absolutamente distintas para sustentar, primero, la efectividad hoy mismo de esta condena”, señaló.
Para Siccha, este error refleja problemas más profundos en el manejo jurídico del caso y abre la puerta a una eventual corrección en segunda instancia. “Esa confusión gravísima creo que va a ser revertida por la Sala Superior”, sostuvo, al considerar que la decisión no respetó rigurosidad jurídica ni probatoria.
Anuncio de apelación
El abogado confirmó que presentarán la apelación “en el término de la ley”, apenas se produzca la notificación formal de la sentencia. Explicó que la defensa cuenta con cinco días para interponer el recurso, más dos días adicionales por tratarse de una notificación electrónica. “Lo vamos a procurar presentar en el menor tiempo posible, porque creemos que una persona inocente no puede estar privada de su libertad”, afirmó.
Asimismo, criticó que los magistrados hayan modificado la imputación referida al denominado “hecho dos”. Según indicó, la acusación inicial nunca sostuvo que Vizcarra condicionó la buena pro, sino la suscripción del contrato. No obstante, la resolución —señaló— no habría desarrollado explicación alguna sobre ese aspecto. “Esto a nosotros nos parece sorprendente”, expresó.
Abogado denuncia trato desigual
Siccha también cuestionó la valoración que el tribunal hizo sobre la presencia de Vizcarra en Moquegua los días 5 y 6 de noviembre de 2013. Afirmó que a la defensa se le exigió acreditar de manera específica la fecha y la hora, a pesar de que —según afirmó— el 6 de noviembre “ha quedado plenamente acreditado” que el expresidente se encontraba en dicha región.
En contraste, señaló que la Fiscalía sí se le aceptaron pruebas basadas en fechas imprecisas, lo que calificó como un “doble rasero”. “El Ministerio Público presenta prueba de fechas imprecisas y a la defensa [...] le piden haber acreditado específicamente la hora y la fecha”, manifestó. La defensa insiste en que estas inconsistencias serán parte de los argumentos que presentarán ante la Sala Superior durante el proceso de apelación.
Condenan a Martín Vizcarra
El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a 14 años de prisión al expresidente Martín Vizcarra por el caso Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, ordenando la ejecución inmediata de la pena al no cumplirse los requisitos para una suspensión. Además, dispuso nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una reparación civil de 2 millones 336 mil soles que deberá ser asumida por el exmandatario y las empresas involucradas, salvo ICCGSA, excluida por contar con una sentencia de colaboración eficaz.
El tribunal consideró probado que Vizcarra solicitó el 2% del presupuesto de la obra Lomas de Ilo a Paul Tejada, exgerente de Obrainsa, para no objetar la adjudicación y otorgar la buena pro, pago que incluyó el alquiler de una avioneta y un millón de soles. Durante la lectura de la sentencia, se determinó además que el expresidente pidió un total de 2,3 millones de soles en coimas a Obrainsa e ICCGSA para la adjudicación de las obras investigadas.
