La Contraloría General de la República advirtió en un informe que numerosos agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) asignados a patrullas motorizadas desempeñan sus labores sin elementos básicos de protección. El documento de inspección elaborado por la entidad fiscalizadora, al que se accedió recientemente, constató que comisarías de distritos clave como Monterrico, Surco y La Molina presentan carencias de cascos, varas, escudos policiales y guantes de seguridad durante un periodo en el que el país enfrenta un estado de emergencia por el avance del crimen organizado.
Equipamiento mínimo incumplido
Según la Contraloría, la revisión realizada en la Comisaría Monterrico demostró que los agentes motorizados no disponen de varas de ley, escudos policiales, cascos ni guantes, elementos considerados indispensables por la normativa vigente. El propio personal reconoció al órgano fiscalizador que estos implementos “no son proporcionados por la institución, sino adquiridos por cada agente”, en una declaración que evidencia la transferencia de responsabilidades por parte de la administración.
José Palacios, director del colectivo La Voz de la Policía, afirmó que “el efectivo policial no puede salir al servicio policial sin lo que por ley corresponde”, refiriéndose al derecho del personal a contar con armamento, vestimenta y equipos garantizados por la autoridad. Según Palacios, la situación actual fuerza a los efectivos a destinar recursos propios para suplir estas necesidades básicas, una práctica que afecta no solo a la operatividad, sino también al bienestar de los funcionarios.
Comisarías con recursos deteriorados
La inspección de la Contraloría detectó escenarios similares en otras dependencias del distrito de Surco, específicamente en la comisaría Sagitario, y en unidades de La Molina, donde además quedó constatada la presencia de equipamiento dañado. Entre los hallazgos se cuentan siete varas, de las cuales tres presentaban sujeciones rotas, y dos cascos con viseras defectuosas. En estos contextos persiste la pregunta de cómo pueden los agentes enfrentar la criminalidad sin recursos óptimos.
El propio Palacios expuso: “Los policías, como personas y funcionarios públicos, están amarrados de pies y manos porque no solamente no cuentan con el equipo para el cumplimiento de sus funciones, sino además no cuentan con el apoyo y el amparo legal que le debe dar el Estado”. El malestar se intensifica ante la exigencia de que parte del personal administrativo realice traslados y guardias uniformados “sin haber recibido uniformes, equipamiento, medios de comunicación ni armamento”.
Demoras en la asignación de armamento y protección
Pese a las recientes declaraciones del presidente José Jerí sobre el fortalecimiento de la capacidad operativa de la policía, la distribución de los insumos anunciados por el Gobierno permanece en suspenso. Palacios sostuvo que los más de dos mil fusiles de asalto, miles de uniformes y cuatro mil chalecos antibala entregados este mes aún no han llegado a las comisarías; estos equipos permanecen almacenados y solo están destinados, en su mayoría, a unidades especializadas. Los chalecos donados por organizaciones internacionales tampoco se han distribuido a la totalidad de efectivos.
Además, explicó que existen cerca de treinta ambulancias asignadas a la PNP por el Ministerio del Interior que llevan cinco meses estacionadas y sin operar en las instalaciones del hospital policial.
Infraestructura y presupuesto, problemas persistentes
La Contraloría reportó en varias comisarías motocicletas y camionetas fuera de servicio, así como deficiencias graves de infraestructura como techos húmedos, ventanas sin vidrios y cables expuestos. Algunas sedes funcionan en inmuebles declarados inhabitables por las propias municipalidades. El informe indica que al menos diez comisarías están catalogadas como de alto riesgo de colapso, mientras que solo el veinte por ciento del presupuesto previsto para infraestructura policial fue ejecutado hasta la fecha.
El director de La Voz de la Policía identificó como responsables de la situación a excomandantes generales como Óscar Arriola Delgado y autoridades actuales del alto mando policial.
Modificaciones legislativas y retos en seguridad
En este contexto, el Gobierno presentó en el Congreso una propuesta para otorgar facultades legislativas en materia de seguridad, que incluye la desaparición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y su reemplazo por la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, argumentó que el actual instituto no responde a las nuevas realidades delictivas y requiere una reestructuración profunda para enfrentar los retos de seguridad pública.
Mientras tanto, miles de efectivos permanecen en servicio bajo condiciones de riesgo y sin los implementos y recursos necesarios para afrontar la delincuencia y proteger a la ciudadanía.
