El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) ha solicitado a las empresas operadoras la suspensión inmediata de líneas móviles asociadas a delitos graves como extorsión, secuestro y sicariato. Esta medida se ejecuta en el contexto del estado de emergencia vigente y responde a requerimientos conjuntos presentados por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público (MP).
Acciones implementadas en el marco del estado de emergencia
Desde la declaración del estado de emergencia, el OSIPTEL ha solicitado la suspensión de un total de 3766 servicios móviles. Las autoridades reportaron que estas líneas fueron identificadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público como herramientas empleadas en actividades delictivas.
La medida se fundamenta en lo dispuesto por el Decreto Supremo n.° 124-2025-PCM, modificado posteriormente por el Decreto Supremo n.° 127-2025-PCM, que fortalece la capacidad del Estado para intervenir en situaciones que comprometan la seguridad ciudadana.
Según explicó Tatiana Piccini, directora de Atención y Protección del Usuario del OSIPTEL, las empresas operadoras deben informar diariamente a la autoridad reguladora sobre la ejecución efectiva de la suspensión de las líneas móviles involucradas. Este reporte diario permite mantener el control sobre el cumplimiento de la disposición y sirve de insumo para el seguimiento de los resultados de la estrategia.
Comercialización y control de chips telefónicos activados
La legislación modificada otorga a la Policía Nacional del Perú la facultad de requerir que el OSIPTEL ordene la interrupción inmediata de líneas que correspondan a chips telefónicos comercializados previamente activados. Este mecanismo busca neutralizar una práctica identificada por los organismos de seguridad, consistente en la venta de chips que ya se encuentran listos para ser usados en operaciones ilegales.
Durante los operativos, la PNP notifica al OSIPTEL sobre las características técnicas de los equipos y chips incautados. Este flujo de información permite la identificación precisa de los servicios móviles que deben ser intervenidos y contribuye a la sistematización de los hallazgos derivados de las acciones policiales.
Responsabilidad de las empresas operadoras
Las empresas operadoras de telefonía asumen la responsabilidad sobre todo el proceso de comercialización y contratación del servicio móvil, lo que incluye la identificación y el registro de abonados y personal autorizado. El regulador exige a estas compañías asegurar que ningún canal de venta permita la activación de líneas de manera irregular o sin el debido registro de identidad.
El OSIPTEL ha destacado la importancia de una coordinación estrecha entre el regulador, la Policía Nacional y el Ministerio Público para garantizar la eficacia de la medida. Jesús Guillén, presidente ejecutivo (e) de la entidad supervisora, subrayó que este trabajo coordinado refuerza la confianza de la población en las instituciones y en la capacidad estatal para actuar contra la delincuencia.
El reporte oficial precisa que ya se han solicitado más de 3700 suspensiones de servicios móviles durante el actual periodo de estado de emergencia, evidenciando los resultados tangibles de la estrategia implementada en el Perú.
En tanto, durante octubre de 2025, más de 538.000 líneas móviles en el Perú cambiaron de empresa operadora a través del mecanismo de portabilidad numérica, según datos oficiales del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). Este flujo constante de portaciones, que se mantiene por encima del medio millón mensual desde mayo, refleja la intensa competencia entre compañías del sector por atraer y retener usuarios.
