La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía contra Cristian Villanueva Aguilar, conocido como Crhiss Vanger, por operar presuntamente como institución financiera ilegal y captar fondos de más de 160 personas, sumando un millón y medio de soles.
La investigación involucra al influencer peruano, quien utilizó su popularidad en redes sociales, especialmente TikTok, para ofrecer supuestas oportunidades de inversión a sus seguidores. De acuerdo con la SBS, este caso marca un precedente, ya que por primera vez la entidad acciona penalmente contra una persona natural por captar dinero sin autorización bajo la figura de institución financiera ilegal.
El modus operandi de Crhiss Vanger
Crhiss Vanger, nombre con el que Cristian Villanueva Aguilar se identificaba en redes, promocionó un esquema de inversión llamado Vanger Haus. Según testimonios recogidos, cientos de jóvenes, estudiantes y trabajadores transfirieron montos que iban desde S/ 1.500 hasta 30.000 a una cuenta personal controlada por Villanueva, siguiendo instrucciones recibidas principalmente a través de WhatsApp.
El influencer aseguraba que podía lograr retornos mensuales del 10 % por inversiones desde S/ 5.000. A los clientes, les prometía la devolución íntegra del capital junto a intereses y les hacía firmar contratos que incluían cláusulas de confidencialidad. Algunos documentos establecían penalidades de hasta 15.000 dólares si se rompía el silencio respecto a las condiciones de la inversión.
Entre las supuestas víctimas se encuentran madres solteras, estudiantes universitarios y médicos, quienes entregaron sus ahorros e incluso recursos destinados a tratamientos médicos. Al inicio, algunos percibieron pagos, pero estos cesaron en pocos meses, generando desconfianza y dando paso a reiteradas denuncias de incumplimiento.
Reacciones de la SBS y allanamiento de evidencias
Para la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, los hechos constituyen una infracción grave a la normativa financiera peruana. De acuerdo con Daniel Reátegui, vocero de la entidad: “Es un delito, el de instituciones financieras ilegales, donde la SBS, en representación del Estado, es la agraviada. El agravante es el uso de medios de comunicación para captar fondos”.
El funcionario precisó que la captación de dinero por vías informales representa un riesgo considerable para quienes confían en promesas de rentabilidad que no corresponden a la realidad del mercado financiero formal. La SBS incluyó a Villanueva en el listado oficial de captadores informales, advirtiendo sobre el peligro de las inversiones no reguladas.
La evidencia presentada ante la fiscalía destaca que la operatoria se realizó fuera de sociedades debidamente constituidas y que la totalidad de los fondos se depositaron en una cuenta personal. Según registros oficiales, el monto total captado superó 1,5 millones de soles.
Denuncias colectivas, contratos restrictivos y paradero incierto
El Ministerio Público admitió una denuncia colectiva presentada por víctimas agrupadas en una comunidad virtual. Los contratos entregados a los inversionistas no fueron notariados y carecían de respaldo empresarial o financiero. Diversos denunciantes relataron que, al intentar recuperar su dinero, recibieron excusas y versiones sobre bloqueos bancarios o atrasos administrativos.
Durante las semanas previas al escándalo, Crhiss Vanger habría adquirido un departamento en San Isidro y un auto de lujo por más de 85.000 soles. Las transacciones serían producto de los fondos obtenidos de sus seguidores.
La última salida internacional de Villanueva Aguilar está registrada con destino a Colombia, el 4 de octubre de 2025. Aunque el influencer emitió videos negando que haya huido y calificando las acusaciones como una campaña para difamarlo, su paradero es incierto y no ha respondido oficialmente ante la Fiscalía.
Qué deben hacer las víctimas y próximos pasos judiciales
La SBS confirmó que continuará recibiendo denuncias y consultas de los afectados, a quienes recomienda reunir contratos, comprobantes y cualquier documentación relacionada bajo la presunción de una “estafa agravada y apropiación ilícita”. Las autoridades recordaron que la captación de dinero con promesas de altos intereses fuera del sistema regulado constituye un delito sancionado con hasta ocho años de prisión.
Los afectados pueden presentar sus pruebas ante el Ministerio Público. El proceso judicial busca determinar responsabilidades y sanciones, así como esclarecer el destino de los fondos entregados y la magnitud patrimonial del influencer investigado.
