El Congreso de la República aprobó con 90 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.º 12723, que propone establecer medidas extraordinarias para combatir la extorsión y el sicariato en el sector transporte público y de carga. La norma fue exonerada de una segunda votación y busca enfrentar el crecimiento del crimen organizado que afecta a conductores, empresarios y pasajeros.
La iniciativa legislativa fue presentada por José Jerí Oré, actual presidente del Congreso y encargado temporalmente de la Presidencia de la República. El texto, que consta de seis artículos y dos disposiciones complementarias finales, fue trabajado por las comisiones de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, así como por la de Transportes y Comunicaciones.
Sustento del proyecto e inseguridad
Durante la sesión plenaria, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Karol Paredes Fonseca, explicó que la norma responde a una necesidad urgente frente a un fenómeno criminal estructural y organizado, que ha extendido su control sobre rutas, terminales y concesiones. Según informó, el texto aprobado fue consensuado con los ministerios del Interior, Transportes y Comunicaciones, Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el MEF y los gremios de transportistas.
“Las extorsiones y sicariatos en el transporte público afectan no solo la economía popular, sino también el principio de seguridad jurídica y el derecho fundamental a la vida”, señaló Paredes Fonseca durante su exposición. Agregó que la ley permitirá al Estado actuar de manera preventiva y coordinada, fortaleciendo la seguridad ciudadana y la lucha contra las mafias que imponen cobros ilegales a transportistas.
El dictamen surge en un contexto crítico. Entre agosto de 2024 y octubre de 2025, se documentaron más de 128 víctimas de atentados vinculados a mafias del transporte, con 65 fallecidos en Lima y Callao, según los registros incluidos en el proyecto.
Principales medidas aprobadas
La norma plantea una serie de mecanismos de control y prevención dirigidos a frenar la infiltración del crimen organizado en el transporte urbano y de carga. Entre las medidas destacan:
- Creación del Registro Nacional de Empresas de Transporte Vulnerables, administrado por el Ministerio del Interior, para identificar y monitorear a las compañías expuestas a extorsión o infiltración criminal.
- Intervención temporal de rutas y concesiones en casos donde se detecte riesgo delictivo comprobado o vinculación con redes de sicariato.
- Intercambio de información entre la SUNAT, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Policía Nacional, con el fin de detectar operaciones sospechosas de lavado de activos o financiamiento ilícito.
- Supervisión especial de terminales y puntos críticos bajo responsabilidad del Ministerio del Interior, con apoyo de inteligencia policial y fiscalías especializadas en crimen organizado.
Enfoque legal contra la extorsión
La presidenta de la Comisión de Defensa aclaró que las medidas extraordinarias no sustituyen el marco penal ordinario, sino que lo fortalecen con herramientas de coordinación e inteligencia operativa. El propósito, dijo, es reforzar las capacidades del Estado frente a estructuras criminales que operan de forma sostenida y organizada dentro del transporte público.
“Esta ley constituye una respuesta constitucionalmente legítima y técnicamente necesaria para restaurar la confianza en el Estado y garantizar el orden interno”, sostuvo Paredes Fonseca, recordando que el artículo 44 de la Constitución impone al Estado la obligación de proteger la seguridad ciudadana como bien jurídico superior.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Transportes, Juan Carlos Mori Celis, destacó que la aprobación del dictamen responde a los acuerdos adoptados en siete mesas de trabajo entre el Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y los gremios de transportistas.
Objetivos de la nueva ley
Mori Celis explicó que el objetivo principal de la norma es establecer un marco legal extraordinario que permita prevenir, enfrentar y reparar los efectos de la criminalidad organizada en el sector transporte. “Con la aprobación de esta ley se cumple lo acordado el 2 de octubre. El Estado contará con herramientas para actuar de forma articulada, con énfasis en la prevención financiera y operativa”, subrayó.
El congresista agregó que el cobro de cupos se ha convertido en un sistema criminal de control económico y territorial, lo que demanda acciones urgentes. “Hay una insuficiencia del marco legal actual. Las normas vigentes no permiten una acción integral ni preventiva frente a delitos como la extorsión y el sicariato, que afectan gravemente la seguridad ciudadana y el derecho al trabajo”, concluyó.
