El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, confirmó que el actual gobierno ha decidido no retomar el proyecto de reapertura del penal de El Frontón, argumentando que su ejecución sería “demasiado cara” para el Estado. En entrevista con Canal N, el premier sostuvo que los recursos destinados a esa iniciativa podrían emplearse con mayor eficiencia en la construcción de nuevos centros penitenciarios.
“Es una decisión tomada. No retomaremos el proyecto porque es demasiado caro, y con ese dinero se pueden construir dos penales”, afirmó Álvarez, al remarcar que el Ejecutivo busca optimizar el gasto público en materia de infraestructura penitenciaria. El jefe del Gabinete explicó además que ya existe un terreno destinado para un penal en Ica, cuya ejecución está pendiente de destrabarse.
El titular de la PCM también se pronunció sobre otras medidas contra el crimen, como la propuesta de instaurar la pena de muerte en el país, la cual descartó categóricamente. Según sostuvo, esta medida no tiene un efecto disuasivo sobre los delincuentes y, por el contrario, puede convertirlos en símbolos de admiración en ciertos sectores delictivos.
El Frontón seguirá cerrado
La iniciativa de reabrir El Frontón había sido promovida durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte, con el argumento de reforzar la capacidad penitenciaria del país. Sin embargo, el actual Gabinete considera que existen alternativas más viables económica y logísticamente para atender el problema de hacinamiento carcelario.
Álvarez Miranda destacó que su gestión apuesta por proyectos realistas y sostenibles, señalando que el gasto público debe priorizar inversiones que tengan impacto directo en la seguridad ciudadana y en la mejora del sistema judicial. “No podemos seguir impulsando obras faraónicas que terminen paralizadas o que consuman recursos que podrían destinarse a soluciones más efectivas”, puntualizó para el citado medio.
Rechaza la pena de muerte
En otro momento de la entrevista, el premier descartó que el gobierno impulse la aplicación de la pena de muerte para criminales, al considerar que esta sanción no cumple una función preventiva. “El problema de la pena de muerte es que no disuade al violento, al reincidente, al que ya ha sido capturado mentalmente por la violencia. Al contrario, lo convierte en héroe y su rostro aparece en los murales del Callao y las zonas peligrosas”, explicó Álvarez.
El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sostuvo que el enfoque debe centrarse en la efectividad del sistema penal, con procesos más cortos y sentencias firmes. “Lo ideal son penas efectivas, procesos penales cortos, que no tengan 40 tipos de audiencia distintos y que los fiscales asciendan por el número de sentencias condenatorias que han conseguido, no por los años de investigaciones que prolongan”.
Asimismo, propuso una reforma meritocrática en el sistema judicial que premie la celeridad y responsabilidad de los jueces. “Los jueces deben ascender por la rapidez de sus procesos penales llevados con responsabilidad, no por su cercanía con los medios o el mundo político”, agregó.
Sobre la Corte IDH
En relación con la posibilidad de un eventual retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Álvarez descartó que el tema haya sido tratado en el Consejo de Ministros. “Sobre el retiro de la Corte IDH, no se ha conversado en absoluto en el Gabinete ni tampoco sé lo que piense el presidente porque no lo hemos conversado”.
Por otro lado, el premier también se refirió a la situación económica del país y a las leyes con impacto fiscal aprobadas por el Congreso, advirtiendo que el Perú se encuentra “en la línea roja” en materia presupuestaria. “Yo entiendo perfectamente a los congresistas, que deben representar a sus electores, pero esto tiene que ser proporcional a los informes del MEF. Si se rompe el equilibrio presupuestal, entramos nuevamente en un ejercicio populista”, continúo.
Álvarez adelantó que el Ejecutivo evalúa llevar al Tribunal Constitucional (TC) algunos casos emblemáticos de leyes con costo fiscal para salvaguardar la estabilidad económica. “La clave de la constitución económica es el mandato de equilibrio presupuestal. No podemos seguir gastando en forma indiscriminada, populista, o terminaremos afectando a toda la sociedad”.
“Queremos dejar un legado”
Finalmente, el jefe del Gabinete destacó que la prioridad del gobierno de José Jerí no es la permanencia en el poder, sino la ejecución de medidas concretas en favor de la seguridad ciudadana y la estabilidad económica. “La prioridad es dejar un legado inmediato para el Perú, especialmente en la lucha contra la criminalidad. No vamos a ceder ante la violencia ni a comprometer el futuro del país”, afirmó.
En contraste, Álvarez criticó a la administración de Dina Boluarte, a la que acusó de haber intentado perpetuarse en el cargo. “El gobierno anterior quería quedarse cueste lo que cueste. Nosotros no vamos a afectar el marco constitucional ni a dejar una bomba de tiempo para el siguiente gobierno”, señaló.
El premier concluyó que su gestión aplicará una política de austeridad y responsabilidad fiscal. “No estamos en el plan de seguir gastando de forma indiscriminada. El Perú necesita reglas de austeridad, y es lo que vamos a aplicar”, puntualizó.
