La justicia de Ucayali confirmó una sentencia por homicidio culposo contra el médico José Félix Anicama Pardo, quien fue hallado responsable de la muerte de un menor de edad tras una intervención quirúrgica en la Clínica Juan Pablo II de Pucallpa. La decisión fue emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones en Adición Liquidadora, que ratificó la condena de un año de pena suspendida y aumentó el monto de la reparación civil a S/ 350.000, la cual deberá ser pagada de manera solidaria entre el médico y el centro médico privado.
El fallo judicial fue sustentado por el fiscal adjunto superior Héctor Jonathan Bazalar Corcino, de la Primera Fiscalía Superior Penal de Ucayali, quien demostró que la muerte del menor fue consecuencia de una cadena de negligencias médicas cometidas tanto en la atención inicial como durante la cirugía. Según el Ministerio Público, la actuación del médico no cumplió con las normas básicas de su profesión ni con los protocolos de atención clínica, lo que derivó en el fatal desenlace.
Los magistrados Federik Randolp Rivera Berrospi, Marco Antonio Espíritu Matos y Damián Rosas Torres coincidieron en que el acusado inobservó las reglas elementales de su labor profesional, lo que configuró el delito de homicidio culposo previsto en el Código Penal. La resolución establece además que el pago de la reparación civil deberá realizarse en un plazo máximo de seis meses.
Deficiencias en la atención médica
De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron en julio de 2018, cuando el menor R.S.D.M. fue llevado por su madre a la Clínica Juan Pablo II debido a un cuadro de dolor abdominal y diarrea. En la primera atención, realizada el 18 de julio por el pediatra Julio César Zelada Aliaga, se emitió un diagnóstico confuso de “diarrea aguda infecciosa”, sin que se realizaran los exámenes clínicos esenciales como hemograma, análisis de orina o de heces.
Los informes periciales del Ministerio Público señalaron que en esta primera consulta no se evaluó correctamente el nivel de deshidratación ni el dolor abdominal, síntomas clave que pudieron advertir un cuadro de abdomen agudo quirúrgico. La atención fue catalogada como deficiente e incompleta, y el tratamiento aplicado no se ajustó a las guías clínicas del Ministerio de Salud.
Al día siguiente, el 19 de julio de 2018, el menor regresó a la clínica con un agravamiento evidente de su estado. Fue evaluado por el médico Víctor Miguel Peña Vañez, quien recomendó una cirugía de emergencia. Posteriormente, el cirujano José Félix Anicama Pardo confirmó el diagnóstico de apendicitis con peritonitis y dispuso la operación, sin considerar la necesidad de referir al paciente a un hospital con mayor capacidad para atender casos críticos.
Irregularidades en la cirugía y diagnóstico
Durante la intervención quirúrgica, la Fiscalía detectó múltiples irregularidades en los registros médicos y en la clasificación del riesgo quirúrgico. El informe judicial precisó que el riesgo cardiovascular fue clasificado erróneamente como grado I, pese a que el estado clínico del menor correspondía a un nivel de riesgo mucho mayor. Además, no se registraron los riesgos neumológicos ni anestesiológicos, documentos obligatorios en toda cirugía.
El reporte operatorio también presentaba inconsistencias, incluyendo la ausencia de la firma y sello del anestesiólogo y la falta de descripción de las complicaciones preoperatorias. Estas omisiones fueron consideradas determinantes en la evolución adversa del paciente, que terminó falleciendo horas después de la operación, tras ser trasladado de emergencia al Hospital Regional de Pucallpa.
El fiscal Bazalar Corcino argumentó que la omisión de referir al menor a un centro de mayor complejidad y la falta de registros médicos completos configuraron un claro caso de negligencia médica. La Sala Penal coincidió en que el médico condenado actuó con imprudencia profesional grave, incumpliendo los protocolos exigidos en procedimientos quirúrgicos pediátricos.
Responsabilidad compartida
Además del médico, el tribunal declaró responsable solidario al Centro Médico Quirúrgico Juan Pablo II E.I.R.L., que deberá asumir junto al galeno el pago de la reparación civil a favor de la familia del menor. Los magistrados consideraron que la clínica no garantizó la adecuada supervisión ni el cumplimiento de las normas médicas internas, permitiendo que se ejecutara una cirugía sin los requisitos mínimos de seguridad.
El fallo de segunda instancia ratifica la obligación de los centros de salud privados de velar por la calidad de los servicios médicos que ofrecen, así como de supervisar la actuación de su personal en cada procedimiento quirúrgico. La resolución también enfatiza la importancia de respetar las guías clínicas y protocolos de diagnóstico, especialmente en pacientes pediátricos.
