El director del penal de Chincha, Juan Lenin Herrera Rozas, recibió en su teléfono celular videos donde delincuentes armados lo amenazan de muerte para evitar el traslado del interno Edinson Pier Flores Pinto, conocido como “Cabezón Pier”. Este hecho se enmarca en las acciones de reestructuración impulsadas durante el último mes en el Centro Penitenciario de Chincha, bajo la dirección del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Amenazas directas por operativos de control en cárceles
Tras asumir su cargo hace aproximadamente un mes, Herrera Rozas puso en marcha una política de redoblada fiscalización interna para erradicar hechos ilícitos, alineada con la estrategia de lucha contra la corrupción penitenciaria liderada por el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco. Como consecuencia de estos operativos se intensificó la detección de sustancias prohibidas, artículos ilegales y la identificación de internos involucrados en delitos graves.
La más reciente medida consistía en el traslado de “Cabezón Pier”, quien purga prisión por homicidio calificado y robo agravado. Este recluso aparece en antecedentes ligados al asesinato del teniente de la Policía Nacional del Perú, Ilichts Castilla Lévano, y del dirigente sindical Miguel Santillán Reymundo, ocurridos el 3 de marzo en Chincha. Flores Pinto fue señalado como el supuesto autor de los disparos en ese ataque, motivo por el cual su permanencia en el penal fortalece la estructura delincuencial interna, según las investigaciones realizadas por las autoridades.
Videos con amenazas armadas
Las intimidaciones contra las autoridades penitenciarias tomaron forma de videos enviados al celular personal de Herrera Rozas. En las grabaciones, sujetos armados exhiben pistolas, municiones y dirigen mensajes explícitos advirtiendo represalias mortales no solo contra el director, sino también contra el jefe de seguridad. Los grupos criminales advierten que si se concreta el traslado de Flores Pinto, atentarán contra la vida de los funcionarios involucrados en la decisión.
Este intento de coacción tiene lugar en el contexto de las operaciones anticorrupción desarrolladas desde la jefatura del INPE y tras la reciente presentación, en abril de 2024, de Flores Pinto como uno de los presuntos autores materiales de crímenes relevantes en la región Ica. En ese operativo, las fuerzas policiales incautaron dos fusiles mini Uzi, tres pistolas, miles de cartuchos, un chaleco antibalas y 1.500 ketes de pasta básica de cocaína, lo que refuerza la peligrosidad atribuida a la banda ligada al interno.
Respuesta oficial y refuerzo de investigaciones
Ante los hechos, el INPE emitió un pronunciamiento público donde rechaza toda forma de amenaza o intimidación dirigida a quienes ejercen funciones penitenciarias. “La institución expresa su respaldo total a los funcionarios y asegura que no cederá ante ninguna presión de redes criminales”, precisó el comunicado.
En respuesta inmediata, Iván Paredes Yataco, presidente del Instituto, ordenó el envío de personal de la Oficina de Asuntos Internos al penal de Chincha para recolectar información, examinar las circunstancias de las amenazas y coordinar acciones con las autoridades competentes. Las investigaciones buscan identificar redes delictivas que persisten dentro y fuera del penal, así como garantizar medidas de protección a los funcionarios expuestos.
El INPE ratificó que mantendrá el esquema de intervenciones y anuncios de traslado de internos catalogados de alta peligrosidad, sosteniendo que estas acciones son necesarias para restablecer el control en las cárceles y contribuir a la seguridad ciudadana.
La situación del penal de Chincha ilustra el nivel de riesgo que enfrentan los funcionarios penitenciarios en el Perú, al tiempo que evidencia la incidencia de redes criminales que buscan influir sobre decisiones institucionales a través de amenazas y acoso directo.
