En el Perú, las obligaciones financieras no son eternas. El Código Civil peruano establece un límite temporal para que los acreedores puedan exigir el cumplimiento de una deuda, lo que otorga a los deudores una posibilidad legal de liberarse de sus compromisos bancarios después de un tiempo determinado. Se trata del proceso de prescripción de deudas, una figura jurídica que, aunque poco conocida, tiene implicaciones significativas tanto en el ámbito financiero como en el historial crediticio de las personas.
Según la normativa vigente, las deudas bancarias prescriben después de 10 años contados desde el momento en que el deudor incumple con su obligación de pago. Una vez transcurrida esa década, el acreedor pierde el derecho a iniciar acciones judiciales para exigir el cumplimiento de la deuda. En otras palabras, la deuda se extingue legalmente, otorgando un respiro a quienes enfrentan dificultades económicas o cargas financieras imposibles de asumir.
Sin embargo, esta extinción no ocurre de manera automática. Para que la deuda sea declarada prescrita, el deudor debe presentar una solicitud ante un tribunal. Solo cuando el juez reconoce la prescripción, la obligación de pago desaparece oficialmente. Este procedimiento convierte la prescripción en una herramienta accesible solo para quienes pueden afrontar el proceso legal y presentar los documentos correspondientes.
Deuda desaparece, pero no del todo
Aunque la prescripción extingue la obligación de pagar, su efecto no se traduce en una limpieza inmediata del historial crediticio. Según explicó Javier Mori, gerente legal de Equifax, las entidades financieras y las centrales de riesgo como Infocorp mantienen el registro de las deudas impagas durante un máximo de cinco años, incluso después de que la deuda haya prescrito judicialmente.
“Es importante entender que la prescripción no borra el rastro de la deuda en los sistemas financieros, y por lo tanto puede seguir afectando la calificación crediticia del deudor”, detalló Mori. Esta situación implica que, aunque el acreedor ya no pueda exigir el pago, los antecedentes negativos permanecen visibles para las entidades bancarias, lo que puede limitar el acceso a nuevos créditos, préstamos personales o hipotecas.
Por lo tanto, la prescripción representa un alivio legal más que financiero. El deudor puede quedar libre de demandas o embargos, pero su reputación crediticia continúa afectada. Este impacto puede mantenerse durante varios años, afectando su capacidad de reinsertarse plenamente en el sistema financiero.
Endeudamiento crece en Perú
El contexto económico del país muestra que el endeudamiento personal ha alcanzado niveles preocupantes. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el endeudamiento promedio de los ciudadanos peruanos equivale al 29,4% de sus ingresos mensuales. Este nivel de carga financiera se atribuye a factores como la pérdida de poder adquisitivo, los imprevistos económicos y la dependencia del crédito para cubrir gastos básicos.
Frente a este panorama, la prescripción se percibe como una salida legal para personas sobreendeudadas, permitiéndoles liberarse de una carga que no pueden afrontar. Sin embargo, los especialistas advierten que este recurso debe considerarse como una última opción, dado que implica un largo proceso judicial y no soluciona las secuelas crediticias que deja una deuda impaga.
Además, las dificultades de acceso a la justicia y la falta de conocimiento sobre los procedimientos legales hacen que muchos deudores no puedan beneficiarse de esta figura. En la práctica, solo una minoría logra completar el proceso de prescripción, mientras la mayoría sigue cargando con los efectos financieros y emocionales del endeudamiento.
Embargos salariales y consecuencias
Mientras tanto, las entidades financieras cuentan con mecanismos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones antes de que ocurra la prescripción. Uno de los más comunes es el embargo salarial, que permite retener una parte del ingreso mensual del trabajador para cubrir la deuda pendiente.
Según la normativa peruana, los bancos solo pueden embargar salarios cuando el monto supera los S/2.575 mensuales, equivalentes a cinco Unidades de Referencia Procesal (URP). Esta medida busca equilibrar el derecho del acreedor a recuperar su dinero con la protección mínima de los ingresos del deudor. No obstante, para muchos trabajadores, esta retención representa un golpe directo a su estabilidad económica y al presupuesto familiar.
En ese sentido, aunque el Código Civil establece un límite temporal a la exigencia de deudas, el camino hacia la prescripción no es sencillo ni inmediato. Requiere de un proceso judicial, conocimiento legal y, sobre todo, la capacidad de enfrentar las consecuencias crediticias que esta decisión conlleva. Para muchos peruanos, el verdadero desafío no es solo pagar la deuda, sino recuperar la confianza del sistema financiero después de haberla dejado atrás.
