El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, dispuso finalmente la devolución de los celulares a la familia de Alan García. Según se conoció, los hijos y herederos del exmandatario solicitaron en tres oportunidades que los equipos les fueran entregados. En esta última ocasión, el Ministerio Público accedió a su pedido y emitió el documento que confirma la entrega.
Los aparatos habían sido confiscados el 17 de abril de 2019, el mismo día en que García terminó con su vida cuando agentes de la fiscalía y la policía llegaron a su domicilio para ejecutar una diligencia de allanamiento. Aquella incautación se produjo en el marco de las investigaciones por presuntos sobornos de la constructora Odebrecht relacionados con la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima y la carretera Interoceánica Sur.
Vínculo de los celulares con las investigaciones
Los dispositivos móviles formaban parte de las pesquisas contra Luis Nava Guilbert, exsecretario presidencial de García, y otros implicados por el presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado. Para el Ministerio Público, el contenido de los teléfonos podía contener pruebas relevantes sobre posibles actos de corrupción.
En mayo de 2024, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la resolución del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria que autorizaba el levantamiento del secreto de las comunicaciones de ambos equipos. Según el tribunal, la medida estaba “debidamente fundamentada” y respondía a la necesidad de esclarecer las irregularidades vinculadas a Odebrecht.
Apelaciones de la familia
La familia del expresidente —incluyendo a la exprimera dama Pilar Nores y a sus hijos Alan García Nores, Josefina García Nores y Carla García Buscaglia— había apelado la decisión judicial. Argumentaban que resultaba “desproporcionado e ilegal” intervenir los teléfonos de una persona fallecida, dado que “con su muerte se extinguió la acción penal”.
El abogado de la familia, Éramo Reyna, enfatizó que se trataba de una medida sin precedentes, pues afectaba derechos post mortem. Sin embargo, la Sala Penal declaró infundada la apelación y sostuvo que la medida era legítima, ya que los teléfonos habían sido utilizados en vida por el exmandatario y podían contener elementos que contribuyeran a la investigación.
Largo proceso llega a su fin
El Ministerio Público justificó la intervención de los equipos en tanto podrían contener pruebas relacionadas con presunto lavado de activos, mediante empresas off shore ligadas a Odebrecht y a otros investigados como Faresh Miguel Ayala Herrera. En ese sentido, la fiscalía consideraba que su análisis era necesario para coadyuvar al esclarecimiento de los hechos.
Finalmente, tras un prolongado proceso judicial y luego de que los peritajes fueron practicados, los celulares de Alan García fueron devueltos a sus herederos. “Tres veces pidieron los teléfonos, pero esta vez, la tercera fue la vencida”, se señaló desde el entorno de la familia.
El caso Odebrecht continúa abierto para los excolaboradores de García y otros implicados en proyectos de gran envergadura, pero los teléfonos del exmandatario ya no forman parte de la investigación.
