La incertidumbre se ha apoderado del Mercado Minorista Número 1 de La Victoria, en Lima, tras el anuncio de la modernización del histórico centro de abastos, en la zona conocida como La Parada. Los comerciantes, agrupados en una asociación formal, han expresado su preocupación y rechazo ante lo que califican como una falta de transparencia y ausencia de diálogo previo por parte de la Municipalidad de Lima y la empresa concesionaria Invermet.
Comerciantes piden transparencia en el proceso
De acuerdo con representantes de los comerciantes de La Parada, existe una coincidencia sobre la necesidad de modernizar el mercado. Aseguran que la infraestructura ha quedado limitada frente a la demanda actual, por lo que una renovación permitiría mejorar las condiciones para vendedores y clientes. Sin embargo, critican los procedimientos adoptados por las autoridades: “Nos quieren desalojar sin una reunión formal, sin explicarnos los detalles. Todo parece que se hace al caballazo, igual que el tren”, declaró uno de los voceros de la asociación a Buenos Días Perú.
Los afectados remarcan que apoyaron la candidatura de Rafael López Aliaga a la Alcaldía de Lima, bajo el compromiso de que cualquier proceso de remodelación sería consensuado. Según sus testimonios, ese acuerdo hoy se ha roto. “El alcalde prometió construir el nuevo mercado en conjunto, con participación de la junta directiva y respeto a la ley 26569, que otorga derechos de propiedad y preferencia de compra a los arrendatarios directos”, precisó uno de los dirigentes durante una reunión con la prensa.
Reclamos y demandas de los locatarios
Más de 3.170 comerciantes formales permanecen a la espera de información clara sobre su destino. Los arrendatarios aseguran que pagan entre 51 y 180 soles mensuales según el tamaño del puesto, y entregan recibos de la Municipalidad de Lima, documentando su formalidad. En sus palabras: “No somos ambulantes, no somos informales. Las empresas nos compran y emitimos boletas y facturas”.
Los vendedores también cuestionan el manejo de recursos. Alegan que la rehabilitación, limpieza y seguridad del recinto ha corrido por su cuenta durante ochenta años, pese a los pagos regulares de alquiler. Sostienen además que, aunque existe un expediente técnico y presupuesto aprobado para la renovación eléctrica, las autoridades no han ejecutado la obra.
Uno de los puntos más álgidos señala la falta de comunicación oficial respecto al mercado de contingencia en el parque del Migrante, que la Municipalidad de Lima planea instalar mientras duren las obras. “Nos enteramos por la televisión que supuestamente nos van a trasladar en diciembre o enero, pero nadie nos ha citado ni informado formalmente. Hay rumores, pero nada concreto”, sostuvo un dirigente.
Preocupación por los puestos que quedarían fuera
Según lo anunciado por las autoridades municipales, el mercado temporal tendría aproximadamente dos mil puestos, lo que deja fuera a más de mil comerciantes. La dirigencia exige una mesa de trabajo urgente, alegando que la reciente ordenanza 2720 no fue consensuada y los obliga a firmar contratos desfavorables. “Eso significa un desalojo sistemático”, expresó un vocero.
Además de los reclamos sobre la venta de los nuevos puestos y la necesidad de priorizar a los actuales arrendatarios, los locatarios solicitan que la Municipalidad respete la ley que les otorga la primera opción de compra. Exigen precios justos, proceso transparente y diálogo directo con el alcalde López Aliaga.
Próximos pasos y petición a las autoridades
En medio del proceso de modernización del Mercado Minorista La Parada, que iniciaría en diciembre según lo proyectado, los comerciantes aguardan una convocatoria formal. El pedido central se orienta a establecer una mesa de trabajo donde se aclaren las condiciones, se presenten alternativas para todos los locatarios y se explique el destino de quienes quedarían excluidos del mercado provisional.
“Transparencia, información y respeto a la ley”, resumen los representantes como demandas prioritarias para evitar que su traslado ocurra sin garantías, improvisación o pérdida de derechos adquiridos a lo largo de ocho décadas.
