La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó este martes el dictamen de los proyectos de ley N.º 09110, 09129 y 09149, que proponen modificar el Código Penal para endurecer las penas contra el delito de sicariato. En la sesión ordinaria, la comisión aprobó, por mayoría, un aumento en la pena privativa de libertad para los responsables de este delito, elevándola de 25 a 30 años de cárcel, como parte de un esfuerzo por fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada.
Además de la modificación del artículo 108-C del Código Penal, la iniciativa incluye la tipificación de nuevas modalidades delictivas vinculadas al sicariato.
Dentro de las reformas aprobadas, se introdujeron cambios en el tipo agravado del delito, incorporando a las bandas criminales como actores responsables de este delito. De acuerdo con el dictamen, muchas de estas bandas, al igual que las organizaciones criminales, ordenan la ejecución de sicariatos para eliminar rivales delictivos, ajustar cuentas o por otras motivaciones relacionadas con actividades ilícitas.
Agravantes para cadena perpetua
Asimismo, se incluyeron dos nuevas agravantes que conllevan la pena de cadena perpetua. La primera se aplica cuando el sicariato se comete contra personas que desempeñan funciones públicas o realizan actividades comerciales o empresariales. El segundo caso se refiere a los casos en que la orden para cometer el sicariato provenga desde el interior de un penal.
El dictamen resalta que estas nuevas agravantes responden a la creciente preocupación por el control que los cabecillas de las organizaciones criminales ejercen desde las cárceles. A pesar de estar privados de libertad, muchos de estos líderes continúan dando instrucciones para cometer homicidios y otros delitos, lo que perpetúa la violencia y dificulta el accionar de las fuerzas del orden.
Otros proyectos de ley aprobados
Durante la misma sesión, la Comisión de Justicia también aprobó otros proyectos de ley que buscan reforzar la seguridad y la protección de los derechos de las víctimas. Entre los proyectos aprobados se encuentra una propuesta para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, que incluye medidas para combatir el ciberacoso y la regulación del denominado “botón de pánico”. Este dispositivo permitirá a las víctimas de violencia alertar a las autoridades de manera inmediata y obtener ayuda.
En el marco de la misma reunión, también se discutieron y aprobaron otras propuestas. Se avanzó en un proyecto que propone modificar el Código Civil, a fin de incorporar la cancelación de registros de actos jurídicos nulos por mandato judicial, lo que mejorará la transparencia y la administración de la justicia registral. Además, se aprobó un proyecto que crea un Plan Integral de Reparaciones (PIR) para ampliar el marco temporal de las víctimas de violencia desde 1980.
Líneas de emergencia PNP
El Gobierno de Perú ha implementado la Central 111 de la Policía Nacional como una medida para fortalecer la seguridad ciudadana y responder de manera más ágil a delitos como la extorsión. Este servicio gratuito y confidencial está disponible las 24 horas, permitiendo a las víctimas denunciar extorsiones y recibir protección inmediata. Los ciudadanos también pueden enviar pruebas, como audios y videos, para respaldar sus denuncias y facilitar la intervención de las autoridades.
Además de esta línea, existen otros canales para reportar casos de extorsión y recibir asistencia. La Línea 1818 está habilitada como línea de emergencia, mientras que el número 942841978 ofrece contacto directo para este tipo de delitos. Las comisarías de cada distrito también sirven como puntos de denuncia, y los Departamentos de Investigación Criminal (Depincri) cuentan con unidades especializadas en extorsión para abordar estos casos de manera más efectiva.
Otros números de emergencia:
- Cuerpo General de Bomberos: 116
- Centro de Emergencia Mujer: 100
- SAMU (Atención Móvil de Urgencias): 106
- Hospital Nacional de Emergencias: 113
