El exrector de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Santos Montaño Roalcaba, falleció este domingo después de varias semanas con su salud seriamente deteriorada. La noticia fue confirmada por su hijo, el exalcalde de Bernal, Boris Montaño, quien publicó en redes sociales una foto acompañada del mensaje: “Descansa, papá”.
Montaño Roalcaba, matemático y docente principal, ocupó diversos cargos en la UNP, entre ellos, director del Instituto de Enseñanza Preuniversitaria (Idepunp) y de la Escuela de Posgrado, antes de convertirse en rector. Precisamente, durante este último cargo fue grabado recibiendo una coima de 10 mil soles en efectivo dentro de las oficinas del campus.
El escándalo estalló en agosto de 2024, cuando el programa Cuarto Poder difundió imágenes que mostraban a la exautoridad académica guardando fajos de billetes que había recibido directamente de un proveedor, en presencia de su asesor. En el video, Montaño exigía que no hubiera intermediarios y que el dinero le fuera entregado personalmente. El proveedor indicó que el pago correspondía a servicios ya realizados para la universidad.
Tras la emisión del reportaje, Montaño Roalcaba renunció al cargo y pasó a cumplir una orden de detención domiciliaria. Fue arrestado incluso cuando se encontraba internado en una cama del área de diálisis del Hospital Cayetano Heredia de Piura. La detención fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y aceptada por el órgano judicial.
El exrector, quien permaneció detenido con vigilancia policial en dicho hospital, fue posteriormente vinculado a una presunta red de tráfico de influencias que buscaba mantenerlo en el poder, a pesar de que la extinta Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) no reconocía su nombramiento.
El caso
Según las investigaciones, Montaño Roalcaba y su coordinador, Roberto Mendoza, habrían gestionado contactos con congresistas como Esdras Medina y Álex Paredes, integrantes de la Comisión de Educación, con el objetivo de consolidar su posición como rector. La aprobación de la controvertida Ley 31520, que modificó el consejo directivo de la Sunedu, permitió que Manuel Castillo, abogado personal de Montaño, fuera designado como jefe de dicha entidad. Poco después, ambos congresistas fueron homenajeados por la UNP con el grado de honoris causa.
En febrero de 2025, el juez Christian Azabache, de la Corte Superior de Justicia de Piura, emitió una sentencia condenatoria contra por el delito de cohecho pasivo impropio, que se produce cuando un funcionario acepta un beneficio a cambio de realizar o abstenerse de llevar a cabo una acción relacionada con su cargo.
El exrector enfrentaba una pena de tres años y cuatro meses de prisión, cuya ejecución fue suspendida bajo ciertas condiciones. El fallo incluyó también una reparación civil de S/ 60,000, el pago de 271 días multa (S/ 2,547.40) y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo.
En ese momento, el estudiantado expresó su profundo malestar y manifestó sentirse avergonzado por la conducta de su máxima autoridad. “Nos da vergüenza porque están tomando el nombre de nuestra universidad. No es algo nuevo para nosotros. Esta noticia de que tenemos autoridades corruptas, todos los universitarios se la saben, pero ahora a nivel nacional (con ese video difundido) ya todos lo saben”, dijo una dirigente estudiantil a Canal N.
Tras la noticia de su muerte, a través de un comunicado, las autoridades de la UNP expresaron sus condolencias a los deudos y resaltaron la carrera de Montaño Roalcaba. “En su trayectoria académica y profesional, fue docente principal de la Facultad de Ciencias (...) ¡Dios lo reciba en su Sagrado Reino!“, se lee en la misiva.
