Cinco trabajadoras del banco BBVA Perú están siendo investigadas por su presunta participación en un hurto sistemático de más de S/500 mil, fraude informático y suplantación de identidad. La investigación, que ya se encuentra en manos del Ministerio Público, involucra a varias empleadas de una de las agencias del banco en Chiclayo, donde se descubrió una serie de irregularidades que habrían permitido la sustracción de grandes sumas de dinero.
Según información difundida por el diario Correo, las acusadas son Annie Krisley Guerrero Montenegro, Rocío del Pilar Seminario Chávez, Erika Elizabeth Inoñán Chapoñán, Marleny del Rocío Gonza Ruíz y Luz Katerine Montenegro Zapatel. Las imputadas habrían llevado a cabo una serie de operaciones fraudulentas que resultaron en la desaparición de dinero de las bóvedas y de los cajeros automáticos, y en la manipulación de cuentas bancarias sin el consentimiento de los clientes. La magnitud de los actos delictivos está en proceso de determinarse, pero se estima que el monto total de lo sustraído supera el medio millón de soles.
Detección del fraude
El hecho fue descubierto el 3 de diciembre de 2024, cuando la unidad DAR (Departamento de Análisis y Riesgos) del banco BBVA al realizar una revisión rutinaria de los controles de la agencia de la avenida Augusto B. Leguía en Chiclayo, detectó una alerta por un faltante de S/5.500 correspondiente a una remesa del 28 de noviembre de 2024. Este hallazgo inicial dio pie a una investigación más profunda, durante la cual se descubrió que en la misma oficina faltaban otros montos significativos de dinero.
El arqueo de las cuentas reveló que, además del faltante de más de cinco mil soles, se habían detectado otros montos irregulares, como los S/328.000 en la bóveda y el dinero de los cajeros automáticos, así como S/325.800 y S/4.985,62 en caja. Estos faltantes se atribuyen principalmente a las operaciones irregulares realizadas presuntamente por Rocío del Pilar Seminario Chávez, una de las trabajadoras bajo investigación. Los detalles del caso indican que los montos robados no siguieron el flujo de control que establece la normativa interna del banco, lo que agravó la situación.
Acción irregular de la subgerente interina
Uno de los puntos clave en la investigación es la falta de acciones por parte de la subgerente interina de la oficina, Annie Krisley Guerrero Montenegro. A pesar de que se detectaron los faltantes, Guerrero Montenegro no remitió el formulario de quiebre de caja, lo que debía haber activado el protocolo de investigación interno del banco. La ausencia de esta medida contribuyó a que las irregularidades pasaran desapercibidas por más tiempo, lo que habría facilitado la manipulación de fondos por parte de las trabajadoras involucradas.
Por otro lado, también se señala que Guerrero Montenegro habría tenido acceso reiterado a la bóveda, lo que en condiciones normales estaría restringido, especialmente en ausencia de la subgerente titular. En varias ocasiones, la investigada accedió a la bóveda acompañada de Seminario Chávez, sin que se llevara a cabo el control dual adecuado que exige la normativa interna del banco.
Las cámaras de seguridad, que registraron las actividades en la oficina, mostraron que las empleadas entraron en la bóveda en múltiples ocasiones sin la presencia de otros empleados y en áreas de la agencia sin cobertura visual completa, lo que habría facilitado el presunto hurto.
Falta de control en las operaciones
Además de la manipulación de los fondos, se detectaron irregularidades en las operaciones de ventanilla. Según los registros de las cámaras de seguridad, hubo transacciones realizadas sin la presencia de los clientes, lo que indicaría que las operaciones fueron fraudulentas. Estas prácticas ilegales habrían permitido la creación de cuentas, la emisión de tarjetas y la concesión de préstamos sin que los titulares de las cuentas estuvieran presentes o autorizaran estas gestiones.
Las acusadas habrían concedido estos servicios sin la verificación biométrica de los clientes, lo que constituye una violación de los protocolos de seguridad del banco. Además, se descubrió que los procesos no siguieron los pasos de verificación exigidos para asegurar la autenticidad de las solicitudes, lo que facilitó la suplantación de identidad y el fraude dentro de la entidad financiera.
