Una conocida empresa de transporte público en el distrito de Chorrillos, identificada como “La 49″, mantiene suspendidas sus operaciones desde hace una semana. Según denunció uno de sus representantes en conversación con Latina, la paralización se debe a las constantes amenazas y extorsiones por parte de bandas criminales. Esta situación ha dejado sin sustento económico a cerca de 50 conductores que forman parte de la flota de la empresa.
Los trabajadores, que habitualmente cubren la ruta entre Chorrillos y San Martín de Porres, decidieron no salir a trabajar por temor a represalias violentas. “Los operadores están con miedo, en verdad, por el tema de estas extorsiones que están asesinando día a día a los operadores”, declaró el representante de la empresa, quien pidió mantener su identidad en reserva.
La empresa “La 49″ no es un caso aislado. Según cifras difundidas por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), al menos el 50% de las líneas afiliadas han reportado haber sido víctimas de extorsión. En el caso específico, los representantes señalaron que las amenazas comenzaron hace casi tres años y que, desde entonces, han tenido que efectuar pagos diarios de hasta diez soles por unidad para evitar agresiones.
“Las extorsiones se han legalizado”
Uno de los voceros afirmó que estos pagos eran exigidos por individuos que interceptaban los vehículos de transporte público en avenidas como Matellini, Caminos del Inca o San Luis. “Nos plaqueaban por cada placa… diez soles diarios es lo que se paga. Y si no pagaban, simplemente iban a atentar contra la integridad de cualquiera de ellos”, sostuvo para el citado medio.
En ese sentido, el transportista señala que, con el incremento de los casos de extorsión pese a las acciones de las autoridades, han optado por consiliar con estas bandas criminales por miedo a las represalias.
“Este problema ya no es novedad. Yo creo que el tema de las extorsiones, lamentablemente, se ha legalizado. Lo único que nos queda a nosotros es negociar con ellos y pagar si hay que pagar. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Sin embargo, cuando aparece otra banda —o incluso una tercera— ya se vuelve prácticamente imposible para nosotros seguir pagando a todos.”, expresó.
Línea contra extorsiones no contesta
Durante el reportaje transmitido por Latina, se realizaron llamadas en vivo a la línea 111 que supuestamente debería responder ante casos de extorsión, sin obtener respuesta. “Estamos en una zona de varios terminales terrestres… pero no ha pasado ni un solo patrullero. Llevamos como 3 horas aquí”, comentó el periodista. La empresa confirmó que ya no esperan respaldo oficial, pues incluso cuando han tratado de comunicarse previamente, sus llamadas han sido derivadas al buzón de voz.
Algunos conductores aseguraron que las recomendaciones de las autoridades han sido ineficaces. Según indicaron, la única orientación recibida fue la de contratar seguridad personal para cada unidad de transporte, lo que es económicamente inviable para una flota numerosa y sin ingresos fijos. “No podemos contratar seguridad privada para cada uno”, afirmaron durante la cobertura en vivo.
Como resultado de esta crisis, varios gremios han convocado un paro regional de transportistas programado para este jueves 10 de abril. La empresa “La 49″ ha confirmado su participación, sumándose a otras 460 empresas que, según la Asociación Nacional de Transportistas, también acatarán la medida. La paralización busca llamar la atención de las autoridades y exigir una respuesta estructural ante el incremento de la delincuencia organizada en el sistema de transporte público.
Bloquean Faucett en protesta por conductor asesinado
En horas de la mañana de hoy, martes 8 de abril, el Callao fue escenario de dos nuevos ataques vinculados a la extorsión en el sector transporte. En menos de dos horas, los conductores Daniel Suárez y Luis Chinchay fueron acribillados. Suárez falleció en el acto, mientras que Chinchay fue trasladado al Hospital Centro Médico Naval, en San Miguel, donde permanece internado por heridas de bala.
El doble atentado, atribuido a mafias del cobro de cupos, desató la indignación de transportistas, familiares y vecinos, quienes responsabilizan al gobierno de Dina Boluarte por su aparente indiferencia frente al avance del sicariato. Como medida de protesta, los manifestantes bloquearon la avenida Elmer Faucett para exigir mayor seguridad y acciones concretas por parte del Estado.
Durante la movilización, los manifestantes intentaron detener a otros vehículos e instaron a los pasajeros a unirse a la protesta, lo que generó tensión en la zona. La PNP y las Fuerzas Armadas intervinieron para liberar la vía a la altura de la avenida Venezuela, lo que derivó en enfrentamientos con los manifestantes.
