
El Pleno del Congreso de la República se reúne esta tarde para debatir y votar una nueva acusación constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, quien enfrenta señalamientos por siete presuntos delitos vinculados al escándalo conocido como ‘Vacunagate’, en el que se le acusa de haberse vacunado de manera irregular contra la Covid-19 y de haber favorecido a la empresa china Sinopharm.
El informe final que recomienda acusarlo por organización criminal, concusión, colusión agravada, cohecho pasivo propio, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y falsificación de documentos, fue aprobado el pasado 19 de febrero por la Comisión Permanente del Congreso, y el 5 de marzo el Consejo Directivo del Parlamento determinó que el debate y la votación se realizarían este miércoles.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), María Acuña, y el congresista Jorge Montoya, del grupo parlamentario Honor y Democracia, serán los encargados de sustentar la acusación ante el pleno. Aunque el acusado fue invitado al Pleno, a fin de que ejerza su derecho a defensa, remitió un documento aclarando que no asistirá.
Su decisión ya había sido anunciada a través de su cuenta oficial de X, donde publicó la carta que envió al titular del Poder Legislativo, argumentando que, a través del escrito del 11 de julio de 2021, renunció a la prerrogativa del antejuicio político “con la finalidad de que los cargos imputados puedan ser investigados por el Ministerio Público sin sesgos políticos y sin la necesidad de trámites previos o dilataciones innecesarias”.

En el documento, también aclara que conforme al Tribunal Constitucional la renuncia genera que todo lo actuado sea automáticamente remitido al fiscal de la Nación. “Por dicha razón, la no remisión evidencia el sesgo político con el que se viene actuando”, expuso. Cabe mencionar que, luego de ser leída ante el Pleno, la vicepresidenta Patricia Juárez decidió que la sesión continúe.
Detalles de la acusación
La denuncia sostiene que el expresidente Vizcarra utilizó su influencia para acceder a las dosis de la vacuna de Sinopharm sin ser parte de los ensayos clínicos que se realizaban en el país. “El presidente Vizcarra tenía influencias reales y se benefició con la dosis de Sinopharm (…) Además, quedó demostrado que nunca fue registrado como voluntario de los ensayos”, afirmó María Acuña, presidenta de la SAC, durante la presentación del informe final el 19 de febrero.
La acusación también señala que Vizcarra habría fabricado un documento con el propósito de engañar a la opinión pública y ocultar su presunta responsabilidad en los hechos. “Fabricó un documento con la intención dolosa de engañar a la opinión pública y, de ese modo, ocultar su delito”, agregó Acuña.
Como se recuerda, el informe se elaboró a partir de denuncias presentadas por los excongresistas María Teresa Cabrera Vega, quien actualmente forma parte de la Junta Nacional de Justicia, así como por Jesús Orlando Arapa Roque y Rubén Ramos Zapana. Estas denuncias fueron evaluadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que determinó la existencia de elementos suficientes para proceder con la acusación.

‘Vacunagate’
El escándalo conocido como ‘Vacunagate’ sacudió al país en 2021, cuando se reveló que altos funcionarios, políticos y sus allegados habían accedido de manera irregular a las vacunas contra la Covid-19 de Sinopharm, mientras el resto de la población esperaba su turno en medio de la crisis sanitaria. En el caso de Martín Vizcarra, se le acusa de haberse vacunado junto con su esposa y su hermano, sin que sus nombres figuraran en los registros oficiales de los ensayos clínicos.
Este caso generó una fuerte indignación en la ciudadanía y abrió múltiples investigaciones tanto a nivel político como judicial. La actual acusación constitucional busca determinar si Vizcarra incurrió en delitos penales al aprovechar su posición de poder para beneficiarse de las vacunas y, presuntamente, favorecer a la farmacéutica china.