Nuevas revelaciones de testigos protegidos presentadas por el Ministerio Público señalan al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por presuntamente haber cobrado US$ 20 mil para influir en decisiones del Tribunal Constitucional (TC) y beneficiar a un policía acusado de pertenecer a una organización criminal.
El fiscal adjunto supremo Luis Ballón sustentó en la audiencia de impedimento de salida del país, que en enero de 2024, el jefe del Ministro del Interior habría recibido miles de dólares. El representante del Ministerio Público presentó pruebas que incluyen mensajes de WhatsApp, audios y transcripciones de conversaciones que, según la Fiscalía, demostrarían negociaciones ilícitas por parte de Santiváñez cuando aún ejercía como abogado antes de asumir su cargo ministerial.
La Fiscalía sostiene que Santiváñez habría solicitado pagos para influir en el Tribunal Constitucional y otros entes del ámbito judicial en favor de su cliente, el policía Miguel Marcelo Salirrosas, quien fue condenado a 27 años de cárcel en 2021 por integrar la organización criminal “Los Injertos de K&K”, sería el principal beneficiado de estas acciones. Según las investigaciones, el titular del Mininter habría solicitado US$ 20 mil como pago adicional a los honorarios legales de su cliente para garantizar una resolución favorable en su caso ante el TC.
Evidencias presentadas por Fiscalía
Se presentaron una serie de evidencias que apuntan a la implicación de Santiváñez en un esquema de corrupción. Se han incluido más de mil mensajes de WhatsApp, 77 audios y 34 documentos en formato PDF que muestran las negociaciones entre Santiváñez y los familiares de Salirrosas. Los registros, que datan de enero de 2024, incluyen conversaciones en las que el Mininter habría asegurado conocer el estado de los trámites judiciales de su cliente en el TC y promete agilizar el proceso a cambio de los pagos solicitados.
Uno de los elementos clave en esta investigación son las capturas de pantalla de las transferencias bancarias realizadas.“Entre el 18 y 19 de enero de 2024, la señora de Marcelo depositó 20 mil dólares, primero de 10 mil dólares, luego de 9.700 dólares y un tercero de 300 dólares. Después del depósito del 19 de enero, la esposa envió las capturas de pantalla a Santiváñez”, contó el fiscal.
Caso de Miguel Marcelo Salirrosas
Miguel Marcelo Salirrosas es un policía que en 2021 fue condenado por su pertenencia a la organización criminal “Los Injertos de K&K”, dedicada a actividades como el sicariato, el asalto y la extorsión en la región de La Libertad. A pesar de la gravedad de los cargos, Salirrosas contó con la representación legal de Juan José Santiváñez, quien, según Fiscalía, habría continuado su labor de abogado mientras ya desempeñaba funciones en el gobierno.
No obstante, pese a la supuesta influencia de Santiváñez, el 7 de marzo del 2024 el recurso de agravio constitucional fue declarado infundado, los mismo ocurrió con el recurso de aclaración en mayo.
Presunta continuidad de funciones
A pesar de haber asumido el cargo de ministro del Interior, Santiváñez continuó su vinculación con el caso de Salirrosas. Según la Fiscalía, el ministro, aún en su rol público, gestionó un cambio de pabellón para el expolicia dentro del penal de El Milagro en Trujillo, lo que le permitió pasar de un régimen cerrado a uno más flexible.
Además, señaló que en septiembre de 2024, el ministro se reunió con un testigo que participaba en la defensa de Salirrosas para coordinar la presentación de un nuevo recurso ante el máximo tribunal de la Constitución.
El testigo grabó dicha reunión en la que Santiváñez habría mencionado que, gracias a su posición como ministro, tenía acceso directo a miembros del TC y a otros actores clave en el sistema judicial. De hecho, según el testimonio del testigo, el ministro llegó a mencionar a una funcionaria del Tribunal, a quien habría favorecido previamente con una escolta policial.
Solicitud de impedimento de salida del país
Dado el avance de la investigación y la gravedad de las pruebas presentadas, la Fiscalía solicitó al Poder Judicial impedimento de salida del país contra Juan José Santiváñez mientras se desarrollan las indagaciones. El fiscal Luis Ballón argumentó que el ministro podría obstaculizar el proceso si tuviera la posibilidad de salir del país.
El pedido de impedimento de salida fue discutido en una audiencia pública, en la que la defensa del ministro, encabezada por la abogada Virginia del Pilar Nava, rechazó la solicitud y cuestionó la legalidad de las pruebas presentadas. La defensa argumentó que no se había demostrado que los pagos realizados por la familia de Salirrosas estuvieran relacionados con un intento de influir en decisiones judiciales, calificando las pruebas como insuficientes para justificar el impedimento de salida.
