En un contexto económico caracterizado por altos niveles de endeudamiento, conocer los derechos legales relacionados con las deudas bancarias es esencial para los peruanos. El Código Civil de Perú regula de manera precisa la prescripción de deudas, un proceso legal que permite a los deudores eliminar sus obligaciones después de un tiempo determinado. Esta normativa, que depende del tipo de deuda, brinda seguridad a quienes atraviesan dificultades financieras, aunque genera dudas sobre cómo afecta el historial crediticio y los procedimientos judiciales relacionados
Según el Código Civil de Perú, las deudas bancarias tienen un plazo de prescripción de 10 años. Esto significa que, pasada una década desde el incumplimiento de una obligación financiera, el acreedor pierde la facultad de exigir el pago de la deuda a través de acciones legales. Para los deudores, este plazo constituye una especie de “fecha de caducidad” que, una vez alcanzada, permite que la deuda quede legalmente extinguida.
Si el acreedor no ha iniciado acciones judiciales dentro de este período, el deudor tiene la posibilidad de solicitar la prescripción de la deuda ante un tribunal. De ser aceptada la solicitud, la deuda se extinguirá oficialmente, liberando al deudor de la obligación de pago. Sin embargo, esta extinción legal no significa que la deuda desaparezca completamente. Aunque el deudor ya no estará obligado a pagar, la información sobre la deuda continuará registrada en su historial crediticio, lo que podría generar consecuencias negativas para futuras solicitudes de crédito.
Deudas eliminadas, pero no olvidadas
Aunque la prescripción de una deuda bancaría otorga alivio al deudor al eliminar la obligación de pago, es importante señalar que el historial crediticio no queda limpio de inmediato. Según los expertos, la información sobre la deuda permanecía registrada en las centrales de riesgo, como Infocorp, por un periodo de tiempo específico. Esto significa que, aunque la deuda ya no sea exigible, el deudor podría enfrentar dificultades al intentar acceder a nuevos créditos, como préstamos personales o incluso una hipoteca.
El gerente legal de Equifax, Javier Mori, señaló en una entrevista con Utileinteresante.pe que las entidades financieras mantienen los registros de las deudas impagas en su base de datos por un máximo de cinco años, independientemente de que la deuda haya sido extinguida.
“Es importante entender que la prescripción de la deuda no elimina su rastro en el historial crediticio, lo que puede seguir afectando la calificación financiera del deudor”, explicó Mori. Esta situación puede dificultar el acceso a nuevos financiamientos y, en algunos casos, incluso generar una percepción negativa sobre la solvencia del individuo.
Endeudamiento en Perú: un desafío para muchos ciudadanos
El aumento del nivel de endeudamiento entre los peruanos es una tendencia preocupante. De acuerdo con un informe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), dicho indicardor ha llegado a niveles cercanos al 29.4% de los ingresos de los ciudadanos, lo que coloca a muchos en una situación financiera comprometida. Este incremento se ha debido a una combinación de factores, como la falta de ingresos suficientes, una mala administración del dinero, e imprevistos financieros que obligan a las personas a recurrir al crédito.
En este contexto, la prescripción de las deudas bancarias se convierte en una herramienta clave para aquellos que no pueden cumplir con sus obligaciones. La posibilidad de que las deudas sean extintas después de diez años ofrece una especie de respiro a los deudores, permitiéndoles dejar atrás una carga financiera, aunque con las implicaciones en su historial crediticio mencionadas previamente. Sin embargo, este respiro no es inmediato y requiere que los deudores tomen acciones legales para solicitar la prescripción ante los tribunales.
Embargos salariales y otras consecuencias
A pesar de que las deudas prescriben tras diez años, los deudores deben tener en cuenta que, mientras tanto, las consecuencias legales por el incumplimiento pueden ser graves. En algunos casos, las entidades financieras pueden recurrir a embargos salariales para cobrar la deuda, lo que afecta directamente los ingresos del deudor. La normativa vigente en Perú establece que instituciones como la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las entidades financieras tienen la facultad de retener un porcentaje de los salarios de los trabajadores.
Por ejemplo, en el caso de los bancos, el embargo de salarios solo es posible si el salario mensual del trabajador supera los S/2.575 (equivalente a 5 Unidades de Referencia Procesal - URP). Esta medida busca asegurar el cumplimiento de las deudas, incluso en situaciones donde los deudores no puedan realizar los pagos de manera voluntaria.
Este tipo de embargos puede generar grandes dificultades financieras para los trabajadores, quienes podrían verse obligados a ajustar su presupuesto para hacer frente a las deducciones salariales. Por lo tanto, aunque la prescripción de la deuda pueda eliminar la obligación legal de pagar, las consecuencias económicas derivadas de un historial crediticio negativo siguen siendo una preocupación relevante.
