Aunque la Policía Nacional del Perú (PNP) logró capturar a algunos de los sujetos implicados en el secuestro de una empresaria de arroz en San Martín de Porres, un escenario legal podría beneficiar a los presuntos delincuentes. Según explicó el abogado penalista Cris Torres en entrevista con Exitosa, si la Fiscalía no consigue demostrar la flagrancia de los delitos, los detenidos podrían ser liberados. De acuerdo con el letrado, la legislación vigente establece altos requisitos de prueba para la detención preventiva, lo que complica la situación del Ministerio Público.
La flagrancia es una figura jurídica que permite la detención inmediata de un individuo en el momento de cometer un delito o inmediatamente después de que este haya ocurrido. Sin embargo, la aplicación de este concepto en casos como el de la ‘Reina del arroz’ plantea dificultades. Si bien el hecho de que la víctima haya sido liberada recientemente podría permitir que se considere la flagrancia, el secuestro se produjo hace varios días, lo que podría dificultar la detención de los delincuentes bajo esta figura legal.
El abogado penalista explicó que, si bien la liberación de la víctima ocurrió hace pocos días, la ley establece que el delito en sí se considera terminado con la liberación, lo cual plantea la interrogante de si los detenidos aún pueden ser considerados como responsables bajo la figura de flagrancia. Torres añadió que, dependiendo de la interpretación que se le dé al concepto, los fiscales podrían enfrentar serias dificultades en este caso.
Altos requisitos legales para su aplicación
La detención preliminar es una medida cautelar que permite que un acusado permanezca detenido mientras se realizan las investigaciones. Sin embargo, en la actualidad, el sistema legal exige que la Fiscalía reúna pruebas suficientes antes de solicitar una prisión preventiva. Esta normativa establece una “valla alta” para el Ministerio Público, lo que significa que, si no se cuentan con elementos de prueba contundentes, los detenidos podrían ser liberados.
En este contexto, el abogado Torres recalcó que la Fiscalía no solo debe determinar la flagrancia del delito, sino también reunir evidencias que justifiquen la prisión preventiva. La dificultad radica en que, si no se cuenta con pruebas que permitan formalizar la denuncia o que demuestren la gravedad del delito, los sospechosos podrían quedar en libertad. Esta situación, según el abogado, pone en evidencia una de las limitaciones de la legislación actual en casos de delitos graves como el secuestro.
Cabe mencionar que el Ministerio Público tiene un papel crucial no solo en determinar si existe flagrancia, sino también en investigar los hechos y atribuir los delitos correspondientes. El fiscal debe analizar las pruebas disponibles, determinar la tipificación de los delitos y realizar las acusaciones correspondientes.
El abogado penalista destacó que, si bien la Fiscalía podría estar recabando pruebas adicionales, como información de inteligencia o testimonios, el tiempo transcurrido desde la comisión del delito dificulta una solicitud de prisión preventiva.
Poder Judicial tiene la última palabra
Una vez que el Ministerio Público recaba los elementos necesarios, deberá presentar su solicitud de prisión preventiva ante el Poder Judicial. En este punto, el juez tendrá la última palabra para determinar si los detenidos permanecen en prisión o si deben ser liberados.
El abogado penalista señaló que, si la Fiscalía no cuenta con suficientes pruebas o si el juez considera que no se cumplen los requisitos para la prisión preventiva, los sospechosos podrían ser liberados.
La nueva normativa establece que, en casos de no flagrancia, la Fiscalía debe contar con elementos mucho más robustos para justificar la detención, lo que complica la labor del Ministerio Público, que ahora debe presentar pruebas mucho más detalladas y verificables antes de solicitar la prisión preventiva.
El abogado destacó la presión que enfrenta la Fiscalía para reunir pruebas suficientes para evitar la liberación de los detenidos. El tiempo transcurrido desde la comisión del secuestro y las dificultades inherentes a las investigaciones complejas pueden hacer que sea más difícil lograr una formalización adecuada de la denuncia y la posterior prisión preventiva.
