
Este jueves 20 de febrero, el Poder Judicial sentenció a cinco años de prisión con ejecución suspendida al consejero regional de La Libertad, Abner José Ávalos Villacorta, tras aceptar su culpabilidad en el delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado. La decisión judicial se tomó luego de que el funcionario se acogiera al mecanismo de terminación anticipada, lo que le permitió reducir su pena.
El caso se originó el 17 de febrero, cuando Ávalos Villacorta fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en Trujillo, tras ser sorprendido recibiendo una coima de S/ 5.000 de parte del empresario minero Carlos Duberlí Rojas García. La intervención se llevó a cabo en un operativo coordinado entre la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad.
Según la investigación, Ávalos Villacorta, en su calidad de presidente de la Comisión Ordinaria de Energía y Minas del Consejo Regional de La Libertad, solicitó dinero al empresario minero a cambio de beneficiarlo en una inspección programada para noviembre. Rojas García denunció el hecho ante las autoridades, lo que permitió organizar el operativo de captura. La PNP y la Fiscalía coordinaron la entrega del dinero, marcando y fotocopiando los 50 billetes de S/ 100 que posteriormente fueron encontrados en poder del consejero. La detención se produjo en la urbanización La Rinconada de Trujillo, cuando Ávalos recibió el dinero dentro del vehículo del empresario.
Sentencia e inhabilitación
El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, César Gustavo Espínola Carrillo, logró para el consejero regional una condena de cinco años de prisión, cuya ejecución quedará suspendida por cuatro años. Durante este tiempo, Ávalos deberá cumplir reglas de conducta impuestas por el Poder Judicial. Además de la pena privativa de libertad, el exfuncionario fue inhabilitado para ejercer cargos públicos o trabajar para el Estado durante el mismo período de la sentencia. También deberá pagar S/ 12.165,45 por 365 días-multa y una reparación civil de S/ 20.000 a favor del Estado.
Desde el Consejo Regional de La Libertad, se ha solicitado una investigación exhaustiva para determinar si otras personas están involucradas en el caso. Ávalos Villacorta, quien llegó al cargo tras postular con el movimiento regional Trabajo más Trabajo, renunció a dicho grupo político y se incorporó posteriormente a Podemos. Al momento de su detención, formaba parte de la mesa directiva del Consejo Regional, presidida por la consejera Tania Lorena Carranza Blas. El Código Penal del Perú, en su artículo 393, sanciona el cohecho pasivo impropio con penas de entre cuatro y ocho años de cárcel, además de inhabilitación y multas económicas. La terminación anticipada permitió a Ávalos Villacorta recibir una sentencia reducida dentro del mínimo legal establecido.
El Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar si existen más implicados en la red de corrupción. Según reportes oficiales, el empresario minero Carlos Duberlí Rojas García aportó pruebas como grabaciones de audio y video, donde se evidencia la negociación y la entrega del dinero al exconsejero. El Consejo Regional de La Libertad, compuesto por 16 consejeros, enfrenta ahora cuestionamientos sobre el control interno de sus miembros.
Perú entre los países más corruptos del mundo

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, publicado en febrero por Transparencia Internacional, ubicó a Perú en el puesto 127 de 180 países, con un puntaje de 31 sobre 100, el más bajo en los últimos años. La calificación ha caído drásticamente desde 2020, cuando el país tenía 38 puntos, reflejando un deterioro en la percepción de la corrupción en el sector público. La organización evalúa factores como sobornos, abuso de poder, desvío de fondos y transparencia gubernamental, utilizando datos de entidades como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.
El informe vincula el deterioro con los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte, resaltando los procesos judiciales en su contra. Castillo cumple prisión por rebelión y corrupción, mientras que Boluarte enfrenta una denuncia por cohecho en el caso ‘Rolexgate’. A nivel regional, Venezuela es el país más corrupto de América Latina, y Perú se encuentra entre los diez peores, superado por El Salvador, Bolivia y México.