A pocos días del paro convocado por la Alianza Nacional de Transportistas para el 6 de febrero en Lima y Callao, diversos gremios de transportistas formales han expresado su rechazo a la gestión del gobierno y han anunciado que, si no se toman acciones contundentes frente a la crisis de inseguridad que afecta a su sector, solicitarán la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Según los representantes de estos gremios, no ha mostrado el liderazgo necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores del transporte.
En entrevista con RPP, Héctor Vargas, presidente del directorio de la Coordinadora de las Empresas de Transporte de Lima y Callao, señaló que la falta de liderazgo de la presidenta Boluarte ha sido uno de los factores clave que ha llevado a los transportistas a considerar esta medida drástica. Vargas expresó que la mandataria no ha convocado a las autoridades correspondientes para enfrentar de manera conjunta la situación de inseguridad que afecta al sector.
“Nosotros consideramos que falta liderazgo de la presidenta de la república, ella no reúne a todos los entes que tienen que ver con el tema de la seguridad y decirles quién falla, quién no falla y, por lo menos, discutir y promover acciones”, subrayó.
Además, los gremios de transporte formal indicaron que las autoridades del Ministerio del Interior, encabezadas por Santiváñez, no han mostrado la capacidad para coordinar una respuesta efectiva ante la ola de violencia que ha cobrado la vida de numerosos transportistas en el Perú. “Nosotros estamos pensando en pedir la renuncia de la presidenta de la república, del ministro del interior, quienes son responsables de esto”, aseveró Vargas para el citado medio.
No se sumarán al paro
Mientras la Alianza Nacional de Transportistas avanza con su convocatoria a paro, algunos gremios de transporte formal han optado por no adherirse a la protesta. Tanto Vargas como Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, han manifestado su rechazo a la convocatoria, a la que consideran influenciada por sectores informales e ilegales del transporte.
Ojeda señaló que, si bien los transportistas comparten las preocupaciones sobre la inseguridad, no consideran que los convocantes del paro representen al sector formal. En palabras de Ojeda: “No vamos a participar con los ilegales. No son informales, son ilegales. El falso ‘chalequeo’ comenzó con ese tema, luego evolucionó a la extorsión”, indicó al mismo medio. Para él, la protesta convocada por estos sectores no tiene base en las verdaderas necesidades del transporte formal. En cambio, se ha convertido en una manifestación politizada, con intereses partidarios detrás de ella.
Por otro lado, Vargas también expresó su desacuerdo con la convocatoria de la Alianza Nacional de Transportistas, señalando que muchos de los convocantes pertenecen a grupos informales y ilegales, como el sector de los taxis colectivos.
“Nosotros combatimos la informalidad y quienes están convocando este paro son los sectores del taxi colectivo, informales e ilegales”, destacó Vargas. Sin embargo, a pesar de la negativa de estos gremios a participar en el paro, ambos han coincidido en criticar al gobierno por no tomar acciones más firmes contra la criminalidad.
La politización del paro
Por otro lado, Ojeda también criticó la postura política de algunos de los convocantes, como Julio Campos, quien, según Ojeda, tiene vinculación con el partido de Antauro Humala, lo que a su juicio deslegitima la protesta.
“Quien presume su posición pertenece a un partido violentista, como es el del señor Antauro Humala”, expresó Ojeda para el mencionado medio, y añadió que el gremio al que representa se opone a la participación de estos sectores en el paro.
A pesar de las diferencias entre los gremios de transporte, todos coinciden en la crítica al gobierno por no haber dado una respuesta efectiva a la ola de criminalidad que afecta al sector. En particular, se señala la inacción del Ministerio del Interior, cuyo titular, Juan José Santiváñez, ha sido duramente cuestionado por no brindar la atención debida a los casos de violencia.
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