Comprar buses GNV o eléctricos tendrá como garantía las rutas concesionadas

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aprobó recientemente el Plan Regulador de Rutas (PRR), una iniciativa que busca mejorar la eficiencia, sostenibilidad y formalización del sistema de transporte urbano. Esta medida permitiría a los operadores de transporte, por primera vez, adquirir buses a Gas Natural Vehicular (GNV) o eléctricos sin necesidad de un desembolso inicial, utilizando como garantía las rutas concesionadas por un periodo extendido, declaró el presidente de la ATU, David Hernández.

En el marco del PRR, las empresas de transporte gozarán de una estabilidad jurídica sin precedentes, ya que, en lugar de contar con autorizaciones de corto plazo, ahora estas tendrán una duración de cinco años. Según comentó el presidente de la ATU, en entrevista con la Agencia Andina, antes el título habilitante o autorización de ruta tenía una vigencia de seis meses o un año, lo que impedía a los transportistas hacer inversiones pues nada garantizaba que sigan trabajando. Con esta nueva regulación; las autorizaciones podrían ampliarse hasta catorce años si se incorporan tecnologías limpias en las flotas.

La introducción de mayor estabilidad y financiamiento transforma el panorama para los transportistas. Según Hernández, con estas condiciones, los transportistas van a poder pasar del vehículo pequeño al grande sin tener que desembolsar dinero sacado del bolsillo o empeñando casas o terrenos como lo hacían antes.

Además, se contemplará una reducción del número de rutas: de 396 actuales a 360 en un plazo estimado de dos meses. Este ajuste está diseñado para optimizar el uso de las vías, minimizar la superposición de trayectos y erradicar competencias desleales. Hernández señaló que, en la Avenida Canadá hay dos rutas de transporte público que se están fusionando porque sus trayectos se superponen, lo que evitará el ‘correteo’ por ganar pasajeros.

Uno de los problemas más críticos en el sistema de transporte de Lima y Callao es la informalidad, con 108.802 viajes durante horas punta ejecutados por vehículos no formalizados, lo que contribuye al caos y la congestión vehicular. Según datos del Plan de Movilidad Urbana (PMU), la velocidad promedio durante estas horas reduce significativamente, llegando a cifras tan bajas como 7 km/h en los peores casos. La meta del PRR es disminuir el número de vehículos en circulación de 22 mil a 17 mil, a través de incentivos para la formalización y mejores herramientas como buses con GPS, sistemas integrados de recaudo y conductores bajo planilla.

El PRR también fomenta la cooperación entre operadores para unificar rutas en zonas críticas como San Juan de Lurigancho y la Panamericana Norte. Estos cambios, según Hernández, fortalecerán estructuras más grandes y eficientes que, además de mejorar la calidad del servicio, brindarán estabilidad económica a los transportistas.

Otra propuesta del plan es estimular el uso de buses de tecnologías limpias, como unidades a GNV o eléctricas, en línea con los compromisos ambientales de la región. Para garantizar el éxito, el desarrollo de un Sistema de Recaudo Integrado facilitará el control de ingresos financieros y permitirá premiar la formalidad.

Desde su aprobación, el PRR ha sido recibido como un cambio importante en el desordenado sistema actual, que durante años ha carecido de políticas claras para asegurar un servicio de calidad. Hernández afirmó que el sistema de transporte se ha venido degradando por falta de políticas claras y decididas, dándole la espalda a los operadores.

El reglamento del PRR establece que las empresas de transporte tienen hasta el 28 de febrero de 2025 para solicitar las autorizaciones de sus rutas bajo el régimen excepcional definido en esta norma. Algunas condiciones incluyen la implementación de mecanismos como sistemas de pago sin contacto y la incorporación de sistemas de localización GPS en las unidades.