El escándalo por la presunta red de prostitución dentro del Congreso de la República del Perú ha trascendido las fronteras nacionales, al igual que la polémica decisión de prohibir el uso de minifaldas y shorts a las trabajadoras del Parlamento. La medida, implementada bajo la premisa de mantener el decoro y la formalidad, ha sido ampliamente criticada por diversos sectores. Una de las voces que se sumó al debate fue la de la periodista e influencer argentina Camila Valero, quien, a través de su cuenta de TikTok, cuestionó la normativa y la calificó como un intento de desviar la atención de problemas graves que afectan al Congreso.
Valero comentó que “lo que parece una regla de vestimenta un poco antigua, en realidad esconde algo mucho más grave”. Según explicó en su video, el foco debería estar en las investigaciones sobre presuntos delitos que involucran a miembros del Parlamento y no en imponer restricciones de vestimenta a las trabajadoras.
La mujer de prensa subrayó que la normativa de vestimenta podría perpetuar un “viejo cliché machista” al insinuar que la ropa de las mujeres es responsable de la violencia que sufren. “Prohibir minifaldas en medio de este conflicto es absurdo”, afirmó, destacando que el verdadero problema radica en la cultura de poder que desvía la atención de los hechos graves hacia cuestiones superficiales como el atuendo.
“El Congreso de Perú es uno de los lugares que la población menos confía con solamente un 8% de aprobación y cerró el 2024 prohibiendo usar minifaldas, que parece una medida un poco absurda en el medio de este conflicto entre trata sexual en sus propios pasillos”, manifestó la periodista.
“Lo que pasa en Perú me parece que puede extrapolarse a otros lugares, porque no es un problema de vestimenta, sino de que el poder desvía la atención de lo que importa”, concluyó la creadora de contenido.
Prohibición de minifaldas en el Congreso
La directiva temporal, instaurada para el verano de 2025, impide a las trabajadoras del Parlamento peruano vestir minifaldas, jeans o zapatillas, argumentando que dichas prendas no se ajustan a los estándares de formalidad requeridos.
De acuerdo con el comunicado, los días laborales regulares no exigirán el uso de saco y corbata, promoviendo así mayor confort para los trabajadores en las oficinas del Parlamento. Sin embargo, la Dirección General de Administración recordó que cualquier incumplimiento del código de vestimenta podría derivar en sanciones, conforme lo estipula el artículo 89, literal “W”, del Reglamento Interno de Trabajo.
Sin embargo, esta medida ha sido vista como una regulación retrógrada y fuera de contexto, particularmente en un momento en el que el Congreso enfrenta serias acusaciones relacionadas con una red de explotación sexual dentro de sus instalaciones.
Presunta red de prostitución
El asesinato en diciembre de 2024 de Andrea Vidal, una trabajadora parlamentaria de 28 años, destapó un entramado de presunta red de prostitución que vincularía a altos funcionarios del Congreso. De acuerdo con investigaciones publicadas en diversos medios, estas irregularidades involucrarían al exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Torres Saravia, quien habría liderado una red ilícita.
Según la investigación difundida por un programa periodístico de Willax, Torres Saravia se habría encargado de contratar mujeres, bajo la fachada de secretarias y asesoras, para que ejerzan la prostitución en el Parlamento.
Denuncia de violación contra congresista
Según informó Epicentro TV, una mujer de 31 años denunció e identificó como sospechosos al congresista José Jerí, del partido Somos Perú, y a Marco Antonio Cardoza Hurtado, empresario ferretero y tío político de la víctima. Ambos estuvieron presentes en una reunión de fin de año realizada en una casa alquilada por el parlamentario y otros amigos.
El caso, que ha generado un fuerte impacto, incluye la declaración de la denunciante, quien afirmó haber perdido el conocimiento tras compartir bebidas con Jerí y otros asistentes en dicho encuentro.
El examen médico legista confirmó la presencia de lesiones físicas en la denunciante, incluyendo equimosis en muslos y rodillas, así como raspaduras en un brazo. Según su testimonio, relacionó a José Jerí y a Marco Antonio Cardoza Hurtado con el ataque, mencionando que ambos tenían barba recortada, un detalle que coincide con lo que logró percibir durante el abuso. El caso actualmente se mantiene en investigación.
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