Un video publicado en la plataforma TikTok ha generado un intenso debate en redes sociales tras mostrar a una agente inmobiliaria promocionando terrenos ubicados en laderas de cerros en Lima. La publicación, que ha alcanzado más de 7 millones de vistas, expone las condiciones de estos lotes, desde su accesibilidad hasta su precio, y ha suscitado reacciones divididas entre los usuarios sobre la viabilidad y la seguridad de este tipo de proyectos inmobiliarios.
En el video viral publicado por la usuaria @dominga.cc, se observa a la agente inmobiliaria explicando las características de los terrenos, delimitados por líneas blancas que marcan los espacios asignados a cada lote. Estos lotes, que serían ofrecido por “Portal La Esperanza”, se venden a un precio de 5.000 soles por dos parcelas. A pesar de la empinada ubicación y las condiciones del terreno, que consisten en áreas de tierra y piedras, algunas familias ya habrían instalado casas prefabricadas en la zona.
El clip tiene casi 300 mil “me gusta” y más de 53 mil comentarios, muestra que el acceso a estos espacios de tierra y piedras, es posible únicamente a través de caminos que bordean los cerros, lo que refuerza las preocupaciones sobre la dificultad para transitar y la conexión con servicios básicos.
Usuarios reaccionan a video viral
Los comentarios de los usuarios en TikTok reflejan una mezcla de incredulidad y crítica hacia la oferta de los terrenos. “¿Portal Esperanza? La única esperanza es sobrevivir ahí”, comentó un usuario. Otros expresaron dudas sobre las condiciones de vida en la zona, destacando la falta de agua potable y alumbrado público: “¿Cómo tienen agua ahí?”, escribió uno, mientras otro ironizó diciendo: “El agua llega con sed”.
La precariedad del terreno generó comparaciones humorísticas con las Líneas de Nazca, así como serias reflexiones sobre los riesgos que implica habitar terrenos tan inclinados, lo que podría representar un peligro para las familias que decidan mudarse. “Los cerros deberían ser declarados intangibles... mal por las autoridades en permitir la venta de estos lugares”, opinó uno de los internautas.
El video también reavivó el debate sobre la regulación de la venta de terrenos. Algunos usuarios criticaron que se permita la lotización de cerros, señalando que estos deberían ser declarados intangibles para evitar riesgos a las familias. “Mal por las autoridades en permitir vender por estos lugares”, comentó un internauta, mientras otro afirmó: “Los cerros son de propiedad del Estado, nunca van a tener títulos de propiedad”.
Recuperan terrenos en siete regiones del país
En 2024, se logró un avance significativo en la recuperación de terrenos estatales en varias regiones del Perú. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), bajo la supervisión del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), informó sobre la recuperación de más de 2 millones de metros cuadrados (m²) de terrenos ocupados ilegalmente, mediante acciones tanto judiciales como extrajudiciales.
Los terrenos recuperados, distribuidos en 121 predios en siete regiones del país, buscan proteger el patrimonio estatal. Según la SBN, estas intervenciones son cruciales para garantizar que los bienes públicos se destinen a proyectos de interés nacional. Estas acciones están respaldadas por la Ley 30230, que permite al Estado actuar rápidamente contra las invasiones y el tráfico de terrenos.
Las regiones con mayor recuperación de terrenos fueron Ica con más de 800 mil m², seguida por Áncash con 547 mil 862 m², y Lima con 364 mil 162 m². Además, se recuperaron terrenos en Lambayeque, Piura, Arequipa y Tumbes, con áreas que varían en tamaño. Cada caso representa un esfuerzo concreto para frenar las ocupaciones ilegales que obstaculizan el desarrollo de proyectos sociales.
La recuperación extrajudicial de terrenos es una de las herramientas más efectivas empleadas por la SBN. Este mecanismo, respaldado por la Ley 30230, permite la actuación inmediata del Estado para salvaguardar los predios ocupados indebidamente. La entidad recordó que los delitos de usurpación y tráfico de terrenos estatales pueden ser sancionados con penas privativas de libertad de hasta 12 años, según lo establecido en el Código Penal.
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