El incremento de la inseguridad, extorsiones y casos de sicariato en Perú ha llevado a las autoridades a considerar medidas más severas para combatir estos delitos. Entre las propuestas que han surgido está la evaluación de la implementación de la pena de muerte para violadores y asesinos a sueldo, a pesar de las implicaciones legales que esto supondría debido a los acuerdos internacionales suscritos por el país.
En recientes declaraciones para Canal N, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez expresó su respaldo a la propuesta de debatir la pena de muerte para delitos graves, como violación sexual y sicariato. En declaraciones realizadas durante una visita a la región de Tumbes, el titular del Mininter indico que es una propuesta que ya se ha discutido previamente con otros ministros y que se evaluará en el próximo Consejo de Ministros.
Santiváñez sugirió que debe incluirse en esta medida capital a las personas que cometan sicariato. “Definitivamente avalo esta propuesta. Es necesario establecer un trabajo articulado entre todos los entes que están a cargo de la justicia. Desde el Ministerio del Interior podríamos incluir también la propuesta de aplicar penas más severas a los sicarios”.
Pacto internacional no permite pena de muerte
Sin embargo, la implementación de la pena de muerte en el país presenta obstáculos legales significativos. Perú es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, que limita la aplicación de esta medida en los Estados miembros. La presidenta reconoció esta situación, pero enfatizó la necesidad de analizar la conveniencia de continuar en el pacto.
“Como Estado peruano estamos suscritos a un pacto internacional que nos obliga a cumplir determinadas cuestiones y sobre todo a excluir en este caso estas penas que son tan graves. Yo creo que el Estado peruano, conjuntamente con el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, tiene que efectuar un análisis para que evaluar si nos resulta un conveniente la pertenencia o no al pacto”, explicó el ministro.
“Hay muchísimas cosas que nosotros tenemos que advertir y ver. Yo creo que existen delitos que definitivamente tienen que ser sancionados con las penas más severas”, agregó.
Corte Suprema anuló cadena perpetua
En ese sentido, el ministro del Interior recordó para un caso en el que un delincuente que cumplía cadena perpetua en el penal de Challapalca fue liberado tras la anulación de su sentencia por parte de la Corte Suprema.
Según Santivañez, esta decisión permitió que el sujeto reorganizara sus actividades delictivas en la capital, generando enfrentamientos con la policía y otras organizaciones criminales.
“Este delincuente, que ya estaba condenado a cadena perpetua, ha salido en libertad y está reorganizando sus huestes. La Corte Suprema anuló la sentencia, y ahora la policía enfrenta nuevamente esta amenaza en Lima”, señaló.
Realizan revisiones a la PNP en Tumbes
En medio del incremento de casos de violencia y sicariato en Tumbes, el Ministro del Interior anunció una serie de acciones que se realizaron en las dependencias policiales de la región. Además, confirmó una millonaria inversión para reforzar la lucha contra la migración ilegal.
“Estamos aquí para hacer una revisión de las estaciones policiales y reforzar la seguridad, no solo con logística, sino también con el mejoramiento de las instalaciones. Se ha asignado un presupuesto de 2 millones de soles para modernizar los nueve puestos de frontera en Tumbes. Estos deberán estar operativos en un plazo máximo de un mes, con equipos de última generación”, informó para el mismo medio.
Santiváñez también se refirió a la necesidad de fortalecer las comisarías de la región mediante la entrega de nuevos vehículos, motocicletas y personal adicional. En reunión con las juntas vecinales, se comprometió a entregar parte de esta logística antes del 30 de enero del 2025, con el fin de mejorar la capacidad operativa de la policía local y responder de manera más eficiente a las denuncias ciudadanas.
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