La bancada de Podemos Perú ha propuesto un impuesto a las personas jurídicas o grandes empresas que tengan un nivel de ventas anual superior a 2.300 UIT (unos S/11 millones 845000 para 2024), con el objetivo de “acortar las brechas en materia de seguridad ciudadana”.
El proyecto de ley 9658/2024-CR del legislador Darwin Espinoza aplica una tasa de impuesto del 0,5% a la utilidad neta anual obtenido en la declaración jurada anual del Impuesto a la renta (IR) de cada ejercicio, a efectos de determinar el impuesto a pagar.
Del mismo modo, encarga a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) la elaboración de una lista con estos grandes contribuyentes que pasarán a financiar parte de la lucha con el crimen en nuestro país.
Además, la propuesta legislativa aclara que el nuevo impuesto es independiente a la demás contemplada en la legislación tributaria, como el Impuesto general a las ventas (IGV) y el Impuesto selectivo al consumo (ISC), además del IR, entre otros.
“Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se aprobará el reglamento de la presente ley, dentro de los 90 días siguientes a su publicación”, señala el dispositivo, que se mantiene en la Comisión de Economía del Congreso.
Vale precisar que la propuesta del parlamentario Darwin Espinoza no cuenta con un cálculo del impacto fiscal que podría suponer la norma para el mercado.
Un impuesto sin norte y que atenta contra la inversión
Para el abogado Rafo Inurritegui, el proyecto de Espinoza “evidencia graves deficiencias de técnica legislativa y plantea serias preocupaciones sobre su viabilidad jurídica y económica”.
El especialista aclara que, si bien el artículo 74° de la Constitución permite al Congreso crear impuestos por ley, estos deben ser compatibles con los principios de legalidad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad.
“El proyecto adolece de una preocupante falta de claridad conceptual. No se define si es un “impuesto mínimo” complementario al IR o un tributo independiente, lo que genera incertidumbre jurídica”, destacó.
Inurritegui anticipa que, además, la propuesta establece que solo las grandes empresas serían sujetas pasivas del impuesto, lo que podría incentivar comportamientos de “enanización empresarial”, donde las compañías busquen reducir artificialmente sus ingresos declarados para evitar el pago de este tributo, impactando negativamente la recaudación fiscal proyectada.
Por ello, consideró que existe un “uso ambiguo del destino de los fondos” en la redacción de la norma, punes no precisa en qué se invertirán ni cómo se supervisará su uso. Con ello, se abre la puerta al manejo arbitrario de los recursos recaudados.
“Propuestas como esta, carentes de rigor técnico, no solo afectan la confianza empresarial sino que también desincentivan la inversión privada en un momento crítico para el desarrollo económico del país. Gravar de manera adicional a las empresas más productivas y dinámicas envía un mensaje negativo al sector privado, desincentivando el crecimiento y la formalización empresarial”, sentenció.
Ni la pobreza ni la inflación: la inseguridad es lo que más preocupará en 2025
La inseguridad ciudadana se perfila como la principal preocupación para los hogares en Perú en el año 2025, según un estudio reciente de la División Worldpanel de Kanta.
Este informe revela que un 78% de los encuestados considera la crisis de seguridad como su mayor inquietud para el próximo año, superando por primera vez en dos años al aumento de precios y la inflación como la principal preocupación de la ciudadanía.
dEl estudio de Kanta también destaca otras preocupaciones significativas para los peruanos. La economía familiar ocupa el tercer lugar en la lista de inquietudes, seguida por la salud y el estado físico, y la corrupción, que se sitúan en el cuarto y quinto puesto respectivamente. Estos temas reflejan las diversas áreas que afectan el bienestar de los hogares peruanos.
Además, el informe señala que la educación de los menores es una preocupación para el 33% de los encuestados, mientras que el 29% menciona las dificultades para cumplir con las deudas.
La crisis política y social, junto con las catástrofes naturales, preocupan al 28% de los hogares. Otros temas de inquietud incluyen la imposibilidad de adquirir productos de la canasta básica familiar y el temor a perder el empleo o no poder conseguir uno, ambos con un 27% de preocupación. La generación de mayores ingresos también es un tema relevante para el 23% de los encuestados.
Este cambio en las prioridades de los peruanos refleja un contexto social y económico complejo, donde la seguridad se ha convertido en un tema central para la población. La evolución de estas preocupaciones será crucial para entender las dinámicas sociales y políticas del país en los próximos años.
Más Noticias
Camión quedó atascado por enorme forado en pista de El Agustino
El conductor del vehículo de carga pesada señaló que se dirigía en dirección a Los Olivos cuando sufrió este incidente que paralizó el tránsito por unas horas
Transportistas anuncian el primer paro nacional de 2025 ante incesante ola de extorsiones: “Nos siguen matando”
Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, precisó que la manifestación se llevará a cabo en febrero y contará con la participación de otros sectores, como los bodegueros
Bono por lactancia de EsSalud 2025: Cómo solicitarlo, requisitos y condiciones para cobrar esta ayuda económica
El pago de este subsidio corresponde a 820 soles por cada bebé recién nacido. Sin embargo, existen plazos y requerimientos que se deben seguir para poder obtener la prestación
Valor de apertura del euro en Perú este 30 de enero de EUR a PEN
Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior
Las sanciones vigentes contra Juan Luis Cipriani confirmadas por El Vaticano tras acusaciones de pederastia
En 2019 se impuso sanciones disciplinarias al cardenal peruano, incluyendo su retiro, exilio de Perú y la prohibición de usar símbolos cardenalicios. Cipriani niega las acusaciones, pero la Santa Sede ratifica que el castigo sigue en vigor tras considerarlas creíbles, reveló un reporte del El País
