En Panamá, los exfuncionarios continuarán bajo vigilancia financiera reforzada incluso después de abandonar sus cargos, tras la publicación de una nueva guía integral en Gaceta Oficial que redefine el tratamiento de las Personas Expuestas Políticamente (PEP).
La normativa establece que estas personas mantendrán esa condición durante dos años después de dejar el puesto, lo que amplía el período de control y refuerza los mecanismos para prevenir el blanqueo de capitales y delitos financieros.
La medida, emitida por la Superintendencia de Sujetos No Financieros, busca fortalecer los controles en sectores fuera del sistema bancario, donde históricamente han existido vacíos en materia de supervisión.
Abogados, contadores, promotores inmobiliarios y comerciantes deberán ahora aplicar procesos más estrictos al momento de establecer relaciones comerciales con clientes considerados de alto riesgo, especialmente aquellos vinculados al poder público.
Aunque la figura de las Personas Expuestas Políticamente no es nueva en Panamá, la guía introduce cambios relevantes en su aplicación. Uno de los principales ajustes es la definición clara del período posterior al ejercicio del cargo, estableciendo un plazo concreto de dos años en el que se mantiene la condición de PEP.
Esto elimina ambigüedades y obliga a los sujetos obligados a mantener controles activos durante ese tiempo.
El concepto de PEP se refiere a individuos que ocupan o han ocupado funciones públicas relevantes, como ministros, diputados, magistrados o altos funcionarios.
El riesgo asociado no implica culpabilidad, sino la posibilidad de que estas posiciones sean utilizadas para facilitar operaciones irregulares o actos de corrupción, lo que justifica un tratamiento diferenciado en materia de control financiero.
Uno de los elementos más importantes de la normativa es que no se limita al funcionario, sino que amplía el análisis hacia su entorno cercano. Esto incluye a familiares, socios y colaboradores, quienes pueden ser utilizados como intermediarios para canalizar recursos o realizar transacciones.
Este enfoque amplía significativamente el alcance de la supervisión, al reconocer que el riesgo puede trasladarse a terceros.
La guía también refuerza el uso del enfoque basado en riesgo, obligando a las empresas a clasificar a sus clientes según su nivel de exposición.
Las relaciones con perfiles de alto riesgo deberán someterse a controles más rigurosos, incluyendo monitoreo constante y evaluación detallada de operaciones. Esto transforma el cumplimiento en un proceso dinámico, en lugar de una revisión puntual.
En ese contexto, se introduce una exigencia más clara de debida diligencia ampliada, que va más allá de verificar la identidad del cliente.
Las empresas deberán analizar el origen de los fondos, el perfil económico y la coherencia de las transacciones, lo que implica un conocimiento más profundo del cliente. Este cambio busca evitar que el sistema sea utilizado para legitimar recursos de origen ilícito.
Otro aspecto clave es que la condición de PEP no desaparece automáticamente al cumplirse el plazo de dos años, sino que puede extenderse si el análisis de riesgo lo justifica.
Esto introduce un criterio más flexible y técnico, alineado con estándares internacionales, donde el foco está en la exposición real al riesgo y no únicamente en el tiempo transcurrido.
La normativa también incrementa las obligaciones de documentación y trazabilidad, exigiendo a los sujetos obligados mantener registros detallados de sus evaluaciones y decisiones.
Esto permite que las autoridades puedan auditar los procesos, lo que eleva la presión sobre los sistemas internos de cumplimiento y reduce la discrecionalidad en la aplicación de controles.
Además, se amplía el alcance del control hacia sectores no financieros, lo que representa un cambio estructural en el sistema. Antes, la mayor responsabilidad recaía en los bancos, pero ahora se distribuye en todo el ecosistema económico.
Esto reduce los espacios donde podían canalizarse operaciones sospechosas y fortalece la capacidad de prevención.
En el fondo, la medida responde a la necesidad de anticipar riesgos en lugar de reaccionar ante delitos, fortaleciendo la prevención desde el inicio de las relaciones comerciales.
El objetivo es impedir que recursos ilícitos ingresen al sistema, mediante controles más estrictos y una mayor supervisión de perfiles sensibles.
Con esta actualización, Panamá busca consolidar un sistema más robusto y alineado con estándares internacionales, donde la transparencia y el control sean elementos centrales.
El reto ahora estará en la implementación efectiva de la normativa, ya que su impacto dependerá de la capacidad de los sectores obligados para aplicar estos controles sin afectar la dinámica de los negocios legítimos.
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