
El debate sobre el uso del celular en niños y adolescentes suele quedar atrapado entre dos posiciones extremas: la prohibición o la entrega temprana sin control. Mientras tanto, la evidencia científica avanza más rápido que nuestras decisiones. Hoy, sabemos que el celular impacta fuertemente en las infancias, la cuestión es preguntarnos qué estamos dispuestos a hacer como adultos para proteger a los más chicos.
Según datos de UNICEF y estudios regionales, el acceso a teléfonos inteligentes con conexión a Internet se produce cada vez a edades más tempranas en nuestro país; en general, antes de los 11 o 12 años, incluso en contextos de alta vulnerabilidad. El celular aparece como objeto de inclusión, de control parental o de pertenencia social. Sin embargo, también se convierte en una puerta de entrada a un ecosistema digital que no fue diseñado para que los niños accedan en soledad.
En cuanto a la adolescencia, los jóvenes transitan aulas atravesadas por notificaciones, recreos en silencio y noches de insomnio iluminadas por pantallas. Los efectos comienzan a ser visibles: aumento de la ansiedad, dificultades de atención, trastornos del sueño, conflictos vinculares y una exposición creciente al ciberacoso y a contenidos inapropiados. Las investigaciones internacionales advierten que el impacto es diferencial y más profundo en las mujeres, donde se intensifican los mandatos estéticos, la comparación permanente y la violencia simbólica en redes. Sin embargo, también hay estudios nacionales que señalan que los varones acceden a juegos en línea donde no solo arriesgan dinero, sino su salud física y mental.
Controlar el uso de pantallas no significa demonizar la tecnología ni desconocer su potencial educativo; implica reconocer que la infancia necesita mediación adulta, tiempos protegidos y límites claros. Es común que las familias entreguen un celular por miedo: miedo a que el hijo “quede afuera”, miedo a no poder localizarlo, miedo a no saber cómo acompañar. El problema no es la decisión individual, sino la ausencia de un acuerdo social que alivie esa presión.
Experiencias como las impulsadas por el movimiento Adolescencia Libre de Móviles en España muestran que cuando las familias acuerdan retrasar la entrega del smartphone, el cambio es posible. No se trata de copiar modelos, sino de pensar una respuesta situada: pactos escolares, acuerdos comunitarios, regulación del uso en las escuelas y alternativas tecnológicas más seguras para el contacto cotidiano.
La escuela ocupa un lugar estratégico en este debate porque es el espacio donde el uso del celular genera más tensiones. Por un lado, se puede enseñar el buen uso de las pantallas y a pensar críticamente el mundo digital. Pero, también, por otro lado, se puede prohibir tenerlo en mano durante toda la jornada como una decisión de cuidado y de derecho a aprender sin interrupciones. Y, sobre todo, como posibilidad de socialización con los pares, mandato fundamental de la institución escolar.
Las plataformas digitales operan sin fronteras, pero los daños son locales, concretos y cotidianos. Regular el acceso a redes sociales, exigir verificación real de edad y reconocer el uso problemático como una cuestión de salud pública son debates que no se pueden seguir postergando.
Mientras discutimos entre prohibir o soltar, los más chicos siguen expuestos a un mercado digital que no espera ni protege. Por lo tanto, controlar el uso del celular es asumir que cuidar también es decir “todavía no”; no se trata solo de vigilar que hacen en las pantallas, sino de proteger el tiempo, el cuerpo y el deseo de crecer sin apuro.
Educar en tiempos digitales evita moldear usuarios precoces y permite formar sujetos críticos capaces de esperar, de elegir y de aceptar límites. La infancia no necesita más pantallas, necesita más adultos dispuestos a asumir el costo de educarlos con el ejemplo cotidiano porque ningún algoritmo puede reemplazar la presencia, la palabra y los momentos compartidos.
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