La implementación del Código Procesal Penal Federal en la Ciudad de Buenos Aires, inicialmente prevista para agosto, fue postergada recientemente hasta el 10 de noviembre de este año. La decisión, formalizada mediante la Resolución 530/2025 del Ministerio de Justicia, no es menor: responde a advertencias de diversos actores, entre ellos, de la Procuración General de la Nación sobre la falta de “requisitos técnicos, operativos y de infraestructura edilicia mínimamente indispensables”. Si bien el Ministerio de Justicia viene impulsando adecuaciones y capacitaciones, la realidad demuestra que el camino hacia el sistema acusatorio está lleno de obstáculos.
La falta de acondicionamiento edilicio –con la necesidad de salas de audiencia y edificios para la coordinación del Ministerio Público Fiscal– y la gran cantidad de vacantes en el Poder Judicial y en el Ministerio Público son debilidades cruciales para su operatividad. Aunque el sistema acusatorio promete mayor celeridad, inmediación y publicidad, estas condiciones iniciales constituyen un freno evidente. La postergación de su implementación, que fue catalogada por la citada resolución como “excepcional e improrrogable”, busca un “plazo complementario” para intensificar las actividades preparatorias, pero el problema de fondo es la acumulación de deficiencias edilicias y tecnológicas que llevan décadas de atraso.
Más allá de lo material, el nuevo sistema presenta desafíos conceptuales. Con el rol protagónico del Ministerio Público Fiscal y la introducción de criterios de oportunidad, este actor pasa a tener un rol de gran importancia en la delimitación de la política criminal. Sin embargo, la condición vitalicia del Procurador General de la Nación que contempla nuestro sistema genera interrogantes sobre los contrapesos democráticos y los controles necesarios para evitar la discrecionalidad.
Otro punto sensible es la pérdida de la búsqueda objetiva de la verdad material. Al ser un sistema de partes, donde cada una construye su relato, existe el riesgo de que quienes tengan mayores recursos impongan su versión o accedan a soluciones alternativas inaccesibles para las víctimas con menor capacidad de negociación. Esto exige un control judicial riguroso que impida que el proceso se desvíe de la imparcialidad.
Finalmente, la adaptación jurisprudencial es vital. Para que el sistema acusatorio funcione plenamente, requiere una interpretación coherente y compatible por parte de los tribunales superiores, en especial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de evitar tensiones y entorpecimientos.
La postergación de la implementación del sistema acusatorio en la Ciudad de Buenos Aires es un claro síntoma de que, si bien la decisión política de avanzar está y es celebrada desde distintos sectores, la realidad impone la necesidad de abordar las debilidades estructurales con la misma contundencia que se busca la celeridad judicial. El éxito de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la ciudad de Buenos Aires dependerá de superar no solo las carencias materiales, sino también las complejidades de un cambio de paradigma profundo en el proceso penal.
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