El doble conforme condenatorio de la Cámara Federal de Casación Penal

La Cámara Federal de Casación Penal -C.F.C.P.-, lleva 33 años de existencia en la estructura del Poder Judicial Argentino, ha dictado alrededor de 150.000 sentencias (sumando resoluciones definitivas e interlocutorias) entre sus 4 Salas, a lo largo de su historia y constituye la máxima instancia federal penal del país.

Es el tribunal revisor, vía recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión, de las resoluciones en materia penal federal en todas las etapas del proceso, en la medida que las resoluciones recurridas sean sentencias definitivas o equiparables.

Los temas en los cuales interviene la Casación Federal básicamente son: narcotráfico, delitos contra la administración pública y aquellos cometidos por funcionarios públicos, trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, secuestro extorsivo, violencia de género, lesa humanidad, lavado de dinero, evasión fiscal y previsional , contrabando, estragos y tragedias, delitos contra el orden constitucional, delitos contra la seguridad pública , hechos criminales de gravedad institucional, terrorismo; entre otros.

Ello así, porque en la justicia federal, de la cual la Cámara Federal de Casación Penal es su máxima instancia de revisión, se encuentran las causas más relevantes de corrupción, por delitos tales como cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, pago de sobreprecios, incumplimiento de los deberes de funcionario público, evasión tributaria, defraudaciones al Estado, narcotráfico, asociación ilícita, crimen organizado, secuestro extorsivo, trata de personas, lavado de dinero, contrabando, lesa humanidad, extradiciones, medio ambiente, falsificación de moneda, delitos financieros, terrorismo, entre otros.

La C.F.C.P. revisa las decisiones dictadas por los siguientes tribunales :

• Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal;
• Cámaras Federales de apelaciones con asiento en las provincias;
• Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico;
• Tribunales Orales en lo Criminal Federal con asiento en la Capital Federal y en las provincias;
• Tribunales Orales en lo Penal Económico;
• Jueces nacionales en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal y jueces federales de primera instancia con asiento en las provincias.

La Cámara Federal de Casación Penal está compuesta por trece (13) miembros -actualmente son 10 -Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo, Carlos Mahiques, Juan Gemignani, Angela Ledesma, Gustavo Hornos, Alejandro Slokar y Mariano Borinsky-, pues hay 3 vacantes por la jubilación de los magistrados/as Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Ana Figueroa, y funciona dividida en cuatro (4) salas de tres (3) miembros cada una, ejerciendo la Presidencia del Tribunal el juez restante.

Actúa a nivel jurisdiccional dictando sentencias en cada una de las 4 salas. También a nivel de Súperintendencia, en decisiones administrativas (integraciones en los 77 Tribunales Orales Federales de todo el país por subrogancias, sumarios, designaciones de personal, etc) con los Presidentes de cada Sala y el Presidente de la Cámara.

Hoy en día hay una parte de la labor judicial se realiza en modo virtual (expediente y firma electrónica y/o digital, algunas audiencias por zoom) otras en forma presencial, especialmente en la post pandemia y luego de diversas Acordadas de la CSJN y la CFCP. Los Acuerdos de Superintendencias se vienen llevando a cabo en todo el país.

A su vez, el Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal integra como conjuez la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando hay recusaciones, excusaciones o vacancia en el Máximo Tribunal del país.

La Cámara Federal de Casacion Penal ya ostenta más de 30 años de existencia y 4 etapas en la designación de magistrados/as, tiene la sede en el Primer piso de Comodoro Py 2002 de la Ciudad de Buenos Aires, aunque revisa las causas por delitos federales cometidos en las 23 provincias de la República Argentina más CABA, por ello es la máxima instancia penal federal del país.

La CFCP es el superior jerárquico de los 12 Juzgados Federales, la Cámara Federal de Apelaciones (que cuenta con 2 Salas), 11 Juzgados Penal Económico, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico (que tiene 2 Salas), 77 Tribunales Orales Federales en todo el país y 3 Tribunales Orales Penal Económico.

La Cámara Federal de Casación Penal termina revisando la actuación a través de sus sentencias de más de 100 tribunales federales de justicia de todo el país.

La Cámara Federal de Casación Penal lleva adelante esa tarea de revisar las sentencias en últimas instancia de toda la justicia federal de todo del país a través de sus 4 Salas, de 3 integrantes cada una (que cuentan con vacantes, ocupadas interinamente por colegas subrogantes), mas 1 Presidente/a, a un promedio de 1.500/2.000 causas totales en trámite permanente de toda la cámara y dicta sus 4 Salas aproximadamente unas 7000/8000 sentencias/resoluciones anuales.

Además, la Presidencia de la Casación Federal es la administradora del consorcio de Comodoro Py 2002, que incluye cuestiones edilicias, de infraestructura, seguridad, administrar mas de 10 salas de audiencias, intendencia, alcaldía, administra el edificio de la calle Alsina, equipo interdisciplinario de psicológicos, psiquiatras, delegadas de ejecución penal, Dirección de Ejecución Penal, Biblioteca, Secretaría General, Oficina Judicial, Soporte Informatico, integra los tribunales orales por subrogancias de todo el país, representa al cuerpo en actos protocolares e interviene como conjuez en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por sorteo, en caso de excusaciones. La CFCP tiene superintendencia, sobre los tribunales orales, sobre el personal y cuestiones disciplinarias, entre otros. Enlaza con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Se aclara que el Congreso Nacional dispuso por la ley 24.050 la división del territorio nacional en diecisiete (17) distritos judiciales federales (jurisdicciones): Comodoro Rivadavia, General Roca, Bahía Blanca, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Resistencia, Corrientes, Posadas, Paraná, Rosario, Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, San Justo, La Plata y San Martín.

El rol de la Casacion Federal fue definido por la propia Corte Suprema en el fallo “Giroldi” (1995) hace 30 años, oportunidad en la cual se estableció que desde el punto de vista de las garantías del proceso penal, el recurso de casación (instrumento por excelencia de su tribunal homónimo) cumple acabadamente los compromisos asumidos en materia de derechos humanos por el Estado Nacional. La reforma constitucional de 1994 ha conferido jerarquía constitucional a varios Tratados internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone que toda persona inculpada de delito tiene derecho “de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. Este derecho es denominado por la doctrina como la garantía del “doble conforme judicial”, ello así pues dos sentencias asertivas en el mismo sentido cumplen con la manda constitucional referida que también fue calificada como “doble instancia”.

En esta línea de pensamiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el reciente fallo dictado el día 15 de octubre de 2024, en el marco de los autos nro. FSA 3165/2020/3/CS1, caratulados: “Chacón, Luis Gustavo s/ audiencia de sustanciación de impugnación, art. 362”, resolvió declarar de oficio la inconstitucionalidad del artículo 350 del Código Procesal Penal Federal (que dispone que los recursos interpuestos contra resoluciones definitivas o equiparables a tales emitidas por las cámaras federales de apelación debían ser resueltos directamente por el máximo tribunal). De esta forma, con dicho leading case, todas las resoluciones sobre prisión preventiva, inhibición de bienes, excarcelaciones, entre otras, que provengan de las Cámaras Federales de Apelaciones, deberán ser revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal por medio de alguna de sus 4 Salas.

La decisión adoptada por el alto tribunal guarda relación con la decisión Plenaria adoptada por la Cámara Federal de Casación Penal, el pasado 28 de mayo del corriente año, en los autos: “Ruiz, Roque y otro s/impugnación”, en la cual se resolvió que la Cámara Federal de Casación Penal ejerce la supremacía constitucional sobre todos los tribunales federales inferiores y Cámaras Federales de Apelaciones y que se encuentra habilitada para intervenir en la revisión de las sentencias definitivas y excarcelaciones, cuando esté involucrada una cuestión federal o arbitrariedad en la decisión impugnada

Todo ello en la búsqueda de un control judicial suficiente y una buena administración de justicia.

De la misma forma, en autos “Puliafito” (2019) Corte Suprema fijo posición jurisdiccional en el sistema judicial penal interno, a través de la “Casacion horizontal”, que significa que una Sala de Casacion revise la condena dictada en Casacion por otros magistrados diferentes de la propia casación. Es la forma de tornar operativo el bloque de constitucionalidad al permitir el acceso a la etapa revisora de la condena dictada en instancia casatoria, y de esta forma obtener un pronunciamiento en un plazo razonable. Al mismo tiempo, la doctrina del Máximo tribunal está en sintonía con el sancionado Código Procesal Penal Federal, que ya rige en gran parte del país (jurisdicciones de Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y próximamente, en Bahía Blanca y Mar del Plata), que implanta el sistema acusatorio y de esta forma logra un equilibrio en la distribución del poder entre juez y fiscal, mayor publicidad, transparencias e igualdad en la aplicación de la ley penal.

Para que respete el test de constitucionalidad, la condena dictada en segunda instancia debe ser controlada por otra Sala de la Cámara de Casacion que garantice la revisión amplia de la condena.

Esto significa que la Corte Suprema fijó que la Casación Federal revisará las condenas penales, de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional por medio de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a aquélla y el ordenamiento procesal penal federal vigente.